Luis Caputo retoma el ajuste de tarifas: el Gobierno analiza volver a aumentar los servicios públicos

Este mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, retomó el sendero de ajuste fiscal en servicios públicos luego de varios meses en los que pisó incrementos en busca de apuntalar la desaceleración de la inflación, principal objetivo del Gobierno de Javier Milei y con el que respaldan el andar de su hoja de ruta. Es en ese marco que el titular del Palacio de Hacienda analiza para los próximos meses el mejor “timing” para aplicar más incrementos en luz, gas, agua, transporte y combustibles.

La economía terminó el primer semestre con superávit fiscal por primera vez desde 2008, en el marco de algunas postergaciones en los pagos, pero fundamentalmente de la mano de la “motosierra” sobre el gasto e ingresos provenientes del comercio exterior. Si bien ese resultado se interrumpirá en julio en el plano financiero, seguirá positivo en el saldo primario, por tanto el “ajuste más grande de la historia” que suele festejar Milei no se detendrá. El mercado descarta que los objetivos asumidos con el FMI en esa materia se van a sobrecomplir nuevamente.

El momento elegido no es casual, ya que Caputo espera que julio haya sido el mes de menor inflación en lo que va del año. La estimación oficial es que finalizó en la zona del 3,7% mensual, esperan que esa dinámica continúe en agosto y se profundice en septiembre con la baja de 10 puntos porcentuales en el Impuesto PAIS, con la esperanza de que la variación del IPC arroje 1% mensual o menos. En contraste, la recesión no afloja y golpea la recaudación.

Esta semana se conocieron decisiones importantes en ese sentido. Se autorizó desde este mes un aumento del 4% promedio en las tarifas de energía luego de tres meses de congelamiento en transporte y distribución. Hubo una nueva postergación en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que igual subieron hasta 3% promedio en el país.

El 12 de agosto habrá un salto del 37% en los boletos de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se prepara una quita en los beneficios de la Red SUBE que reciben los bonaerenses. El Gobierno ya avisó a las empresas que habrá más subas en lo que resta del año.

La consultora Eco Go calculó que los incrementos de tarifas “pateados” hasta julio habrían sumado casi 4 puntos de inflación adicional. Una liberalización total habría implicado un salto de casi 9 puntos en el IPC del Indec, que acumuló casi 80% en los primeros siete meses.

En cuanto a los próximos aumentos en las boletas de luz y de gas natural por redes, en el Ministerio de Economía comentan que “se analizarán mes a mes”. Luis Caputo decidió habilitar un salto del 4% en los precios de los componentes de transporte y distribución de las tarifas, luego de tres meses de congelamiento. Pero también aplicó un alza de esa magnitud en el precio de la energía que pagan los usuarios, que es donde se canalizan los subsidios.

En el equipo económico saben que el porcentaje de alza no es “significativo”, pero lo importante es dar una señal de que las tarifas no seguirán retrasándose en términos reales. En los últimos meses se postergó esa decisión porque la estacionalidad, es decir, un mayor consumo invernal, tras la quita de subvenciones aplicada en junio, iban a implicar boletas muy abultadas.

Aumento acumulado sin subsidios

El Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet, estimó en su último informe que una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios recibió en julio una factura de gas natural 1.208% más alta que en diciembre, “debido al aumento de tarifas en abril y junio, además del consumo estacional por el pico invernal”.

A su vez, el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 249% y en energía eléctrica 229%, según el estudio. Los usuarios subvencionados no recibieron incrementos más benignos.

En ese marco, durante el primer semestre los subsidios a la energía que pagó el Estado sumaron el equivalente de USD 3.158 millones, según la consultora Economía y Energía. Eso implica un recorte del 46% interanual, es decir, un ahorro de USD 2.618 millones respecto a igual período del año previo. Buena parte de ese resultado tuvo que ver con menores precios internacionales y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que permitió sustituir importaciones.

“Si bien los subsidios al sector energético disminuyeron interanualmente un 46%, solo explican el 13% de la contracción total del gasto primario del Estado. Otro 3% tuvieron que ver con otras partidas, entre las que se encuentra transporte”, destacó Economía y Energía. Casi el 40% del recorte del gasto público tuvo que ver con las partidas sociales, entre ellas, jubilaciones y pensiones.

Otro incremento clave que definirá Economía es el del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos), que debería seguir la evolución del IPC, que tiene un impacto directo en los carburantes que se expenden en los surtidores. El Gobierno aplicó las subas correspondientes a 2021, 2022 y hasta el tercer trimestre de 2023, pero tiene pendiente el último trimestre del año pasado y el primer semestre del corriente.

En agosto volvió a postergarse su actualización. El impacto pendiente es de $175 por litro de nafta y de $112 por litro de gasoil. En julio, ese tributo permitió recaudar 461% más que el año pasado mientras que el combustible aumentó 135% promedio en lo que va del año.

Otro punto relevante que tendrá que definir Caputo es qué pasará con el boleto de trenes y, principalmente, de colectivos en el AMBA. En una reunión que mantuvieron el último viernes con los representantes de las líneas que operan en la región las autoridades de la Secretaría de Transporte, los funcionarios informaron que la suba de agosto será el inicio de un proceso gradual de ajuste, es decir, que los incrementos en el pasaje serán más frecuentes.

El último aumento en el boleto de colectivos había sido en febrero y, por la fórmula que autoriza al Gobierno a aplicar incrementos en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor, había una suba “pisada” de casi 80% que podía aplicarse sin necesidad de audiencia pública. Esta vez decidieron avanzar en un salto del 37% para recomponer parte del atraso que se generó en la tarifa durante los últimos meses.

El contraste con el éxito en la baja de la inflación y el ajuste fiscal está en la actividad económica. Los empresarios y analistas anticipan que la recuperación, si se materializa, será lenta a menos que se de una salida rápida del cepo que impulse las inversiones. Por el lado del consumo, el panorama no es alentador.