Los jubilados, obligados a litigar
El colapso de la justicia previsional tiene como contraparte el persistente incumplimiento de la Nación de las pautas liquidatorias de haberes válidas.
Esta circunstancia es gravísima, ya que muestra al Estado empujando la litigiosidad judicial, con el único fin de dilatar el pago de los montos jubilatorios adecuados. Actualmente, por cada juicio que concluye se inician cinco nuevos.
Los juicios, dada las apelaciones de los abogados de la ANSeS, tienen una tramitación prolongada, originando un dispendio de los escasos recursos judiciales y además, impidiendo en muchos casos que el jubilado pueda acceder a su derecho, ya que es frecuente que ocurran decesos durante el desarrollo del pleito.
Actualmente hay unos 421 mil juicios previsionales en trámite, y se liquidan a razón de dos mil por mes, según lo ha reconocido el titular de la ANSeS semanas atrás. A este ritmo, y de no iniciarse nuevos juicios, el Estado terminaría de pagar las sentencias dentro de 17 años.
Esta situación absurda, generada por un Estado incumplidor, pone a la Justicia en una situación de colapso, le genera mayores costos a las arcas públicas por los intereses, honorarios y costas judiciales que se deben afrontar, y revela un ensañamiento humillante contra uno de los segmentos más vulnerables de la población, el conformado por los jubilados.
Ante esto, es necesario que se implemente una solución general, que respete los principios fijados por la Corte y que deje de perjudicar a los trabajadores retirados.
El Estado, que incumple con el pago de los haberes jubilatorios debidos, genera una litigiosidad que pone a la Justicia al borde del colapso y que humilla a los trabajadores retirados.
Los juicios, dada las apelaciones de los abogados de la ANSeS, tienen una tramitación prolongada, originando un dispendio de los escasos recursos judiciales y además, impidiendo en muchos casos que el jubilado pueda acceder a su derecho, ya que es frecuente que ocurran decesos durante el desarrollo del pleito.
Actualmente hay unos 421 mil juicios previsionales en trámite, y se liquidan a razón de dos mil por mes, según lo ha reconocido el titular de la ANSeS semanas atrás. A este ritmo, y de no iniciarse nuevos juicios, el Estado terminaría de pagar las sentencias dentro de 17 años.
Esta situación absurda, generada por un Estado incumplidor, pone a la Justicia en una situación de colapso, le genera mayores costos a las arcas públicas por los intereses, honorarios y costas judiciales que se deben afrontar, y revela un ensañamiento humillante contra uno de los segmentos más vulnerables de la población, el conformado por los jubilados.
Ante esto, es necesario que se implemente una solución general, que respete los principios fijados por la Corte y que deje de perjudicar a los trabajadores retirados.
El Estado, que incumple con el pago de los haberes jubilatorios debidos, genera una litigiosidad que pone a la Justicia al borde del colapso y que humilla a los trabajadores retirados.