Los aliados invalorables de la Presidente
*Por Carlos Pagni. Después de arrojar la bomba, Cristina Kirchner y su equipo se están empeñando en minimizar los daños del estallido.
La confiscación de YPF les exige un doble movimiento: quebrar el frente internacional de condena y construir un consenso interno capaz de presentar la apropiación como una política de Estado. Para alcanzar estos objetivos, el kirchnerismo cuenta con un par de aliados invalorables. Por un lado, el interés de los empresarios locales y extranjeros en participar de los negocios que se inauguran con el cambio de dueños. Por otro, la torpeza con que el gobierno de Mariano Rajoy y la oposición doméstica han abordado el avance sobre las acciones de Repsol.
La reputación de la Argentina en la comunidad de negocios no necesitó de la estatización de YPF para derrumbarse. La intervención sobre el comercio exterior ya había demostrado que la Presidenta decidió prescindir de la inversión externa para resolver los problemas de la economía. En la Cumbre de las Américas , en Cartagena, ella tuvo indicios tangibles de ese deterioro. Tal vez el más molesto haya sido la intervención del periodista Christopher Matthews, que moderaba el panel de Barack Obama, Dilma Rousseff y Juan Manuel Santos. Al felicitar a Rousseff porque la economía de Brasil había reemplazado a la de Gran Bretaña en el sexto lugar del ranking global, Matthews agregó: "Ojalá no siga el destino de la Argentina, que ya ocupó ese lugar". La captura de YPF cayó sobre un piso ya mojado.
Para atenuar el peso de la condena internacional, los cráneos energéticos del kirchnerismo -Julio De Vido, Axel Kicillof, Daniel Cameron, Roberto Baratta- intentan seducir a las grandes operadoras petroleras . Desde el martes pasado mantienen contacto con representantes de Exxon, Total y Sinopec para interesarlos en la explotación conjunta de los yacimientos de YPF. De Vido y Cameron viajaron también a Brasil para calmar a María das Graças Foster, presidenta de Petrobras, que está furiosa por el retiro de algunas concesiones en Neuquén.
El vocero de una de esas petroleras explicó, socarrón: "Robaron la gallina y ahora nos invitan a comer el puchero". Se refería a la invitación a formar joint ventures con el Estado. Esas asociaciones están en la base del programa que expuso Kicillof en el Congreso: los productores privados suministrarían al Estado parte de los combustibles que ahora importa para subsidiar la energía a cambio de vender en el mercado internacional una parte del petróleo y del gas extraídos.
En lo inmediato, los cuatro jinetes de la Presidenta se proponen que esas compañías atenúen el malestar de los gobiernos de sus países. La Casa Rosada teme una suspensión del G-20, que sólo se produciría por impulso de los Estados Unidos y Alemania, con la aprobación tácita de Brasil. El Gobierno recurrió el jueves pasado a un canal informal para algodonar su vínculo con Washington.
La fantasía de esta diplomacia energética es encapsular la relación con España en un pleito bilateral, para después manipular la balanza de los intereses de ese país en la Argentina. Los funcionarios suponen que los ejecutivos de Telefónica y de los bancos Santander y BBVA, con tal de defender sus inversiones, pueden ejercer alguna mediación con el irritado gobierno de Rajoy. Telefónica jugaría un papel clave: su principal accionista es la Caixa de Catalunya, en nombre de la cual Antonio Brufau conduce Repsol. La pasión criolla por las teorías conspirativas es capaz de contagiar a los extranjeros. Un funcionario de Telefónica se preguntó si el misterioso apagón de Movistar no habrá sido provocado por el Gobierno para trabar una negociación en este nuevo contexto. "Si el kirchnerismo tuviera esa capacidad de coordinación, no habría crisis energética", lo disuadieron.
Disolver el enojo español será difícil. Rajoy consiguió con Repsol abroquelar a la opinión pública doméstica cuando los rigores del ajuste derrumbaban su popularidad. Por un instante, España dejó de hablar del desempleo. Sólo la izquierda más radicalizada planteó una disidencia, como la que escribió Juan Torres López en "Repsol no es España". Si Kicillof leyera ese artículo descubriría que, a pesar del entrevero, tiene un alma gemela al otro lado del Atlántico.
A pesar de la unanimidad española, Cristina Kirchner tiene a favor la impericia del gobierno del PP. Desde que llegó al poder, el canciller José García-Margallo no ha pisado América latina. Sólo un ministro de Rajoy ha visitado, desde entonces, la Argentina: el de Industria, José Manuel Soria, que realizó un viaje casi clandestino en un avión de Repsol, para someterse al rigoreo del viceministro Kicillof. Conocida la expropiación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que su país suspendería las compras de biodiésel argentino. Sagaz, la señora de Kirchner contestó que el gobierno de Rajoy estaba en su derecho de castigar a los españoles haciéndoles pagar más caro ese producto. Rajoy decidió sumar al daño patrimonial de Repsol el perjuicio comercial de los consumidores de combustibles.
Con el paso de los días se conocen más desventuras de la petrolera española. El viernes, Reuters publicó un dato que nadie desmintió. Cuando entraron a la empresa, los Eskenazi se pusieron a resguardo de una posible estatización. Una cláusula del contrato les aseguraría que, en caso de perder el control de la empresa, Repsol compraría su parte. Si esta condición fuera verdadera, el perjuicio de la compañía española sería todavía mayor.
Tal vez se mantenga el misterio por un tiempo. Entre Cristina Kirchner y Brufau hay un pacto tácito que resiste toda guerra: no abrir el debate sobre el rol de los Eskenazi en YPF. Gracias a que de esto en España no se habla Brufau mantiene su lugar al frente de Repsol. Al menos hasta que su jefe en la Caixa, Isidre Fainé, que no lo aprecia, decida defenestrarlo.
Construir consenso interno es mucho más fácil que romper el aislamiento internacional. Kicillof ya lo advirtió en la docilidad con que los banqueros le prometieron mantener las líneas de crédito a YPF. "Es fácil disciplinar a los empresarios argentinos: son miedosos", suele repetir el viceministro en los asados de La Cámpora. Tiene razón.
El temor no es el único estímulo. La estatización encubre la promesa de que YPF dará satisfacción a innumerables intereses particulares. No bien pasó a manos del sector público, YPF comenzó a ser reprivatizada.
Kicillof adelantó que sacrificará la rentabilidad de la empresa para subsidiar la energía a los industriales argentinos. Además, alrededor de De Vido y de Baratta se ha formado un cardumen de contratistas dispuesto a colaborar con la soberanía nacional. Cristóbal, Manzano, Lázaro Báez, Eurnekian están primeros en la fila. Comparten un sueño: que YPF vuelva a ser el área de colonización de la dichosa burguesía nacional que siempre fue. (Sería de desear que, en su afán revisionista, los chicos de La Cámpora no se pregunten, por ejemplo, a qué bloque empresarial respondía Guillermo Suárez Mason cuando ocupó, en plena dictadura, el sillón donde se acaba de sentar De Vido: no vaya a ser que aparezca un asesor.)
Los empresarios que festejan la estatización de YPF cuentan con una gran ventaja: quienes están al frente de la empresa desconocen el negocio. De Vido está urgido por salir de la crisis energética que él mismo ha provocado. No es sencillo. Más allá de cualquier fantasía, la caja contante y sonante que dejan los Eskenazi es de, según los números de diciembre pasado, $ 1200 millones. Esa cifra llegaría a 6500 millones si se sumaran las ganancias. Pero Kicillof no asegura que las haya. En cualquier caso es una miseria si se lo compara con los ahorros de las AFJP o las reservas disponibles en el Banco Central.
Los rivales de Cristina Kirchner coronarán la consagración de la armonía. Los diputados de Hermes Binner reprochan a la Presidenta que se haya quedado corta: la mayoría prefiere estatizar la actividad petrolera, no la principal empresa. El radicalismo, por su parte, votará el proyecto oficial con pocas disidencias. Como dicen algunos simpatizantes desencantados: inventaremos el "voto no negativo". La sumisión de la UCR es notoria: ninguno de sus diputados se animó a presentar un proyecto de estatización de YPF hasta que la señora de Kirchner envió el suyo.
El realismo mágico de la oposición presta a la Presidenta un servicio inestimable. Cuando vaya a los tribunales internacionales y locales, ella no deberá justificar el arrebato de un gobierno. Podrá decir que defiende un imperativo de toda la nación.
La reputación de la Argentina en la comunidad de negocios no necesitó de la estatización de YPF para derrumbarse. La intervención sobre el comercio exterior ya había demostrado que la Presidenta decidió prescindir de la inversión externa para resolver los problemas de la economía. En la Cumbre de las Américas , en Cartagena, ella tuvo indicios tangibles de ese deterioro. Tal vez el más molesto haya sido la intervención del periodista Christopher Matthews, que moderaba el panel de Barack Obama, Dilma Rousseff y Juan Manuel Santos. Al felicitar a Rousseff porque la economía de Brasil había reemplazado a la de Gran Bretaña en el sexto lugar del ranking global, Matthews agregó: "Ojalá no siga el destino de la Argentina, que ya ocupó ese lugar". La captura de YPF cayó sobre un piso ya mojado.
Para atenuar el peso de la condena internacional, los cráneos energéticos del kirchnerismo -Julio De Vido, Axel Kicillof, Daniel Cameron, Roberto Baratta- intentan seducir a las grandes operadoras petroleras . Desde el martes pasado mantienen contacto con representantes de Exxon, Total y Sinopec para interesarlos en la explotación conjunta de los yacimientos de YPF. De Vido y Cameron viajaron también a Brasil para calmar a María das Graças Foster, presidenta de Petrobras, que está furiosa por el retiro de algunas concesiones en Neuquén.
El vocero de una de esas petroleras explicó, socarrón: "Robaron la gallina y ahora nos invitan a comer el puchero". Se refería a la invitación a formar joint ventures con el Estado. Esas asociaciones están en la base del programa que expuso Kicillof en el Congreso: los productores privados suministrarían al Estado parte de los combustibles que ahora importa para subsidiar la energía a cambio de vender en el mercado internacional una parte del petróleo y del gas extraídos.
En lo inmediato, los cuatro jinetes de la Presidenta se proponen que esas compañías atenúen el malestar de los gobiernos de sus países. La Casa Rosada teme una suspensión del G-20, que sólo se produciría por impulso de los Estados Unidos y Alemania, con la aprobación tácita de Brasil. El Gobierno recurrió el jueves pasado a un canal informal para algodonar su vínculo con Washington.
La fantasía de esta diplomacia energética es encapsular la relación con España en un pleito bilateral, para después manipular la balanza de los intereses de ese país en la Argentina. Los funcionarios suponen que los ejecutivos de Telefónica y de los bancos Santander y BBVA, con tal de defender sus inversiones, pueden ejercer alguna mediación con el irritado gobierno de Rajoy. Telefónica jugaría un papel clave: su principal accionista es la Caixa de Catalunya, en nombre de la cual Antonio Brufau conduce Repsol. La pasión criolla por las teorías conspirativas es capaz de contagiar a los extranjeros. Un funcionario de Telefónica se preguntó si el misterioso apagón de Movistar no habrá sido provocado por el Gobierno para trabar una negociación en este nuevo contexto. "Si el kirchnerismo tuviera esa capacidad de coordinación, no habría crisis energética", lo disuadieron.
Disolver el enojo español será difícil. Rajoy consiguió con Repsol abroquelar a la opinión pública doméstica cuando los rigores del ajuste derrumbaban su popularidad. Por un instante, España dejó de hablar del desempleo. Sólo la izquierda más radicalizada planteó una disidencia, como la que escribió Juan Torres López en "Repsol no es España". Si Kicillof leyera ese artículo descubriría que, a pesar del entrevero, tiene un alma gemela al otro lado del Atlántico.
A pesar de la unanimidad española, Cristina Kirchner tiene a favor la impericia del gobierno del PP. Desde que llegó al poder, el canciller José García-Margallo no ha pisado América latina. Sólo un ministro de Rajoy ha visitado, desde entonces, la Argentina: el de Industria, José Manuel Soria, que realizó un viaje casi clandestino en un avión de Repsol, para someterse al rigoreo del viceministro Kicillof. Conocida la expropiación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que su país suspendería las compras de biodiésel argentino. Sagaz, la señora de Kirchner contestó que el gobierno de Rajoy estaba en su derecho de castigar a los españoles haciéndoles pagar más caro ese producto. Rajoy decidió sumar al daño patrimonial de Repsol el perjuicio comercial de los consumidores de combustibles.
Con el paso de los días se conocen más desventuras de la petrolera española. El viernes, Reuters publicó un dato que nadie desmintió. Cuando entraron a la empresa, los Eskenazi se pusieron a resguardo de una posible estatización. Una cláusula del contrato les aseguraría que, en caso de perder el control de la empresa, Repsol compraría su parte. Si esta condición fuera verdadera, el perjuicio de la compañía española sería todavía mayor.
Tal vez se mantenga el misterio por un tiempo. Entre Cristina Kirchner y Brufau hay un pacto tácito que resiste toda guerra: no abrir el debate sobre el rol de los Eskenazi en YPF. Gracias a que de esto en España no se habla Brufau mantiene su lugar al frente de Repsol. Al menos hasta que su jefe en la Caixa, Isidre Fainé, que no lo aprecia, decida defenestrarlo.
Construir consenso interno es mucho más fácil que romper el aislamiento internacional. Kicillof ya lo advirtió en la docilidad con que los banqueros le prometieron mantener las líneas de crédito a YPF. "Es fácil disciplinar a los empresarios argentinos: son miedosos", suele repetir el viceministro en los asados de La Cámpora. Tiene razón.
El temor no es el único estímulo. La estatización encubre la promesa de que YPF dará satisfacción a innumerables intereses particulares. No bien pasó a manos del sector público, YPF comenzó a ser reprivatizada.
Kicillof adelantó que sacrificará la rentabilidad de la empresa para subsidiar la energía a los industriales argentinos. Además, alrededor de De Vido y de Baratta se ha formado un cardumen de contratistas dispuesto a colaborar con la soberanía nacional. Cristóbal, Manzano, Lázaro Báez, Eurnekian están primeros en la fila. Comparten un sueño: que YPF vuelva a ser el área de colonización de la dichosa burguesía nacional que siempre fue. (Sería de desear que, en su afán revisionista, los chicos de La Cámpora no se pregunten, por ejemplo, a qué bloque empresarial respondía Guillermo Suárez Mason cuando ocupó, en plena dictadura, el sillón donde se acaba de sentar De Vido: no vaya a ser que aparezca un asesor.)
Los empresarios que festejan la estatización de YPF cuentan con una gran ventaja: quienes están al frente de la empresa desconocen el negocio. De Vido está urgido por salir de la crisis energética que él mismo ha provocado. No es sencillo. Más allá de cualquier fantasía, la caja contante y sonante que dejan los Eskenazi es de, según los números de diciembre pasado, $ 1200 millones. Esa cifra llegaría a 6500 millones si se sumaran las ganancias. Pero Kicillof no asegura que las haya. En cualquier caso es una miseria si se lo compara con los ahorros de las AFJP o las reservas disponibles en el Banco Central.
Los rivales de Cristina Kirchner coronarán la consagración de la armonía. Los diputados de Hermes Binner reprochan a la Presidenta que se haya quedado corta: la mayoría prefiere estatizar la actividad petrolera, no la principal empresa. El radicalismo, por su parte, votará el proyecto oficial con pocas disidencias. Como dicen algunos simpatizantes desencantados: inventaremos el "voto no negativo". La sumisión de la UCR es notoria: ninguno de sus diputados se animó a presentar un proyecto de estatización de YPF hasta que la señora de Kirchner envió el suyo.
El realismo mágico de la oposición presta a la Presidenta un servicio inestimable. Cuando vaya a los tribunales internacionales y locales, ella no deberá justificar el arrebato de un gobierno. Podrá decir que defiende un imperativo de toda la nación.