Los desvelos del presidente Mujica

La República Oriental del Uruguay tiene apenas 176.215 kilómetros cuadrados; un poco mas que la provincia de Córdoba y con una población bastante semejante (3,3 millones). Según el Anuario 2010 del Banco Mundial, registra una bajísima tasa de crecimiento vegetativa; está previsto para el período 2008-15 que el ritmo de incremento sea de apenas un 0,3 por ciento, muy cerca del estancamiento.

Su capital, Montevideo, tiene una cantidad de habitantes similar a la de Córdoba y la segunda ciudad (Salto), menos que la de Río Cuarto.

En cuanto al producto interno bruto (PIB), de acuerdo a la misma fuente y medido en dólares, asciende a 32.300 millones; cifra que, expresada con la metodología PPA (poder adquisitivo ajustado) se eleva a 41.800 millones. Esto significa que en 2008 el PIB de la Argentina era 13,3 veces mayor al uruguayo, pero ambos se acercan mucho si se los compara en función del respectivo promedio por habitante, pues éste llega a 12.540 dólares contra 13.990 dólares en nuestro país.

Uruguay posee una extensión de costas de 660 kilómetros, muy bien aprovechados para incentivar los atractivos del turismo.

Las tierras cultivables ocupan sólo el ocho por ciento del total y su cotización de mercado oscila entre cinco mil y nueve mil dólares por hectárea. De los 16 millones de hectáreas existentes, un tercio son propiedad de sólo 1.100 titulares; cada uno con más de dos mil hectáreas.

Si se excluye el área cubierta con forestación natural o artificial, que ocupa un cuatro por ciento adicional, la mayor parte de las restantes (aproximadamente el 78 por ciento del total) está dedicada a pasturas para ganado ovino y vacuno con vistas a la exportación de carnes y lana.

Durante los últimos años, en especial impulsados por productores brasileños y argentinos, se ha ampliado en algo la superficie sembrada con la introducción de la soja, que viene liderando una expansión que podría llegar a disputar el uso del suelo con la ganadería.

Quizá el punto más vulnerable del país sea la total dependencia externa en materia de combustibles líquidos o gaseosos, de los cuales tienen una carencia absoluta y a cuyo efecto existe un puerto exclusivo para facilitar su importación.

La población económicamente activa (1,6 millones de personas de entre 15 y 65 años) abarca al 73 por ciento de los hombres y 53 por ciento de las mujeres. Están ocupadas 1,4 millones de personas.

De dicho colectivo, la mayor proporción corresponde a las actividades de servicios (68 por ciento de los varones y 90 por ciento de las mujeres), seguidas por la industria, en la que laboran el 29 y 13 por ciento, respectivamente. Muy detrás de ellas, con 16 y 5 por ciento por cada sexo, aparecen las actividades agropecuarias.

Sacudir la inercia. El presidente José Mujica debe estar ansioso por contribuir a lograr un renovado impulso de la economía uruguaya, que durante la primera década de este siglo creció a un promedio del 3,8 por ciento anual. El sector agropecuario, pese a su potencialidad, aporta apenas el 11 por ciento del PIB; ya sea en materias primas o en alimentos.

Los bienes que lo componen generan el 67 por ciento de las divisas por exportaciones, lo cual explica que el presidente se empeñe en que el sector amplíe el área cultivada y eleve la productividad.

Movido por ese objetivo, surgió la idea de impulsar a una superior acción a los propietarios de campos que superen las dos mil hectáreas.

A ese efecto, se concibió un impuesto especial que los tuviera como contribuyentes, siguiendo una escala progresiva de ocho dólares por unidad cuando la superficie se ubique entre dos y cinco mil hectáreas; 12 dólares desde esa extensión y hasta 10 mil hectáreas, reservando la carga más elevada de 16 dólares para los casos que excedan dicha cantidad de hectáreas.

La recaudación estimada sería de unos 60 millones de dólares anuales, importe muy moderado que, además, estaría íntegramente orientado a la construcción y el mejoramiento de la estructura vial en el ámbito rural.

El valor de la hectárea. En los últimos 10 años, el valor de la hectárea se multiplicó por cuatro, en dólares. Por vía del tributo programado, sumaría a los ingresos del sector público (que implica 25 por ciento del PIB) alrededor de cuatro mil millones; es decir, nada más que un escuálido 1,5 por ciento de ese monto. Por eso, no se explica la fuerte reacción en contra de sus eventuales obligados.

En tono exagerado y por momentos exaltado, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay se opuso, sosteniendo que significaría "un cambio en las políticas que hasta ahora venían siendo estables".

Ello impactó dentro del propio gobierno y dio lugar a una abierta oposición del vicepresidente Danilo Astori, quien hasta amenazó con renunciar si se mantiene el proyecto. Las encuestas en el conjunto de la población arrojan un 56 por ciento de opiniones favorables al proyecto, contra 32 por ciento de partidarios de no innovar.

En Argentina, este debate se registró entre 1962 y 1965, cuando se logró insertar el principio de renta normal potencial de la tierra en el impuesto a las Ganancias, que fue de inmediato anulado al asumir el general Juan Carlos Onganía, por medio del golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia.

Ahora se reactualiza la disputa y parte de los ministros se han propuesto hacer fracasar la iniciativa arguyendo que "espanta a los inversores". A este tema se suma la pretensión de una minera –de capita­­les ingleses, indios y suizos– en el departamento de Treinta y Tres, de radicar un emprendimiento a cielo abierto que significaría una inversión de tres mil millones; Mujica también pretende plebiscitar ésto. Por lo visto, se vislumbran tiempos difíciles y muy polémicos para el veterano mandatario.