Los logros fiscales y los desafíos para el gobierno que viene

El logro más festejado de los últimos años en materia fiscal del Gobierno nacional ha sido el resultado positivo desde 2002, incluso a pesar del pequeño déficit de 2009, justificado en la fuerte desaceleración económica.

El superávit fiscal y el comercial se mencionan como los pilares del éxito del modelo económico. Algunos se animan también a destacar cierta mejora en la distribución del ingreso, ya que mientras en el quinquenio 2000-2004 los ingresos del decil más rico eran 28,8 veces los del más pobre, en el segundo quinquenio la cifra disminuyó a 25,8 veces.

Esto surge como fruto del fuerte crecimiento económico, combinado con algunas políticas de gasto muy concretas, posibles gracias a una fuerte expansión del gasto público consolidado, que habría llegado a un nivel récord de 42 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2010.

Nuevos tributos nacionales –retenciones a las exportaciones y el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios–, así como el aumento en la recaudación de viejos impuestos impulsados por el crecimiento, los precios internacionales favorables, la inflación y la disminución de la informalidad han financiado este mayor gasto.

Así, la presión tributaria nacional (sin provincias y municipios) avanzó de 17,3 por ciento del PIB en 2001 al 30,4 por ciento esperado para este año.

Ingresos extraordinarios, como los provenientes de la estatización de las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y las reservas del Banco Central, agregaron recursos.

No dormirse. Sin embargo, no se puede dormir en la complacencia de los logros pasados. ¿A qué recursos apelaremos cuando el contexto no sea tan favorable? En ese sentido, preocupa el incumplimiento de la formación de un fondo anticíclico: en 2004 y 2005 ingresaron montos insignificantes y desde 2006 el Gobierno se eximió de esa obligación, a pesar del alto crecimiento.

Los recientes casos de corrupción apuntan a la necesidad de mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación del gasto público. Y la misma dirección habría que recorrer en materia impositiva, para dar coherencia y refuerzo a las políticas públicas.

Otro tema pendiente en materia fiscal es la reforma del sistema de coparticipación, compromiso asumido en la Constitución Nacional sancionada en 1994.

El actual sistema ha permitido una concentración de recursos en el Gobierno nacional y lo que resta se reparte en forma discrecional, privilegiando a algunas provincias chicas.

Se implementaron soluciones parciales, como la coparticipación del 30 por ciento del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, el Fondo Federal Solidario (que distribuye el 30 por ciento de las retenciones a la soja y sus derivados) y el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, que permitió disminuir y refinanciar la deuda de algunas provincias con el Gobierno nacional. Pero no se avanzó en una reforma que privilegie la igualdad de oportunidades prometida en la Carta Magna.

Poca transparencia. Otra deuda se ha generado en materia de transparencia presupuestaria. Mediante decretos y superpoderes, se llegó a la ridícula situación de adicionar 30 por ciento al presupuesto nacional sin trámite legislativo en 2007. Más evidencia suma un informe de la Asociación Internacional de Presupuesto (IBP, según sus siglas en inglés), según el cual la Argentina obtuvo 56 puntos sobre 100 en un índice de transparencia presupuestaria y se ubicó detrás de Chile (72), Brasil (71), Perú (65) y Colombia (61 puntos).

Este diagnóstico demuestra que es imprescindible imprimir racionalidad al gasto público, haciéndolo más eficiente y equitativo. Para lograrlo, hay que asignar el presupuesto nacional según metas relacionadas con el objetivo perseguido en cada rubro del gasto.

Además, y para no borrar con el codo lo que se hace con la mano, es necesario que el próximo gobierno encare una reforma tributaria progresiva, que privilegie los impuestos directos, como Ganancias, y reduzca los más distorsivos.

Por otro lado, es clave implementar un Fondo Anticíclico Nacional, que acumule fondos cuando el crecimiento supere el tres por ciento y se distribuya cuando cae por debajo del uno por ciento.

Una parte debería distribuirse entre las provincias y, para evitar la injusticia de los criterios actuales de reparto, es necesario sustituir los inequitativos coeficientes de coparticipación por otros que sirvan para promover la convergencia regional.

Para profundizar la democracia presupuestaria, urge derogar los superpoderes, mejorar la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y crear una oficina de Presupuesto en el Congreso.

En materia de política fiscal, existen logros recientes que el próximo gobierno podrá capitalizar. Pero es fundamental que los candidatos concentren el debate electoral en sus propuestas de política pública y, sobre todo, en los proyectos que promueven para saldar las deudas que la Argentina tiene pendientes desde hace años.