Los proyectos de perpetuación en el poder
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, la presidente Cristina Fernández de Kirchner desautorizó a los sectores del oficialismo que propiciaban una reforma constitucional para autorizar la reelección de la Presidente por un tercer período y afirmó, incluso, que todavía no es candidata a las próximas elecciones.
Las afirmaciones presidenciales fueron una respuesta a la inquietud que causan, en gran parte del arco político –incluyendo una parte del oficialismo– las propuestas de re reelección que impulsan sectores allegados a Cristina Kirchner.
El proyecto de reforma fue expuesto por la diputada Diana Conti, quien proclamó la necesidad de una "Cristina eterna", lo cual, en términos políticos, implicaría la reelección indefinida de la Presidente. Esta posibilidad rige en varios sistemas dictatoriales, como alguno que acaba de colapsar en Africa, pero también, para el cargo de gobernador, en provincias argentinas como la de Santa Cruz, Formosa y Catamarca, y, en estos momentos intentan impulsarla los gobernadores kirchneristas de San Juan y Tucumán.
Si bien, como se dijo, la Presidente desautorizó formalmente los planes de sus seguidores en una ocasión de tanta relevancia como la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el peligro de la perpetuación sigue vigente por, al menos, dos motivos.
En primer lugar, porque la petición de una "Cristina eterna" no fue una expresión circunstancial, sino la explicitación pública de un plan que se estudia, desde hace tiempo, en el círculo político más íntimo de la Presidenta. La declaración de la diputada Conti puede haber sido tanto un descuido verbal causado por una exaltada obsecuencia, como un globo de ensayo lanzado a la arena de la política y de la opinión pública.
De hecho, todo el armado político del kirchnerismo, desde las colectoras a la anticipación de elecciones provinciales apunta a obtener una mayoría parlamentaria que le permita lanzar un proyecto de reforma constitucional. Y, como signo elocuente, más allá de la desautorización presidencial, no hubo en el oficialismo ninguna manifestación de rechazo clara a la posibilidad de buscar una reelección indefinida.
En segundo término, porque la fragmentación de la oposición y del propio oficialismo, facilita los planes de un grupo ultra oficialista caracterizado por su avidez de poder y por su escaso apego a las normas que surgen del orden institucional y que, además, utiliza sin reparos el aparato del Estado para sus fines político partidarios.
Sin embargo, la reacción de la oposición, de sectores del oficialismo y de la ciudadanía ante las pretensiones de perpetuación en el poder indican que no hay lugar para una opción política que atacaría el corazón del sistema republicano. Este establece, además de la división de poderes, la renovación de las autoridades, para evitar el abuso de los gobernantes y para promover la participación de los diferentes sectores de opinión en la orientación y gestión del Estado. La concentración de poderes, como la que se produce habitualmente con los avances del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, o las diferentes formas de perpetuación en cargos electivos, en cualquiera de los niveles de gobierno, provocan el deterioro de la democracia y facilitan el uso abusivo del Estado y la corrupción.
Es necesario por lo tanto que el Gobierno y el oficialismo dejen claro, más allá de toda duda, su renuncia a los proyectos de reforma constitucional y reelección indefinida.
Si bien la Presidente desestimó el proyecto de un sector oficialista para promover su reelección indefinida, esa iniciativa está en estudio desde hace tiempo y nada indica que se haya replegado. Una opción de esa naturaleza, que sólo existe en regímenes dictatoriales, afecta las bases del sistema republicano que establece la división de poderes y renovación de autoridades para evitar abusos de poder.