Luego de la deserción, la política tiene otra chance
*Por Mario Fiore. Durante un año los justicialistas mendocinos no hicieron nada por atajar la promoción industrial porque se acercaron a Cristina...
... para ganar las elecciones. Ahora, Pérez negocia en múltiples direcciones para salvar su pellejo y defender la economía local.
La lucha de Mendoza contra la extensión ad infinitum de los regímenes de promoción industrial que favorecen a las provincias vecinas fue, en los últimos tiempos, una pelea desigual y solitaria de un grupo de empresarios nucleados en la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael.
Era previsible que las distintas batallas judiciales fueran desfavorables para los mendocinos -en su conjunto- ya que lo que faltó detrás de estos empresarios sureños fue ni más ni menos que el resto de la provincia unida por conseguir el mismo objetivo. Hubo una deserción de la política, hecha por razones estrictamente políticas. Para entender esto, la oración anterior debería llevar primero la palabra "Política", escrita con mayúscula, y luego "políticas", con minúscula.
Como decíamos, las explicaciones de este aislamiento que padecieron los miembros de la Cámara de Comercio de San Rafael son enteramente políticas y, en ellas, lo que sobran son las excusas. Para ser claros: el Gobierno provincial, primero con Celso Jaque y en estos últimos meses con Francisco Pérez, prefirió patear para adelante cualquier negociación con el Gobierno nacional y las provincias vecinas porque lo que importaba, allá por 2011, era ganar las elecciones y porque lo que importó en estos primeros meses de este año, fue mejorar una relación con la Casa Rosada que venía de mal en peor en los tiempos de Jaque.
Moverse en sintonía con Cristina de Kirchner no es sencillo, lo sabe cualquier gobernador que esté en el lote de los ninguneados por la Casa Rosada. Pérez, que fue miembro del gabinete de Jaque y vio los enormes inconvenientes que éste tuvo, decidió iniciar un camino propio, tratando de agradar a la Presidenta y mostrarse lo más confiable posible.
Esperaba cosechar después gestos, entre ellos, que el conflicto por la promoción industrial quedara subsanado. Pero, como sabemos, la Corte Suprema de la Nación rechazó que un amparo, conseguido por la Cámara de Comercio sanrafaelina, continuara frenando el decreto presidencial que extendió la promoción industrial.
Las fotos de mayo y junio de 2010, cuando resurgió la pelea cuyana por el decreto 699 de la presidenta Cristina Fernández, mostraban a toda la clase política mendocina unida y a Jaque liderando la queja ante la Nación. Hubo una demanda de la Provincia ante la Corte Suprema y hubo acciones de los legisladores nacionales en las dos Cámaras del Congreso.
Pero luego los empresarios sanrafaelinos que llevaron hasta la última instancia judicial la puja por mantener suspendido el decreto de la Presidenta, quedaron solos, desguarnecidos. Jaque ya los había dejado aislados cuando decidió que la Provincia levantara la demanda ante la Nación porque alguien en la Casa Rosada le aseguró que siete departamentos de Mendoza serían sumados a la promoción.
Pero además, el Gobierno provincial no aportó nada en el expediente que abrieron en un juzgado federal los empresarios para pedir la inconstitucionalidad del decreto -sí lo hicieron las provincias promocionadas- lo que terminó dejando a la Cámara de Comercio sin legitimidad para poder arrogarse la representación de los sectores productivos de Mendoza.
A nadie debió sorprender ahora que la Corte nacional haya rechazado el pedido de los empresarios sanrafaelinos para que se mantenga la cautelar que frenaba el decreto. El Gobierno provincial estaba avisado de que esto sucedería, pero algunos de sus más encumbrados referentes prefirieron tirar la bronca a los sureños porque unos días antes de la Vendimia estos comunicaron que el fallo del Máximo Tribunal estaba casi listo.
A diferencia del Gobierno provincial, la municipalidad de San Rafael nunca se echó atrás en su pleito contra el Gobierno nacional en la causa por las "aguas claras" (fenómeno generado por la construcción de las represas hidroeléctricas). Los intendentes Vicente Russo, Ernesto Sanz y Omar Félix viajaron incansablemente a Buenos Aires y lograron que ante la Corte nacional el Poder Ejecutivo nacional planteara un resarcimiento en obras hídricas para el departamento.
Todo está escrito en papeles, aunque la importancia de estos sean relativos porque recordemos que no hay ni un peso invertido en el dique Portezuelo del Viento, esa obra que Néstor Kirchner ofreció como compensación a Mendoza cuando Julio Cobos levantó la demanda ¡por la promoción industrial!
Ahora, Mendoza no tiene paraguas judicial que la proteja. Sólo le queda recrear la política, ésa que se escribe con mayúsculas, para salir del laberinto por arriba.
Pérez tiene una sola bala para dos objetivos: deberá convencer a la Casa Rosada que no aplique el bendito decreto que prolonga la promoción industrial y hacer lo propio con las provincias vecinas con el argumento de encontrar una solución que integre a la región equitativamente. Su suerte como líder provincial se pone a prueba.
El Gobernador deberá demostrar su muñeca porque las negociaciones serán arduas y en varios sentidos. Por estas horas, Pérez ensaya ante el Gobierno nacional dos tácticas. La primera es recalcar, a quien lo atienda en la Rosada, que él es uno de los mejores soldados de la Presidenta y que por eso fue el tercer gobernador en intimar a la petrolera YPF por la falta de inversión (eso se lo dijo a Julio De Vido el miércoles, en una mini-cumbre de gobernadores).
La segunda es colgarse de la idea de "sintonía fina" que Cristina Fernández ha diseñado para explicar todos los ajustes que debe hacer su nueva administración. De este concepto saldrán las críticas a los regímenes de promoción industrial tal como los conocemos desde hace 33 años.
Recostándose sobre el respaldo político que él cree tener en la Nación, Pérez está urgido de negociar con sus pares de La Rioja, Catamarca y San Juan una propuesta de inclusión de Mendoza en la promoción como la que en su momento elaboró Jaque y quedó en la nada. Nuestros vecinos sólo están dispuestos a permitir que las zonas más postergadas como Lavalle o Santa Rosa tengan beneficios fiscales, pero no aceptan que accedan a la totalidad de las exenciones impositivas que La Rioja o San Juan tienen desde hace décadas.
Así, la Mendoza más pobre podría tener sólo los beneficios que el decreto 699/10 establece para los nuevos emprendimientos que, en rigor, son mucho menores.
De la suerte de la compleja estrategia de Pérez depende la suya como líder provincial y el destino de la economía mendocina.
La lucha de Mendoza contra la extensión ad infinitum de los regímenes de promoción industrial que favorecen a las provincias vecinas fue, en los últimos tiempos, una pelea desigual y solitaria de un grupo de empresarios nucleados en la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael.
Era previsible que las distintas batallas judiciales fueran desfavorables para los mendocinos -en su conjunto- ya que lo que faltó detrás de estos empresarios sureños fue ni más ni menos que el resto de la provincia unida por conseguir el mismo objetivo. Hubo una deserción de la política, hecha por razones estrictamente políticas. Para entender esto, la oración anterior debería llevar primero la palabra "Política", escrita con mayúscula, y luego "políticas", con minúscula.
Como decíamos, las explicaciones de este aislamiento que padecieron los miembros de la Cámara de Comercio de San Rafael son enteramente políticas y, en ellas, lo que sobran son las excusas. Para ser claros: el Gobierno provincial, primero con Celso Jaque y en estos últimos meses con Francisco Pérez, prefirió patear para adelante cualquier negociación con el Gobierno nacional y las provincias vecinas porque lo que importaba, allá por 2011, era ganar las elecciones y porque lo que importó en estos primeros meses de este año, fue mejorar una relación con la Casa Rosada que venía de mal en peor en los tiempos de Jaque.
Moverse en sintonía con Cristina de Kirchner no es sencillo, lo sabe cualquier gobernador que esté en el lote de los ninguneados por la Casa Rosada. Pérez, que fue miembro del gabinete de Jaque y vio los enormes inconvenientes que éste tuvo, decidió iniciar un camino propio, tratando de agradar a la Presidenta y mostrarse lo más confiable posible.
Esperaba cosechar después gestos, entre ellos, que el conflicto por la promoción industrial quedara subsanado. Pero, como sabemos, la Corte Suprema de la Nación rechazó que un amparo, conseguido por la Cámara de Comercio sanrafaelina, continuara frenando el decreto presidencial que extendió la promoción industrial.
Las fotos de mayo y junio de 2010, cuando resurgió la pelea cuyana por el decreto 699 de la presidenta Cristina Fernández, mostraban a toda la clase política mendocina unida y a Jaque liderando la queja ante la Nación. Hubo una demanda de la Provincia ante la Corte Suprema y hubo acciones de los legisladores nacionales en las dos Cámaras del Congreso.
Pero luego los empresarios sanrafaelinos que llevaron hasta la última instancia judicial la puja por mantener suspendido el decreto de la Presidenta, quedaron solos, desguarnecidos. Jaque ya los había dejado aislados cuando decidió que la Provincia levantara la demanda ante la Nación porque alguien en la Casa Rosada le aseguró que siete departamentos de Mendoza serían sumados a la promoción.
Pero además, el Gobierno provincial no aportó nada en el expediente que abrieron en un juzgado federal los empresarios para pedir la inconstitucionalidad del decreto -sí lo hicieron las provincias promocionadas- lo que terminó dejando a la Cámara de Comercio sin legitimidad para poder arrogarse la representación de los sectores productivos de Mendoza.
A nadie debió sorprender ahora que la Corte nacional haya rechazado el pedido de los empresarios sanrafaelinos para que se mantenga la cautelar que frenaba el decreto. El Gobierno provincial estaba avisado de que esto sucedería, pero algunos de sus más encumbrados referentes prefirieron tirar la bronca a los sureños porque unos días antes de la Vendimia estos comunicaron que el fallo del Máximo Tribunal estaba casi listo.
A diferencia del Gobierno provincial, la municipalidad de San Rafael nunca se echó atrás en su pleito contra el Gobierno nacional en la causa por las "aguas claras" (fenómeno generado por la construcción de las represas hidroeléctricas). Los intendentes Vicente Russo, Ernesto Sanz y Omar Félix viajaron incansablemente a Buenos Aires y lograron que ante la Corte nacional el Poder Ejecutivo nacional planteara un resarcimiento en obras hídricas para el departamento.
Todo está escrito en papeles, aunque la importancia de estos sean relativos porque recordemos que no hay ni un peso invertido en el dique Portezuelo del Viento, esa obra que Néstor Kirchner ofreció como compensación a Mendoza cuando Julio Cobos levantó la demanda ¡por la promoción industrial!
Ahora, Mendoza no tiene paraguas judicial que la proteja. Sólo le queda recrear la política, ésa que se escribe con mayúsculas, para salir del laberinto por arriba.
Pérez tiene una sola bala para dos objetivos: deberá convencer a la Casa Rosada que no aplique el bendito decreto que prolonga la promoción industrial y hacer lo propio con las provincias vecinas con el argumento de encontrar una solución que integre a la región equitativamente. Su suerte como líder provincial se pone a prueba.
El Gobernador deberá demostrar su muñeca porque las negociaciones serán arduas y en varios sentidos. Por estas horas, Pérez ensaya ante el Gobierno nacional dos tácticas. La primera es recalcar, a quien lo atienda en la Rosada, que él es uno de los mejores soldados de la Presidenta y que por eso fue el tercer gobernador en intimar a la petrolera YPF por la falta de inversión (eso se lo dijo a Julio De Vido el miércoles, en una mini-cumbre de gobernadores).
La segunda es colgarse de la idea de "sintonía fina" que Cristina Fernández ha diseñado para explicar todos los ajustes que debe hacer su nueva administración. De este concepto saldrán las críticas a los regímenes de promoción industrial tal como los conocemos desde hace 33 años.
Recostándose sobre el respaldo político que él cree tener en la Nación, Pérez está urgido de negociar con sus pares de La Rioja, Catamarca y San Juan una propuesta de inclusión de Mendoza en la promoción como la que en su momento elaboró Jaque y quedó en la nada. Nuestros vecinos sólo están dispuestos a permitir que las zonas más postergadas como Lavalle o Santa Rosa tengan beneficios fiscales, pero no aceptan que accedan a la totalidad de las exenciones impositivas que La Rioja o San Juan tienen desde hace décadas.
Así, la Mendoza más pobre podría tener sólo los beneficios que el decreto 699/10 establece para los nuevos emprendimientos que, en rigor, son mucho menores.
De la suerte de la compleja estrategia de Pérez depende la suya como líder provincial y el destino de la economía mendocina.