Los usuarios rehenes

En la agenda de asuntos irresueltos que dejará el Gobierno se destaca, con evidencia más enfática a medida que se aproxima el verano, el de los servicios públicos. Efectos de los plazos constitucionales: tras una transición de 9 meses, la gestión radical cesará en diciembre, cuando las deficiencias energéticas, con su impacto negativo en la provisión de agua, empiezan a hacerse más críticas por el incremento del consumo para refrigeración. El colapso del verano es crónico, pero ahora ha venido a sumarse el enfrentamiento entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la empresa distribuidora EDECAT. El conflicto quedó expuesto después de que el ENRE requiriera a la firma detalles sobre el plan de contingencia para afrontar el pico de consumo veraniego, luego de que se retiraran los generadores que el Gobierno alquilaba para reforzar la provisión. EDECAT, carente de plan de contingencia alguno, pidió a Obras Públicas que contrate nuevos equipos para generar 13 megavatios extra que se precisarían para  mantener la prestación en los niveles habituales de deficiencia, pero la respuesta fue decepcionante: la cartera recordó que la firma es la exclusiva responsable de garantizar el servicio, al margen de que, previa intervención, sus directores fueron designados por el Gobierno y recibe subsidios estatales. En criollo: que se las arregle como pueda.

La situación jurídica de EDECAT pretende utilizarse para abjurar de responsabilidades políticas. Como sostienen los responsables del área servicios de Obras Públicas, la empresa sigue siendo privada y, por lo tanto, el Estado no tiene ninguna obligación de hacerse cargo de sus carencias. Sin embargo, el Gobierno decidió hace tres años intervenirla y poner a cargo de su administración a tres directores que designó con el criterio exclusivo de su voluntad política. Esto implicaba, de hecho, hacerse con la prestación. Los interventores debían, teóricamente, ordenar la empresa concesionaria para garantizar una prestación que los propietarios privados, conforme a lo que se alegó para proceder a la intervención, no estaban en condiciones de asegurar. Tres años después de aquella polémica determinación, resulta innegable que la intervención ha fracasado en toda la línea. Lo admiten los propios funcionarios del Gobierno interventor, que ahora pretenden abjurar de ese fracaso político-empresario.

EDECAT presta un servicio lamentable y es privada. Pero quienes la administran fueron designados por el Gobierno. Los interventores dicen que no pueden prestar el servicio con eficacia sin los generadores cuyo alquiler pagaba el Estado; el Estado ha dejado de pagar estos generadores y dice que, en todo caso, es la empresa la que tendría que contratar el alquiler, cómoda postura que deja pendiente de respuesta una pregunta ineludible: ¿Para qué fue intervenida EDECAT? A la vuelta de tres años, reajustes tarifarios de por medio, está claro que la empresa continúa siendo inviable sin el auxilio del subsidio estatal, sea para pagar la generación extra, afrontar las deudas con la distribuidora mayorista CAMESSA, o las obras de infraestructura, o lo que sea. Mientras el Ministerio de Obras Públicas y EDECAT intercambian imputaciones y explican lo que a cada uno le compete para enriquecer la teoría jurídica, los usuarios son rehenes de sus diferendos. Padecen un servicio pésimo los consumidores comunes y la industria. Poco les importará a ellos saber de quién es la culpa. Lo que quieren es que les resuelvan el problema, objetivo central que los funcionarios subordinan a sus inconducentes debates y comentarios.