Los nuevos exiliados

Poco a poco la creciente inseguridad fuerza a los argentinos que pueden hacerlo a abandonar el país y a buscar en el exterior lo que no encuentran aquí: la perdida sensación de hallarse a salvo de morir en un asalto, de ser secuestrado, robado o violado. Y quienes no están en condiciones de emprender ese exilio lo fantasean.

La meca del exterior como refugio contra la inseguridad aparece en conversaciones y también en declaraciones de familiares de víctimas que han quedado marcados por el infierno que les tocó padecer.

La Argentina se ha vuelto zona de alto riesgo no sólo por la delincuencia, sino también por la ineficiencia y, a veces, la complicidad policial y el perverso manejo que ha hecho el Gobierno de esta combinación letal de delito y permiso tácito de las autoridades para delinquir. La remoción de la cúpula de la Policía Federal puede ser tomada como una admisión de un estado de cosas de muy difícil solución si no existe auténtica voluntad política.

Según una muy reciente encuesta de TNS Gallup, sólo el 9 por ciento de la población confía en que el problema de la inseguridad mejorará en el próximo año y el 33 por ciento piensa que empeorará. El 40 por ciento de los argentinos percibe un deterioro de la situación de seguridad, inquietud que viene creciendo en los últimos años. El 48 por ciento de la gente expresó que su barrio no es seguro. A su vez, el 55 por ciento de los mayores de 65 años manifestó una mayor percepción de inseguridad.

Es comprensible, entonces, que los familiares de varias víctimas mortales de la violencia se hayan ido del país o estén por hacerlo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las familias de Ernesto Mata, asesinado en su casa de Martínez, y Carolina Piparo y su esposo. Como se recordará, ella fue baleada cuando le faltaba poco para dar a luz y su bebe murió una semana después del ataque.

El exilio por razones de seguridad muestra la degradación a la que es sometida la sociedad. Culpar solamente a la delincuencia es no ver la magnitud del drama. Ningún análisis será de utilidad si no se incluye el aspecto más preocupante, que es el de un Estado que no combate el delito y cuyas fuerzas policiales constituyen un peligro paralelo.

Nada es casual. Las estadísticas oficiales sobre delincuencia sólo llegan hasta 2008, pero igual muestran que ya ese año se había registrado un crecimiento nacional del delito del 7 por ciento respecto de 2007. Por otra parte, tengamos en cuenta que este tipo de estadísticas sólo miden las denuncias realizadas, y es sabido que muchas víctimas no denuncian lo ocurrido porque saben que es inútil recurrir a la comisaría o tienen temor a las represalias que la denuncia pueda traer aparejadas.

En la Argentina, el drama de la inseguridad queda englobado por otro más amplio: el de la incertidumbre. El Gobierno ha dejado las calles no sólo a merced del delito, sino también de manifestantes que diariamente, en distintas zonas del centro y del microcentro, protestan cortando el tránsito con la colaboración policial. El resultado son embotellamientos que paralizan el tránsito y obligan a desviarse y perder tiempo y dinero.

Mientras tanto, el Gobierno, que debería aplicar la ley, incentiva directa o indirectamente la toma de terrenos públicos o privados, como ha ocurrido en Villa Soldati, con la intención de perjudicar al jefe del gobierno porteño.

Esta trágica suma de factores no sólo desalienta: engendra miedo, obtura el futuro personal y colectivo, y torna indispensable un cambio drástico. Como el cambio difícilmente se producirá aquí, es tan lógico como lamentable que muchos lo busquen en el exterior.