Los manteros de la calle Florida
La ausencia del Estado de Derecho y la afectación de la propiedad que se dan en la peatonal porteña se repiten en todo el país.
Ni el gobierno de la ciudad a través de su Policía Metropolitana, ni tampoco la Policía Federal han podido hacer cumplir disposiciones judiciales que ordenan remover de la emblemática calle Florida a los llamados "manteros". Los intentos han fracasado y se ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la ley, tanto en este caso como en muchos otros que se exponen cotidianamente en nuestro país. El Estado de Derecho no puede tener sustento si la ley se convierte en letra muerta simplemente porque no hay quien la pueda hacer cumplir.
Los manteros exponen y venden a ojos vista mercaderías que nada tienen que ver con productos artesanales, y que compiten con los bienes vendidos en tiendas y locales que pagan impuestos, cargas sociales y alquileres. Los dueños de estos locales deben resignarse a ver frente a sus narices estos aventajados comerciantes que no emiten facturas ni recibos, ni enfrentan los costos que la ley exige para poder desarrollar la actividad comercial lícitamente.
Puede deducirse que nadie está en condiciones de sostener un comercio y menos aún hacerlo con locales de calidad, bien mantenidos y atendidos. El resultado, además de la flagrante injusticia contra quienes han invertido y cumplen con las normas, es la degradación del ámbito urbano en una calle que es tal vez la que primero recorre cualquier turista que viene a la Argentina. Se ven así comercios que sacan y exponen su mercadería en la calle, personas que vocean sus productos y tiendas que comienzan a parecerse más a un bazar oriental de baja categoría que a un local de buena calidad. Un observador externo no podrá entender nunca de qué forma se le podrá exigir a un ciudadano argentino que pague sus impuestos cuando cualquier inspector de la AFIP o personal policial acepta sin inmutarse la venta en negro a la vista de todo el mundo.
Más grave aún es que se compruebe que hay connivencia y corrupción policial. El Ministerio Público Fiscal porteño detectó, el miércoles pasado, tras una serie de operativos en la vía pública, vínculos non sanctos entre los manteros y funcionarios de la Policía Federal. Entre los elementos secuestrados en varios de los procedimientos realizados en Pompeya y las peatonales Lavalle y Florida, se encontraron cuadernos y anotaciones donde había nombres de suboficiales de la Policía Federal asociados a pagos de coimas, y documentación del Ministerio de Trabajo de la Nación que acreditaría el pago de planes sociales a las personas que trabajan irregularmente como manteros en la calle. Todos esos elementos serán presentados ante la Cámara del Crimen porteña por la fiscal de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, Sandra Verónica Guagnino.
Lo que ocurre en la calle Florida en términos de ausencia del Estado de Derecho y afectación de la propiedad se repite a todo lo largo y ancho del país. Nadie asegura que los maestros disconformes con sus sueldos no puedan bloquear un yacimiento petrolífero por varios días, ni que los vecinos que reclaman un pavimento no impidan la salida de combustible de una destilería. Estos no son ejemplos hipotéticos sino dos casos reales de estas últimas semanas. ¿Cómo pueden calificarse las ocupaciones ilegales de viviendas recién terminadas y su destrucción por los intrusos después de tres meses de fallidos intentos de desalojo? No se ha conocido la pena para quienes cometieron semejante delito. El erróneo postulado de no criminalizar la protesta social y de respetar cualquier transgresión cuando se la presenta con ese carácter lleva irremediablemente a desalentar el inicio de cualquier actividad. O dicho de otra forma, quien quiera invertir en la Argentina exigirá una expectativa de rentabilidad muy superior a la que pretendería en condiciones adecuadas de seguridad jurídica y respeto a la propiedad. El resultado es obvio. La inversión es sustancialmente menor y se dirige hacia otros países.
La remoción de los manteros de Florida es un test de la capacidad o incapacidad de la Argentina para corregir el dramático deterioro de la seguridad jurídica en nuestro país. La ciudad de Buenos Aires no merece esta situación que puede y debe ser corregida.