Los institutos de menores
Es mucho lo que queda por hacer en Argentina respecto a los niños alojados en institutos.
Cuando en 2005 se sancionó la ley nacional 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se abrió un proceso de profunda transformación respecto de las concepciones jurídico-sociales de la infancia que moldearon las intervenciones estatales sobre las personas menores de edad durante más de 80 años.
La ley 10903 de patronato de menores, que rigió desde 1919, estableció un modo de intervención focalizado en la separación de los niños de su medio familiar por causas asistenciales y la consecuente institucionalización como medida de protección. Con la convención de las nuevas leyes se propuso un sistema de protección integral, cuyo punto de partida es el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, por lo que la institucionalización debe ser considerada como una alternativa excepcional, limitada en el tiempo y de último recurso.
Actualmente se encuentran 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidados de sus familias de origen, sobre un total de 12.333.747 chicos y chicas, según los resultados del relevamiento en todo el país que realizó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). El estudio permitirá avanzar y profundizar sobre las políticas de restitución de derechos y la implementación de medidas y acciones para promover el derecho de niñas y niños a la convivencia familiar.
El informe revela que 10.448 menores viven en instituciones públicas y 4.187 se encuentran bajo el cuidado de familias de acogimiento o de corazón, según la denominación que se les otorgue en cada provincia. La franja de edad más alta corresponde a adolescentes: el 45% son chicos que van de los 12 a los 18; el 29%, menores entre 6 y 12; y el 26%, de primera infancia, de 0 a 5 años. Habrá que seguir trabajando para que la institucionalización sea el último recurso y lo más breve posible, que no supere los 90 días. Ahora el promedio es de tres años y medio.
Los institutos de menores deben buscar primordialmente que los chicos sean incluidos por derecho humano a que sea en el seno de una familia. Es deber de la sociedad y del Estado velar porque ello se cumpla.
La ley 10903 de patronato de menores, que rigió desde 1919, estableció un modo de intervención focalizado en la separación de los niños de su medio familiar por causas asistenciales y la consecuente institucionalización como medida de protección. Con la convención de las nuevas leyes se propuso un sistema de protección integral, cuyo punto de partida es el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, por lo que la institucionalización debe ser considerada como una alternativa excepcional, limitada en el tiempo y de último recurso.
Actualmente se encuentran 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidados de sus familias de origen, sobre un total de 12.333.747 chicos y chicas, según los resultados del relevamiento en todo el país que realizó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). El estudio permitirá avanzar y profundizar sobre las políticas de restitución de derechos y la implementación de medidas y acciones para promover el derecho de niñas y niños a la convivencia familiar.
El informe revela que 10.448 menores viven en instituciones públicas y 4.187 se encuentran bajo el cuidado de familias de acogimiento o de corazón, según la denominación que se les otorgue en cada provincia. La franja de edad más alta corresponde a adolescentes: el 45% son chicos que van de los 12 a los 18; el 29%, menores entre 6 y 12; y el 26%, de primera infancia, de 0 a 5 años. Habrá que seguir trabajando para que la institucionalización sea el último recurso y lo más breve posible, que no supere los 90 días. Ahora el promedio es de tres años y medio.
Los institutos de menores deben buscar primordialmente que los chicos sean incluidos por derecho humano a que sea en el seno de una familia. Es deber de la sociedad y del Estado velar porque ello se cumpla.