Los problemas de Alperovich

La violencia política reapareció en Tucumán de la mano de una ocupación ilegal de tierras. El escenario preelectoral no había registrado episodios de tensión hasta hace algunos meses. La experiencia jujeña con su secuela de muertes y de caos politico desprestigió al gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo y encendió las alarmas en la Casa de Gobierno.

La disputa política se había desatado en Tucumán por la pelea entre dirigentes de segunda línea que responden a legisladores afines al Gobierno. ¿Qué los enfrentó? El dominio de los territorios electorales situados en los suburbios de esta ciudad. Territorio es sinónimo de mando sobre un cupo de votantes que depende de la asistencia estatal.

¿Qué los impulsó? La búsqueda de votantes por cualquier medio, sin respetar los feudos preestablecidos. Había muerto una forma de repartir el poder interno en el peronismo. Empezaba una era de lucha canibalesca, cuyo fin es aún imprevisible.

Ante los primeros incidentes, el gobernador José Alperovich debió reclamar públicamente el cese de los escarceos. Se trataba del preludio de la guerra de los acoples en el mundo oficialista. Los balazos salieron de la escena. pero las fricciones se actualizan con otros ropajes.

Hugo Balceda, legislador oficialista que pretende ser reelecto por la sección electoral del oeste, denunció durante la semana pasada, ante el destacamento policial de la Cámara, que había recibido mensajes intimidatorios en sus celulares.

Balceda adquirió notoriedad por haber alertado a la sociedad acerca del auge del tráfico de drogas en la Costanera y otras partes de la provincia, actitud que provocó fastidio en las filas del propio Gobierno. El legislador forma parte del armado político de Rolando Alfaro, que está acoplado al alperovichismo, y que compite con la lista oficialista del senador Sergio Mansilla, en la dura puja electoral del oeste.

La rotura de afiches de los postulantes a intendentes del partido Todos por Tucumán en Tafí Viejo, Las Talitas y Yerba Buena descubre otra faceta de la lucha por los espacios dentro de la carpa oficialista. Ese partido, que reconoce la inspiración del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, adhiere a la re-reelección de Alperovich.

Las operaciones de hostigamiento de baja intensidad están en curso. Nadie puede predecir si se desactivarán en las tres próximas semanas.

Condimento indeseado

El desalojo del viernes pasado en Villa 9 de Julio repuso a la violencia en primer plano. Alperovich responsabilizó a los punteros políticos por el ingreso a una propiedad privada, pero la única organización política dominante en esa zona de la ciudad es el peronismo. Y el máximo jefe de todos los acoples es Alperovich.

Los nombres de las legisladoras alperovichistas Carolina Vargas Aignasse y Mirta Gutiérrez aparecen citados por los grupos ocupantes del predio, según las actuaciones policiales, como también el de la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba. Vargas Aignasse y Córdoba le negaron a LA GACETA el papel de instigadoras de la toma,

Observadores del peronismo, sin embargo, advierten que Gerónimo Vargas Aignasse (a la que está ligada Gutiérrez) y su prima Carolina rivalizan por la hegemonía en esa zona de la capital.

El primero pugna por volver a la Legislatura, en tanto que la segunda va por su reelección. Admiten también que la diputada Córdoba no tiene predicamento allí.

El gobernador habló de expropiación del predio para descomprimir el ambiente. De miopes y necios, calificó el funcionario Gustavo Usandivaras a los oficialistas que capitanean las apropiaciones.

Nadie quiere aparecer apañando ese tipo de operaciones en tiempos electorales. Mucho menos, el Gobierno.

Sin embargo, Ramón Gálvez, de la familia propietaria. no tiene pelos en la lengua para definir el problema. Esto es por culpa de los políticos corruptos que tenemos en Tucumán, se despachó.

La desocupación ocurrió por orden judicial, aun cuando algunos políticos oficialistas hubieran deseado que no se precipitara la intervención de la Policía. La negociación es el terreno que prefieren, pero el propietario quiso recuperar la libre disponibilidad del inmueble y usó de los mecanismos previstos por el estado de derecho.

Sin embargo, es una práctica usual en la política tucumana que, de tanto en tanto, se practiquen tomas ilegales de terrenos privados, para forzar el pago de sumas de dinero a cambio de la desocupación.

Es una extorsión, reconocen en el submundo de la política. ¿Adónde va a parar el dinero? A los instigadores públicos u ocultos, contestó la fuente que conoce de esos entretelones. La expropiación no puede transformarse en la herramienta que disimule fallas en la política estatal.

Por lo demás, se hace notorio el desequilibrio entre la demanda de viviendas y la oferta del Gobierno para sectores de muy bajos recursos. Un déficit que Alperovich hereda de sus ocho años continuados de gestión, aun cuando haya regularizado 20.000 casos, como afirmó Usandivaras. Las mayores complicaciones políticas del alperovichismo se gestan en sus entrañas.

La primera escala

Dentro de siete días, los tucumanos votarán en las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO). La expectativa de una mayor participación se vive dentro de la UCR. donde se oficializaron seis listas de precandidatos a diputados. La puja entre ellas alentará una concurrencia a las urnas que terminará fortaleciendo el binomio Ricardo Alfonsín-Javier González Fraga, que incluyó a Tucumán en su agenda precompetitiva. Ambos, en efecto, se dieron tiempo para exponer su propuesta.

Por el lado del gobierno alperovichista, no se esperan grandes movimientos de punteros y jerarcas partidarios más encumbrados. Reina una posición conservadora porque la marcha del proceso electoral les abre algunas incógnitas.

La prioridad inamovible es la elección provincial del 28 de agosto, mientras se otea octubre con ojo cauteloso. Un eventual bajo aporte de sufragios para la fórmula Cristina Fernández-Amado Boudou se justificaría en la apatía cívica que despierta una contienda de perfil atípico.