Los sucesores de Nisman podrían no cobrar los dos seguros de vida del fiscal

Una nueva arista se abre en el caso Nisman, referida a las consecuencias económicas que podrían afectar a los sucesores del fiscal. La jueza Federal Sandra Arroyo Salgado puso el acento sobre este tema a partir de que echó luz sobre los posibles vínculos económicos que existieron entre el fallecido fiscal y su técnico informático Diego Lagomarsino, imputado en la causa por haberle facilitado a Nisman el arma que dio fin a su vida.

Según la resolución que tenga el caso, las consecuencias económicas pueden ser muy diversas para sus sucesores, dado que trascendió que Nisman tendría por lo menos dos pólizas: una del Banco Provincia, que cubre a todos los empleados del Ministerio Público Fiscal, y otra privada de la aseguradora Swiss Medical Group (aunque no se descarta la existencia de otras empresas extranjeras a las que el fiscal podría haber solicitado cobertura).

Ahora bien, el conflicto surge al momento de definir cómo estará caratulada la causa. En caso de que continúe como hasta el momento, "muerte dudosa", las prestadoras se verán obligadas a pagar la suma millonaria que aseguraba al fiscal. Pero si derivara hacia la conclusión de que fue un suicidio, los pagos podrían no realizarse.

Una tercera posibilidad es que la causa tomara el cariz de "magnicidio", tal como denunció Arroyo Salgado. En este caso, podría abrirse la posibilidad de una demanda millonaria en contra del Estado argentino, ya que éste debía garantizar la seguridad del fiscal por sus vínculos con la causa AMIA.

Para que los pagos sean llevados a cabo, deben iniciarse los trámites antes de transcurrido un año de la muerte del asegurado. Por este motivo, la ex mujer del fiscal ya comenzó las solicitudes de cobro de las pólizas. Al mismo tiempo, gestionó los pagos adeudados por vacaciones que no figuraban como tales en el registro del Ministerio Público, específicamente los viajes a Cancún y a Europa que son de público conocimiento a partir de la investigación por la muerte del fiscal.

Sólo en caso de que se demuestre que la muerte ocurrió por un suicidio (es decir, por muerte autoinfligida) las empresas podrían negarse a abonar los seguros del fiscal, según explican abogados especialistas en el tema.