DOLAR
OFICIAL $816.08
COMPRA
$875.65
VENTA
BLUE $1.18
COMPRA
$1.20
VENTA

Los Eskenazi, en default

No pagaron 500 millones de dólares y los bancos se quedarían con sus acciones en YPF.

El grupo Petersen, de la familia Eskenazy, no pagó en término los 500 millones de dólares que debía afrontar en concepto de intereses y capital por préstamos adquiridos entre 2008 y 2011 para la adquisición de acciones de YPF y cayó en default.

Ahora, los bancos extranjeros acreedores de la deuda, que en total alcanza los 1.600 millones de dólares, podrían tomar las acciones que los Eskenazy poseen de la petrolera argentina para cobrar el dinero que habían otorgado en préstamos.

Los bancos aún no tomaron una decisión sobre cómo avanzar para poder cobrar el dinero, aunque miran con buenos ojos pasar a ser accionistas que el Estado pasó a controlar este mes tras expropiar el 51 por ciento de las acciones totales al grupo español Repsol.

No obstante, habría diferencias entre las distintas entidades involucradas ya que aquellas con mayor participación extranjera estarían interesadas en entregar las acciones al mejor postor, para no tener que tratar con el Gobierno argentino.

Lo ideal, para esos bancos, sería venderle las acciones de los Eskenazy (25,49 por ciento del total de YPF) en bloque a un tercero que desee asociarse con el Estado.

Petersen Energía, una firma de la familia Eskenazi radicada en Australia, recibió en 2008 un préstamo de 1018 millones de dólares por parte de un pool conformado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa para comprar 14,9 por ciento de YPF.

En ese entonces, otros 1015 millones de dólares fueron financiados por Repsol.

En 2011, Petersen se hizo del otro 10 por ciento de YPF con un préstamo de 670 millones de dólares aportado por un consorcio integrado por Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi, y otro tanto por Repsol.

Hasta el año pasado, Eskenazi venía usando los dividendos que recibía de YPF para repagar los préstamos, pero las cosas se complicaron tras la nacionalización de la compañía dado que el Estado prohibió el reparto de ganancias para que la firma invierta y aumente su producción.