Los tiempos políticos y el rescate de Irrigación
La provincia de Mendoza se enfrenta al más urgente y complejo de sus desafíos. Y es vital: darse una estrategia, una política de Estado y hasta una verdadera cruzada histórica en la administración y preservación del agua cada vez más escasa.
Realmente es una cuestión de vida o muerte, como sociedad productiva, como existencia social: la disponibilidad de agua –para producción o para uso urbano– está colapsada en el Oasis Norte (donde mora el 70% de los habitantes y se genera el 65 o 70% del PBG).
En el resto de la provincia los oasis ya no tienen equilibrio de suministro y demanda y los acuíferos subterráneos están en su mayoría en claros desbalances. El futuro es magro, salvo que la sociedad asuma su responsabilidad.
La demora en actualizar la infraestructura del agua, la necesidad de readaptar la red de canales y las fincas al riego moderno y la imperiosa instalación del criterio de consumo por medición en las ciudades, marca el contorno macro de una gestión conjunta entre los gobiernos provinciales, los municipales, los regantes, los usuarios y, por cierto, la Superintendencia General de Irrigación, hoy en un tembladeral (con su titular suspendido para la investigación de un Jury y sus organismos de representación en escaso funcionamiento institucional).
No sólo derivamos todavía el 80% del agua escasa de nuestros ríos hacia los surcos del agro (por vetustos sistemas de riego de épocas coloniales), sino que padecemos en la administración del agua para uso urbano graves carencias de infraestructura y de manejo.
La falta de inversiones en la red de agua potable ya ocasionó la reestatización de Obras Sanitarias Mendoza, hoy llamada Aysam o Aguas Mendocinas, que cuenta con una infraestructura obsoleta e insuficiente. Eso y la falta de una conciencia real de preservación del agua, se traduce en una expresión: derroche, poniendo en riesgo el futuro de la vida productiva y social en la provincia.
En estos días, la ciudadanía en general, los productores y los consumidores en particular, asisten preocupados al cruce de informaciones y sospechas en torno al manejo del agua desde el Departamento General de Irrigación.
Y si hay algo en lo que la ciudadanía no puede dudar, es precisamente en la seriedad y ecuanimidad en la administración del agua escasa. Por eso la histórica construcción de la infraestructura legal e institucional de tamaña envergadura. Sus autoridades tienen mandato diferenciado del Ejecutivo y de la Legislatura, con aprobación del Senado y duración más extensa.
Hoy la seguridad que esa institucionalidad debiera dar está cuando menos sospechada. Por ende, poco se puede esperar que cambie en el año que le queda por delante a la gestión de su actual administrador en este clima de resquebrajamiento de la confiabilidad.
Esto sin tener en cuenta que la provincia no se ha dado una estrategia para la administración de este recurso imprescindible. Por eso, más allá de cómo se resuelva finalmente el Jury al superintendente, lo cierto es que la administración del agua está en una crisis política.
El nuevo gobierno provincial, encabezado por Francisco Pérez, deberá reconstruir urgente la política hídrica y las circunstancias le exigen el rescate rotundo de la confiabilidad en la máxima entidad de la administración del más sensible de sus recursos, el agua.
Irrigación no puede formar parte de las negociaciones de los botines políticos post elecciones y debe ser estrictamente devuelto a regantes y consumidores, secundados por el poder político, pero con el esencial fin de recomponer la institución y afrontar la política de Estado que se les reclama en la administración del agua escasa.