¿Madres de Plaza de Mayo esconde datos al Estado?
Tanto la Asociación como la Fundación que preside Hebe de Bonafini no han cumplido con la normativa vigente y los plazos previstos por la Inspección General de Justicia (IGJ), por lo que el organismo está en condiciones técnicas de retirarles las personerías jurídicas.
Si la Asociación y la Fundación que preside Hebe de Bonafini, se quedara sin personería jurídica, las Madres no podrían operar con cuentas bancarias, ser titulares de inmuebles ni recibir subsidios. Por el contrario, las entidades deberían liquidarse y disolverse -vender sus activos y saldar sus deudas-, designándose liquidadores responsables sin vínculo previo con esas organizaciones.
En el caso de la asociación, el expediente abierto en la IGJ es el número 1663654, el legajo sólo registra un par de movimientos en 1999, por lo que la entidad incumplió con toda la normativa vigente y los plazos previstos por la IGJ. No presentó balances, tampoco acompañó la declaración jurada para el reempadronamiento, no cumplió con la normativa antilavado, ni comunicó los cambios de nombres en su comisión directiva.
Además, nunca informó con 15 días de anticipación la celebración de asambleas, como dispone la normativa.
Sólo por eso, la IGJ puede requerirle al Ministerio de Justicia que le retire su autorización para funcionar, "como pasa con cualquier entidad que no haya celebrado una asamblea ordinaria durante dos o más períodos", precisó una fuente del organismo oficial a LA NACION.
Por su parte, la Fundación -con el número de entidad 1757199- sí presentó algunos documentos, aunque fuera de los plazos establecidos y, varios de ellos, luego de que estallara el escándalo, en mayo de 2011, por el que además se encuentra vigente la inhibición general de sus bienes.