Más abusos con los peajes
A pesar de los sucesivos aumentos de tarifas en las vías rápidas, faltan obras, escasean controles y es alto el riesgo de accidentes.
Los últimos ajustes aplicados a las tarifas de peajes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en los accesos a la Capital, así como el que acaba de ser anunciado para las autopistas porteñas, han derivado ya en una serie de medidas impulsadas por organismos defensores de los derechos de los usuarios y por legisladores, tendientes a dar marcha atrás con este tipo de disposiciones que, con justicia, consideran abusivas y hasta ilegales.
La primera en autorizar y aplicar subas fue la provincia de Buenos Aires, al conceder que el costo de los peajes de las rutas 2 y 11, que conectan el Gran Buenos Aires con numerosos puntos de la costa atlántica, subieran un 25 por ciento.
Poco después, el gobierno nacional decidió aumentar la tarifa de los peajes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en el orden del 20%, medida que involucró a las autopistas Buenos Aires-La Plata y Riccheri, a los accesos Oeste y Norte (Panamericana) y al corredor vial 18 (rutas nacionales 12 y 14, que unen Zárate, en Buenos Aires, con Paso de los Libres, en Corrientes).
En los considerandos de las resoluciones oficiales se destaca que los ajustes se corresponden con los acuerdos de la renegociación contractual, que permiten trasladar las variaciones de precios que pudieran producirse en los costos relacionados con la operación, el mantenimiento y la inversión de la concesión.
En tanto, también comenzó a regir un incremento del 33% en el valor de los peajes internos de la autopista Buenos Aires-La Plata sólo para automóviles, para las horas pico, y dependiendo del sentido de circulación. Vale la pena detenerse en esta vía rápida que ya casi dejó de serlo, pues se encuentra colapsada a toda hora y es notoria la demora en la realización de obras como el vital tercer carril de circulación, entre Avellaneda y la llegada a La Plata.
Ante esa progresión de incrementos, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) exhortó a los gobiernos nacional y bonaerense, en principio, a suspender en forma inmediata esas medidas y convocar urgentemente a una audiencia pública vinculante en la que los interesados puedan expresar sus reclamos y propuestas en infraestructura vial y en cuanto a los métodos de financiamiento. Obviamente, entre esos interesados, el Conaduv privilegia la participación de los usuarios de autopistas, que son parte de los contratos de concesión y quienes financian el sistema de estas vías, que la mayoría de las veces se muestran carentes del más mínimo mantenimiento.
Desde el arco político las reacciones no se hicieron esperar. Un proyecto de resolución para, entre otras cosas, pedir al Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) que lo deje sin efecto, en virtud de que la empresa Coviares, a cargo de la concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata no ha cumplido con compromisos asumidos, a pesar del ciento por ciento de aumento en los valores de los peajes en los últimos cuatro meses, y un amparo ante la Justicia en el mismo sentido fueron algunas de las manifestaciones contrarias a la nueva y abusiva suba en esa vía rápida.
En el caso de la Capital, se estima que en julio aumentará otro 20% el precio de los peajes locales, que ya habían subido 30% en diciembre. Se trata de las autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo e Illia. Utilizarlas para entrar o salir de la ciudad pasaría a costar para entonces 10 pesos en hora pico.
Pero quizá lo más grave de la situación es que muchas de esas rutas a las que se les conceden nuevas subas de tarifas siguen siendo escenario de accidentes y muertes por el estado en que se encuentran. Hace apenas cuatro meses, desde estas columnas se hizo notar la desmesura de una decisión similar por parte del gobierno nacional, que aumentó los peajes de rutas nacionales y en los accesos a la Capital. Según los casos, esas alzas oscilaron entre el 20 y el 53,8%, siendo que, como se dijo, poco antes también habían aumentado los peajes porteños y bonaerenses.
Teniendo en cuenta que ese sistema ha estado siempre rodeado de fundadas sospechas, entre ellas, extensiones de plazos de contratos aun antes de finalizar los actuales y la falta de sanciones en casos en que no se cumplieron compromisos de realización de obras pendientes y de concreción de nuevas, se impone sincerar los objetivos de esos convenios para tomar las medidas que hagan falta a partir del conocimiento cabal de a quiénes han beneficiado y a quiénes perjudicado con su arbitraria aplicación en el país.
La primera en autorizar y aplicar subas fue la provincia de Buenos Aires, al conceder que el costo de los peajes de las rutas 2 y 11, que conectan el Gran Buenos Aires con numerosos puntos de la costa atlántica, subieran un 25 por ciento.
Poco después, el gobierno nacional decidió aumentar la tarifa de los peajes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en el orden del 20%, medida que involucró a las autopistas Buenos Aires-La Plata y Riccheri, a los accesos Oeste y Norte (Panamericana) y al corredor vial 18 (rutas nacionales 12 y 14, que unen Zárate, en Buenos Aires, con Paso de los Libres, en Corrientes).
En los considerandos de las resoluciones oficiales se destaca que los ajustes se corresponden con los acuerdos de la renegociación contractual, que permiten trasladar las variaciones de precios que pudieran producirse en los costos relacionados con la operación, el mantenimiento y la inversión de la concesión.
En tanto, también comenzó a regir un incremento del 33% en el valor de los peajes internos de la autopista Buenos Aires-La Plata sólo para automóviles, para las horas pico, y dependiendo del sentido de circulación. Vale la pena detenerse en esta vía rápida que ya casi dejó de serlo, pues se encuentra colapsada a toda hora y es notoria la demora en la realización de obras como el vital tercer carril de circulación, entre Avellaneda y la llegada a La Plata.
Ante esa progresión de incrementos, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) exhortó a los gobiernos nacional y bonaerense, en principio, a suspender en forma inmediata esas medidas y convocar urgentemente a una audiencia pública vinculante en la que los interesados puedan expresar sus reclamos y propuestas en infraestructura vial y en cuanto a los métodos de financiamiento. Obviamente, entre esos interesados, el Conaduv privilegia la participación de los usuarios de autopistas, que son parte de los contratos de concesión y quienes financian el sistema de estas vías, que la mayoría de las veces se muestran carentes del más mínimo mantenimiento.
Desde el arco político las reacciones no se hicieron esperar. Un proyecto de resolución para, entre otras cosas, pedir al Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) que lo deje sin efecto, en virtud de que la empresa Coviares, a cargo de la concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata no ha cumplido con compromisos asumidos, a pesar del ciento por ciento de aumento en los valores de los peajes en los últimos cuatro meses, y un amparo ante la Justicia en el mismo sentido fueron algunas de las manifestaciones contrarias a la nueva y abusiva suba en esa vía rápida.
En el caso de la Capital, se estima que en julio aumentará otro 20% el precio de los peajes locales, que ya habían subido 30% en diciembre. Se trata de las autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo e Illia. Utilizarlas para entrar o salir de la ciudad pasaría a costar para entonces 10 pesos en hora pico.
Pero quizá lo más grave de la situación es que muchas de esas rutas a las que se les conceden nuevas subas de tarifas siguen siendo escenario de accidentes y muertes por el estado en que se encuentran. Hace apenas cuatro meses, desde estas columnas se hizo notar la desmesura de una decisión similar por parte del gobierno nacional, que aumentó los peajes de rutas nacionales y en los accesos a la Capital. Según los casos, esas alzas oscilaron entre el 20 y el 53,8%, siendo que, como se dijo, poco antes también habían aumentado los peajes porteños y bonaerenses.
Teniendo en cuenta que ese sistema ha estado siempre rodeado de fundadas sospechas, entre ellas, extensiones de plazos de contratos aun antes de finalizar los actuales y la falta de sanciones en casos en que no se cumplieron compromisos de realización de obras pendientes y de concreción de nuevas, se impone sincerar los objetivos de esos convenios para tomar las medidas que hagan falta a partir del conocimiento cabal de a quiénes han beneficiado y a quiénes perjudicado con su arbitraria aplicación en el país.