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Los derechos de los aborígenes

Uno de los cambios históricamente más significativos introducidos por la reforma constitucional de 1994 ha sido el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Pero a pesar de ser portadores de potestades de la mayor jerarquía jurídica, la mayoría de las comunidades indígenas del país atraviesan severos problemas.

Las dos principales cuestiones a las que las instituciones públicas no le brindan las respuestas debidas, son las condiciones de vida, cuyo deterioro llega a provocar casos de desnutrición y hambre, y el acceso a la tierra.

En el norte del país, viven unos 80 mil wichi en condiciones sumamente precarias, por la deforestación del medio ambiente que les impide acceder a los recursos de vida de que dispusieron desde tiempos precolombinos. En esa área que atraviesa las provincias de Salta, Chaco y Formosa son numerosos los chicos con desnutrición crónica y ocho de ellos han muerto recientemente. La errática atención institucional ha sido, en estos años, una manera de mantener a esta población bajo condiciones humillantes.

Por otro lado, el problema de la negación de los derechos sobre tierras ha merecido diversos pronunciamientos internacionales. Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le requirió al Estado argentino que informe las medidas de protección de la comunidad qom La Primavera, de Formosa, víctima de una feroz represión en noviembre y todavía hostigada.

A su vez, diversos organismos de derechos humanos le solicitaron al Gobierno, que se presenta como defensor de esos derechos, que se garantice el acceso a la tierra, la salud, el agua y la documentación en dicha colonia indígena, sin obtener resultados. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló, precisamente, que "el gobierno nacional no contesta. El gobierno de la provincia no contesta. La Justicia no avanza".

La negación de derechos se traduce, mientras tanto, en condiciones de vida dramáticas de las comunidades postergadas.

Los aborígenes no tienen respuestas del Estado sobre derechos a la tierra y condiciones de vida dignas, lo cual ha motivado pronuciamientos de organismos internacionales.