Los límites de la legalidad
Hay que buscar alternativas a la venta ambulante, pero no se puede permitir un comercio ilegal, que no paga impuestos y vende mercadería de dudosa procedencia.
La proliferación de vendedores ambulantes en distintos puntos de la ciudad de Córdoba –especialmente en el centro comercial– es un problema que viene desde hace mucho tiempo, se repite día a día y resulta de muy difícil solución.
El fenómeno ocurre también en otras ciudades del país, entre ellas la Capital Federal y su enorme Conurbano, donde la tradicional y elegante calle Florida y otras arterias de similar categoría son escenarios de verdaderas batallas campales, que con frecuencia dejan un lamentable saldo de heridos, personas golpeadas –muchas veces agentes de tránsito o policías– y también detenidos.
No faltan las organizaciones piqueteras o barriales que dan su apoyo a los "manteros", como se les dice a quienes venden en forma ilegal productos en la calle, lo que suele agregar a esta cuestión un alto grado de conflictividad.
Hasta los partidos políticos se expresan a favor o en contra de los "manteros", lo que demuestra que no es un problema menor, porque además de provocar a veces violentas alteraciones del orden público, también pueden llegar a traspasar los límites de legalidad o la institucionalidad.
La extensión de la venta ambulante ilegal revela, por otra parte, la hondura de la crisis social argentina, las profundas desigualdades y el drama de la falta de trabajo, que afecta a gran parte de la población.
Pero, además, hay quienes hacen pingües negocios, que incluso se enriquecen con estas actividades ilegales.
En el Centro de Córdoba, y ante la ausencia total de personal municipal o policial, en trasnoche se han visto estacionados camiones y furgonetas desde los cuales se descargan mercaderías de todo tipo, que al día siguiente son puestas a la venta en los puestos callejeros.
Nadie conoce a ciencia cierta el origen de esos productos, sobre los cuales no se ejerce ningún control de calidad.
El director del área central de la Municipalidad de Córdoba recordó hace poco que existe una ordenanza que prohíbe la actividad de los vendedores ambulantes no autorizados y que la última reforma del Código Municipal de Faltas establece multas de entre cien y mil pesos y el decomiso de la mercadería a quienes realicen esa actividad.
Dijo también el funcionario que la Municipalidad no puede avalar una actividad que está fuera de las normas, que viola leyes provinciales y federales, que no paga impuestos y vende productos cuya procedencia se desconoce.
En consecuencia, la autoridad municipal ha decidido hacer cumplir las ordenanzas y que un policía actúe junto al inspector municipal que haga procedimientos contra los "manteros".
Pero también debe intervenir la Justicia, ya que ha habido heridos y golpeados –en general, inspectores y policías–, lo que constituye una grave e inaceptable alteración del orden público.
El fenómeno ocurre también en otras ciudades del país, entre ellas la Capital Federal y su enorme Conurbano, donde la tradicional y elegante calle Florida y otras arterias de similar categoría son escenarios de verdaderas batallas campales, que con frecuencia dejan un lamentable saldo de heridos, personas golpeadas –muchas veces agentes de tránsito o policías– y también detenidos.
No faltan las organizaciones piqueteras o barriales que dan su apoyo a los "manteros", como se les dice a quienes venden en forma ilegal productos en la calle, lo que suele agregar a esta cuestión un alto grado de conflictividad.
Hasta los partidos políticos se expresan a favor o en contra de los "manteros", lo que demuestra que no es un problema menor, porque además de provocar a veces violentas alteraciones del orden público, también pueden llegar a traspasar los límites de legalidad o la institucionalidad.
La extensión de la venta ambulante ilegal revela, por otra parte, la hondura de la crisis social argentina, las profundas desigualdades y el drama de la falta de trabajo, que afecta a gran parte de la población.
Pero, además, hay quienes hacen pingües negocios, que incluso se enriquecen con estas actividades ilegales.
En el Centro de Córdoba, y ante la ausencia total de personal municipal o policial, en trasnoche se han visto estacionados camiones y furgonetas desde los cuales se descargan mercaderías de todo tipo, que al día siguiente son puestas a la venta en los puestos callejeros.
Nadie conoce a ciencia cierta el origen de esos productos, sobre los cuales no se ejerce ningún control de calidad.
El director del área central de la Municipalidad de Córdoba recordó hace poco que existe una ordenanza que prohíbe la actividad de los vendedores ambulantes no autorizados y que la última reforma del Código Municipal de Faltas establece multas de entre cien y mil pesos y el decomiso de la mercadería a quienes realicen esa actividad.
Dijo también el funcionario que la Municipalidad no puede avalar una actividad que está fuera de las normas, que viola leyes provinciales y federales, que no paga impuestos y vende productos cuya procedencia se desconoce.
En consecuencia, la autoridad municipal ha decidido hacer cumplir las ordenanzas y que un policía actúe junto al inspector municipal que haga procedimientos contra los "manteros".
Pero también debe intervenir la Justicia, ya que ha habido heridos y golpeados –en general, inspectores y policías–, lo que constituye una grave e inaceptable alteración del orden público.