Los gendarmes y la democracia
El despliegue de gendarmes en el conurbano bonaerense aparece como una respuesta atinada ante el crecimiento metastásico del crimen organizado, antes ignorado por el Gobierno nacional.
No existe contradicción entre el sistema democrático y la represión del delito mediante cuerpos de policía militarizada.
En Francia, la Gendarmería Nacional; en Italia, la Guardia di Finanza y los carabineros; en España, la Guardia Civil, son excelentes ejemplos al respecto. En Estados Unidos se optó por cuerpos especiales adiestrados como comandos de las Fuerzas Armadas –por caso, el equipo Swat–, subordinados a las gobernaciones estatales.
En América latina, son paradigmáticos los carabineros de Chile y Brasil, donde cada estado (provincia) posee su propia policía militar, también subordinada a la gobernación.
Creer que representan un peligro para las instituciones representativas de la voluntad popular es incurrir en un grosero error. Además, una sincera revisión de nuestra historia demuestra que la mayoría de los golpes militares contra el sistema político fue instigada, desde el 6 de septiembre de 1930 en adelante, por dirigentes políticos que instalaron en nuestras Fuerzas Armadas la errónea convicción de que eran "la reserva moral" de la República, con funestas consecuencias que no pueden ser olvidadas.
El recurso a las policías militarizadas es la respuesta objetiva al crecimiento del crimen organizado, aunque este dato fuera ignorado durante años por las principales figuras del kirchnerismo. Acumulamos décadas de respuestas equivocadas: reclutamientos masivos de agentes, lanzados a la calle sin una verdadera formación profesional, aumento del parque de vehículos y frecuente actualización de sistemas informáticos, de telecomunicaciones y armamentos.
Parece ser que esa expansión humana y material marcha en llamativa sincronía con el incremento de los delitos en sus distintas formas, cada vez más violentos, más crueles. Con su grado actual de adiestramiento, son totalmente ineficientes e inconfiables por la rutinaria participación de uniformados en delitos de todo orden.
Asiste la razón a la presidenta Cristina Fernández cuando advierte que la Justicia debe revisar en profundidad su "garantismo", que parece incitar a los delincuentes para la comisión de delitos, a veces aberrantes, amparados por la certeza de la impunidad o la lenidad de fiscales y jueces y camaristas.
El despliegue de seis mil gendarmes en el conurbano bonaerense admite también una lectura política: Cristina Fernández parece abandonar de manera gradual la demonización kirchnerista a las Fuerzas Armadas, porque hace suya la lección de uno de los mejores estadistas y talentos militares del siglo 20, Charles De Gaulle, quien enseñó que "los pueblos sin Ejército no merecen el respeto de las naciones".
Hay otro aspecto por considerar: el eventual debilitamiento de los controles de frontera si se afectan gendarmes al conurbano y no se consolida a la fuerza con personal y equipamiento.