Los temores de Cristina por el caso Boudou

Cristina Kirchner avanzó varios pasos en la defensa de Amado Boudou . Ella dejó atrás la anterior protección implícita del vicepresidente para colocarse abiertamente como su escudo político. Lo volvió a subir al palco presidencial, lo ubicó a su lado, lo autorizó a dar reportajes en canales estigmatizados como enemigos y ordenó que lo socorrieran en el inmenso universo de medios oficialistas. ¿Qué instinto la empujó a esa peligrosa maniobra en amparo de un hombre cada vez más comprometido en la Justicia? ¿Acaso el temor de que se convierta en un arrepentido frente a los jueces y que comience a contar secretos que no deben ser contados? ¿Influyó la certeza de que jueces y fiscales derribarán el baluarte kirchnerista cuando haya caído la muralla que significa Boudou?

La Presidenta se ha olvidado hasta de Néstor Kirchner en su cerrada defensa de Boudou. El banquero Jorge Brito, al que el vicepresidente alude en off the record, pero no nombra, fue un empresario muy cercano al ex presidente. Un ex funcionario de Kirchner suele recordar que Brito y Ernesto Gutiérrez, otro empresario aludido y no nombrado, se movían con una inexplicable influencia en la residencia de Olivos mientras vivió Kirchner.

Una vez, ese ex funcionario, ya fuera del Gobierno, estaba sentado en una sala de la casona presidencial esperando que Kirchner lo recibiera. Los empresarios pasaron, lo vieron y fueron atentos con él. Le ofrecieron enviarle en el acto un café. El actual vapuleo a Brito podría formar parte del largo proceso de desnestorización de la administración. O podría ser, simplemente, un acto desesperado.

Boudou sólo nombra a Raúl Moneta, pero Moneta no está en condiciones físicas de oír ni de responder nada. Nunca se acreditó en el expediente judicial, por otro lado, que alguna empresa de Moneta haya transferido a The Old Fund la suma de 50 millones de pesos, que el empresario dijo que aportó. Los investigadores judiciales estuvieron siempre seguros de que Moneta les hizo un favor a Boudou y sus amigos cuando declaró que él puso ese dinero, que no podía salir de los vacíos bolsillos de los dueños reales o virtuales de The Old Fund. Boudou sabe que Moneta, que es el único que podría contar cómo fue todo, está definitivamente enfermo.

Tampoco existen comprobaciones de que el banco de Brito haya transferido fondos a The Old Fund. Hay constancias, en este caso, de que Brito les abrió cuentas bancarias a todos los involucrados en el caso Ciccone y que les envió como administrador a un funcionario experto de su banco, Máximo Lanusse. Lanusse terminó llevando la administración diaria de la ex Ciccone, según los testimonios coincidentes de los empleados.

Brito hizo algo que podría haber despertado la furia de Boudou y sus amigos: denunció ante la oficina antilavado, sobre el filo del plazo final, que The Old Fund ingresó en su banco fondos sospechosos por más de siete millones de pesos. Era el pago del gobierno de Formosa para que esa empresa, sin experiencia ni personal, lo ayudara a renegociar una deuda con el gobierno nacional. Un caso estrafalario. ¿Para qué necesitaría una provincia el asesoramiento de una empresa privada cuando negocia su deuda con el gobierno nacional? ¿Para qué, si el supuesto dueño de esa empresa era el ministro de Economía de la Nación, con quien la provincia debía resolver su deuda?

Demorarse en Brito y en Moneta significa, de algún modo, seguir la estrategia de Boudou. Colocar cien elefantes para que no se note que camina un elefante. Aun si aquellos dos empresarios hubieran invertido dinero en la aventura de Ciccone, ¿en qué cambiaría el núcleo central del conflicto, que fue la participación personal del entonces ministro de Economía en la compraventa de una empresa que fabricaba el dinero nacional? En nada. ¿Justificaría eso que su amigo de la infancia, José María Núñez Carmona, haya sido el "representante del Ministerio de Economía" en el seguimiento del trámite para regularizar la deuda de la imprenta con la AFIP, según declaró el ex funcionario de la agencia impositiva, Rafael Resnick Brenner? Núñez Carmona nunca tuvo ningún cargo en la cartera económica. Es socio de Boudou y se hizo cargo, junto con Alejandro Vandenbroele, de la ex Ciccone. Esos, entre otros muchos, son los datos que acusan a Boudou, que contó, sin duda, con la ayuda de algunos empresarios.

La mentira es la segunda estrategia del vicepresidente. Boudou se vio obligado a blanquear un encuentro con el yerno de uno de los Ciccone, Guillermo Reinwick, luego de haber asegurado que no lo conocía. Reinwick había adelantado que presentaría a un testigo de ese encuentro que se realizó en uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires, el del Palacio Duhau. El testigo es el empresario de la salud Claudio Belocopitt. Boudou habló de un encuentro casual del que también participó Núñez Carmona. Menem hablaba de la "casualidad permanente" para justificar sus zafarranchos. Boudou, también. ¿El vicepresidente de la Nación entró a almorzar solo a un restaurante, se encontró con una mesa de conocidos y se sentó a comer con ellos? Casi imposible.

Otra afirmación falsa de Boudou fue que el plan de pagos de la AFIP para salvar a la ex Ciccone surgió de ese organismo y que él, como ministro de Economía, no podía resolver ningún problema impositivo de ninguna empresa. Axel Kicillof lo desmintió cuando intentó ayudarlo. Dijo que él también impediría como ministro la quiebra de una empresa acosada por deudas impositivas. El ministro puede, entonces. La actitud de Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP, es sugestiva en el caso. Desestimó con su puño y letra, según destacó el juez Ariel Lijo, el plan de privilegio para la ex Ciccone y la colocó en un plan común de regularizaciones de deudas. Este es un indicio que podría salvar a los Kirchner. Echegaray no hubiera hecho nunca nada en contra de los intereses del matrimonio gobernante. ¿Intuyó que Boudou se movía solo? ¿Nadie le advirtió nada? Echegaray nunca habló de eso.

Fuentes oficiales aseguraron que la Presidenta está convencida de que el caso Boudou podría arrastrarla a ella también. Tal vez se refiere a una reacción previsible en el fuero federal. Muchos jueces, salvo algunas excepciones, seguirán el camino marcado por Lijo. Cristina Kirchner no figura en el caso Ciccone, pero la Cámara Federal ordenó hace poco que se la investigue por la firma del acuerdo con la petrolera Chevron. Es el único caso en el que la Presidenta está personalmente involucrada, aunque es una denuncia que se debatirá largamente en las distintas instancias de la Justicia. Se trató de una decisión política, buena o mala. ¿Es judiciable? Sobre eso se discutirá en la Justicia. Su nombre podría aparecer también en la causa que investiga el trasiego de dinero de Lázaro Báez, el entrañable amigo de los Kirchner, pero eso no sucedió todavía.

Tal como están las cosas hasta ahora, el juez Lijo dictará el procesamiento del vicepresidente en tiempos más o menos cortos. A su lado esperan, no obstante, nuevas y duras operaciones del oficialismo contra él. Destituirlo a Lijo sigue siendo una prioridad del Gobierno. ¿Dejarán los otros jueces que Lijo se convierta en el héroe de la independencia judicial? ¿Permitirán que aparezca como el único magistrado dispuesto a hacerle frente a la corrupción en un país asolado por la corrupción pública y privada? Otro juez federal, Claudio Bonadio, estaría preparando una nueva citación a indagatoria de Boudou por falsificación de documentos en la compra de un auto. Es sólo un caso. Ése es el temor de Cristina. El escándalo de Boudou podría terminar con un campeonato entre jueces para cazar funcionarios sin esperanzas ni destino.