Los compromisos que el Gobierno asumió con el FMI: quita de subsidios, fin del cepo y Presupuesto 2025

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la séptima revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, envió un desembolso de US$4700 millones y estableció nuevas pautas para el programa con la Argentina. Esos compromisos serán clave para entender muchas de las decisiones que tome el Gobierno en el futuro e impactarán de lleno en el rumbo de la economía.

“Se está implementando un ambicioso plan de estabilización para corregir graves desvíos de políticas en los últimos trimestres de 2023. El plan se centra en el establecimiento de una fuerte ancla fiscal junto con políticas para reducir de manera duradera la inflación, reconstruir las reservas y abordar las distorsiones y los problemas de larga data. impedimentos al crecimiento”, expresó el Fondo en un comunicado después de que el board aprobó la revisión. Y advirtió: “El camino hacia la estabilización será difícil”.

El acuerdo con el FMI estipula, a grandes rasgos, tres metas troncales a cumplir: la del déficit fiscal, la de acumulación de reservas y la de emisión monetaria. Las dos primeras estaban incumplidas, por lo que la Argentina solicitó waivers o dispensas al organismo por las medidas cambiarias temporales “que dieron lugar a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiple”.

En relación con la meta del déficit, el staff report del Fondo establece que para este año se debe alcanzar un superávit primario del 2% del PBI. Este es uno de los objetivos que mayores modificaciones sufrió, ya que en la última revisión determinaba para 2024 un déficit fiscal primario equivalente al 0,9% de PBI.

Ese compromiso, explicó el ente multilateral de crédito, se sustentará en la aplicación de impuestos temporales a las importaciones y el “fortalecimiento de los impuestos a los combustibles”, además de avanzar en el plan de la quita de subsidios a la energía y el transporte, y “racionalizar” los gastos administrativos y “las políticas de menor prioridad”.

Sobre las reservas, el FMI estipuló que el país deberá alcanzar una acumulación de reservas netas desde el 10 de diciembre de 2023 hasta finales de septiembre de 2024 por US$7600 millones. Ese número llega a US$10.000 millones a fin de año.

El organismo también dijo que el Gobierno se comprometió a levantar las restricciones cambiarias “en el corto plazo”, es decir, a fines de junio, y que la política cambiaria “debería continuar asegurando los objetivos de acumulación de reservas”.

“Nuestro objetivo es eventualmente unificar el tipo de cambio y eliminar los controles cambiarios, según lo permitan las condiciones. Con este fin, estamos acelerando el trabajo en el desarrollo de una hoja de ruta para la eliminación gradual de los controles cambiarios (reiniciada hasta finales de junio de 2024, meta estructural), que deberá calibrarse cuidadosamente, dependiendo del progreso en la implementación de nuestro plan de estabilización”, indicaron las autoridades argentinas en el Memorándum que le enviaron al FMI y que se adjunta al informe que el staff del organismo presentó al directorio.

Por otra parte, el entendimiento ya tenía en cuenta anteriormente que la emisión de pesos para financiar al Tesoro debía ser nula y ahora el documento volvió a insistir en que se elimina todo el financiamiento monetario del tesoro, con una definición ampliada para incluir compras de bonos en el mercado secundario

Pero además, el documento deja entrever otros compromisos que asumió el Gobierno con el FMI. Entre ellos, figuran: publicar a finales de mayo de este año reformas detalladas del actual esquema de segmentación tarifaria para orientar mejor los subsidios a la canasta básica de energía para los hogares vulnerables; eliminar el esquema de exportación preferencial existente hacia finales de junio de 2024 (es decir, la posibilidad de liquidar una parte de los dólares al tipo de cambio financiero).

También, para septiembre de este año, se propone fortalecer la integración de bases de datos administrativas relevantes para mejorar la focalización y la prestación eficiente de asistencia social, con asistencia técnica del Banco Mundial. Y ese mismo mes, presentar al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2025 consistente con el objetivo general de equilibrio fiscal. La fecha límite que establece la ley para enviarlo es el 15 de septiembre.

Por último, el Gobierno se comprometió a desarrollar y ejecutar un plan destinado a extender los vencimientos de una parte de la deuda interna que vence este año para finales de marzo de 2024; a limitar los atrasos en el gasto interno y también a eliminar el tope a la intervención del Banco Central en dólar futuro, “sobre la base de los fuertes compromisos de la nueva administración”.

De acuerdo al documento que acordaron el organismo con el Ejecutivo, esta redefinición del programa persigue el objetivo de alcanzar el déficit fiscal e implica “un ajuste sin precedentes” de alrededor del 5% del PBI.

Fuente: TN