Luces amarillas
Cuando todo parece ir viento en popa, no sólo el gobierno nacional sino también las autoridades provinciales y municipales...
... dan por descontado que podrán gastar cada vez más para crear nuevas fuentes de trabajo poco exigentes y llevar a cabo las obras públicas que todos entienden son necesarias, pero, convencidos como suelen estar de que por fin el país cuenta con un "modelo" más dinámico que los anteriores, raramente toman la precaución de prepararse para enfrentar los años flacos que, por desgracia, tarde o temprano llegarán.
Es debido a esta propensión, que por cierto no se limita a nuestro país, que todos los procesos económicos son cíclicos. Sin embargo, si bien por razones comprensibles en todas partes los políticos prefieren demorar los ajustes hasta que ya no les quede más alternativa que la de reducir el gasto público, escasean los países en que la resistencia a hacerlo sea tan fuerte como en la Argentina, acaso porque durante décadas nos acostumbramos a la noción de que una de las diferencias entre las dictaduras militares y los gobiernos civiles era que a aquéllas les gustaba depauperar a la gente reduciendo sus ingresos mientras que a éstos les correspondía recompensarla por sus sacrificios privilegiando el consumo popular.
Además de suplicarle al gobierno nacional enviarles más fondos a cambio de su "lealtad" hacia el "proyecto" de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los encargados de las finanzas provinciales han tenido que aumentar la presión tributaria, lo que perjudica la actividad económica en jurisdicciones que ya están sufriendo los efectos del bloqueo comercial instrumentado por Guillermo Moreno que, al privar a empresas productivas de insumos imprescindibles, ha tenido un impacto fuerte en diversos sectores.
Por lo demás, los intentos de los gobiernos locales por ahorrar dinero atrasando al máximo la entrega de lo adeudado a los proveedores están ocasionando problemas en la cadena de pagos, lo que contribuye a la sensación cada vez más difundida de que está acercándose a su fin una etapa larga signada por el crecimiento que sólo se vio interrumpido por una recesión breve en el 2009.
Si bien muchos economistas aseguran que sólo se trata de una fase pasajera que se revertirá una vez concluidas las paritarias y que entren los dólares frescos procedentes de las exportaciones de soja, commodity cuyo precio ha subido mucho últimamente, los hay que no comparten su optimismo. Pueden señalar que ha sido tan notable el aumento del gasto público, que ha estado creciendo a casi el 40% anual, que procurar cubrirlo incrementando los impuestos resultaría contraproducente ya que serviría para deprimir aún más la actividad económica.
Pues bien, luego de un período prolongado de crecimiento económico espectacular, el país se encuentra en una fase de ralentización que amenaza con profundizarse y, como ha sido el caso en el pasado, los síntomas más alarmantes pueden detectarse en muchas partes del interior, donde la desaceleración se ha hecho visible al cerrar muchos negocios y encontrarse en dificultades el sector de la construcción, de ahí el aumento del índice de desempleo en ciudades como Mar del Plata, Salta, Tucumán y San Nicolás-Villa Constitución. Casi todos los gobiernos provinciales están procurando salir del brete emitiendo más deuda, pero si consiguen colocarla tienen que pagar tasas de interés leoninas ya que, por motivos evidentes, a juicio de los prestamistas internacionales la Argentina no merece mucha confianza cuando es cuestión de honrar las obligaciones de este tipo: conforme a una consultora privada, para llegar solventes a fin de año las provincias en su conjunto tendrán que conseguir aproximadamente 30.000 millones de pesos de las entidades financieras dispuestas a prestárselos.
También están demorando los gobiernos provinciales y municipales los pagos a los proveedores y, desde luego, congelando los salarios de los empleados públicos locales o abonándolos en cuotas, como sucede en Entre Ríos y Santa Cruz. Según algunos pesimistas, pronto reaparecerán las tan despreciadas "cuasimonedas" que circulaban cuando agonizaba la convertibilidad, aunque los voceros de los gobiernos provinciales insisten en que la situación tendría que agravarse mucho antes de que les resultara forzoso echar mano al expediente humillante así supuesto.
Es debido a esta propensión, que por cierto no se limita a nuestro país, que todos los procesos económicos son cíclicos. Sin embargo, si bien por razones comprensibles en todas partes los políticos prefieren demorar los ajustes hasta que ya no les quede más alternativa que la de reducir el gasto público, escasean los países en que la resistencia a hacerlo sea tan fuerte como en la Argentina, acaso porque durante décadas nos acostumbramos a la noción de que una de las diferencias entre las dictaduras militares y los gobiernos civiles era que a aquéllas les gustaba depauperar a la gente reduciendo sus ingresos mientras que a éstos les correspondía recompensarla por sus sacrificios privilegiando el consumo popular.
Además de suplicarle al gobierno nacional enviarles más fondos a cambio de su "lealtad" hacia el "proyecto" de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los encargados de las finanzas provinciales han tenido que aumentar la presión tributaria, lo que perjudica la actividad económica en jurisdicciones que ya están sufriendo los efectos del bloqueo comercial instrumentado por Guillermo Moreno que, al privar a empresas productivas de insumos imprescindibles, ha tenido un impacto fuerte en diversos sectores.
Por lo demás, los intentos de los gobiernos locales por ahorrar dinero atrasando al máximo la entrega de lo adeudado a los proveedores están ocasionando problemas en la cadena de pagos, lo que contribuye a la sensación cada vez más difundida de que está acercándose a su fin una etapa larga signada por el crecimiento que sólo se vio interrumpido por una recesión breve en el 2009.
Si bien muchos economistas aseguran que sólo se trata de una fase pasajera que se revertirá una vez concluidas las paritarias y que entren los dólares frescos procedentes de las exportaciones de soja, commodity cuyo precio ha subido mucho últimamente, los hay que no comparten su optimismo. Pueden señalar que ha sido tan notable el aumento del gasto público, que ha estado creciendo a casi el 40% anual, que procurar cubrirlo incrementando los impuestos resultaría contraproducente ya que serviría para deprimir aún más la actividad económica.
Pues bien, luego de un período prolongado de crecimiento económico espectacular, el país se encuentra en una fase de ralentización que amenaza con profundizarse y, como ha sido el caso en el pasado, los síntomas más alarmantes pueden detectarse en muchas partes del interior, donde la desaceleración se ha hecho visible al cerrar muchos negocios y encontrarse en dificultades el sector de la construcción, de ahí el aumento del índice de desempleo en ciudades como Mar del Plata, Salta, Tucumán y San Nicolás-Villa Constitución. Casi todos los gobiernos provinciales están procurando salir del brete emitiendo más deuda, pero si consiguen colocarla tienen que pagar tasas de interés leoninas ya que, por motivos evidentes, a juicio de los prestamistas internacionales la Argentina no merece mucha confianza cuando es cuestión de honrar las obligaciones de este tipo: conforme a una consultora privada, para llegar solventes a fin de año las provincias en su conjunto tendrán que conseguir aproximadamente 30.000 millones de pesos de las entidades financieras dispuestas a prestárselos.
También están demorando los gobiernos provinciales y municipales los pagos a los proveedores y, desde luego, congelando los salarios de los empleados públicos locales o abonándolos en cuotas, como sucede en Entre Ríos y Santa Cruz. Según algunos pesimistas, pronto reaparecerán las tan despreciadas "cuasimonedas" que circulaban cuando agonizaba la convertibilidad, aunque los voceros de los gobiernos provinciales insisten en que la situación tendría que agravarse mucho antes de que les resultara forzoso echar mano al expediente humillante así supuesto.