Lo que la piqueta se llevó

L a preservación del patrimonio histórico es una cuestión de Estado en la mayoría de los países más adelantados. De hecho, Europa sigue sacándole el jugo a su rico pasado, lo mismo que algunos países americanos que han sido capaces de mantener en valor el legado de sus ancestros.

En nuestra Argentina, esta preocupación, como casi todo, arrancó un poco tarde. La Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos fue creada en 1938, cuando muchos de ellos ya habían desaparecido o estaban seriamente deteriorados.

El ejemplo más claro es la Casa de Tucumán, o el Cabildo porteño, mutilado para abrir un par de avenidas. De esa primera comisión presidida por el eminente historiador Ricardo Levene, formaba parte, como vocal, Ramón J. Cárcano, dos veces gobernador de Córdoba.

A partir de ese momento, se declararon de utilidad pública numerosos inmuebles y sitios de interés histórico y se establecieron normas para preservar lo existente.

Así fue como se salvaron de la piqueta lugares emblemáticos que subsisten hasta hoy, entre ellos muchos ubicados en nuestra provincia.

Algunos muy conocidos, como la Legislatura, la Catedral, el edificio del Banco de la Provincia de Córdoba, el Teatro del Libertador San Martín, el Hospital Nacional de Clínicas o el Palacio de Justicia. Otros, menos, como la casa donde vivió Arturo Umberto Illia en Cruz del Eje, la casa natal de Leopoldo Lugones en Río Seco o la de José Gabriel Brochero en Santa Rosa de Río Primero. Son apenas ejemplos, pero hay más.

A ello debe sumarse el cuantioso legado jesuítico, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, que incluye el conjunto monumental del centro de la ciudad y las estancias diseminadas en distintos puntos del interior.

Para completar este panorama, deben añadirse al listado las edificaciones preservadas o reguladas por ordenanzas municipales con el mismo propósito.

Lista negra. Sin embargo, hay una lista negra, la de lo que se perdió de manera irremediable.

También es larga en nuestra Córdoba, donde ya no podemos disfrutar, por ejemplo, de la mansión de los Allende que estaba en la primera cuadra de la calle Alvear, o la casona donde se encontraron San Martín y Pueyrredón en 1816, en la esquina de la misma calle y 25 de Mayo.
O el Teatro Progreso, de la calle San Martín; el Gran Hotel de la Paz, en Vélez Sársfield y 27 de Abril, y la vieja fábrica de pólvora de 9 de Julio y Coronel Olmedo.

Más acá en el tiempo, desaparecieron la Cárcel de Mujeres y el interior del Palacio Ferreyra. Ni hablar de las rejas removidas del Parque Las Heras o los cientos de casonas señoriales de Nueva Córdoba que desaparecieron para liberar predios donde hoy se levantan edificios de propiedad horizontal.

La selección de qué construcciones deben conservarse y cuáles no es una cuestión compleja. Se requiere sentido común y criterio justo para resolver por la vía pacífica el conflicto entre modernidad y defensa del patrimonio común.

Además de no soslayar las normas vigentes en la materia, no debería dejarse de lado la consulta oportuna a instituciones idóneas y expertos en cuestiones históricas, urbanísticas o arquitectónicas, sobre todo cuando esa opinión es independiente de intereses políticos o sectoriales.

En algunos casos, lo más difícil es determinar cuánto interés público tienen ciertos inmuebles o construcciones, sobre todo cuando son relativamente recientes o no saltan a la vista sus atributos artísticos o arquitectónicos.

Entonces, debe echarse mano a otros criterios, como pueden ser la pertenencia a la memoria colectiva, la representatividad social e incluso el valor afectivo que revisten.

De no ser así, no se hubiera consagrado el campo clandestino de detención de La Perla, que carece de atributos estilísticos, como espacio de la memoria.

Ese punto, el legado que recibirán las futuras generaciones, es central a la hora de blandir la piqueta o accionar las topadoras.

En caso de duda... No siempre coinciden la valoración y la perspectiva de los contemporáneos con las de las sociedades por venir; por esa razón, conviene aplicar un criterio restrictivo; en otras palabras, en caso de duda, abstenerse de voltear, porque, aunque sea una verdad de Perogrullo, una vez que se demuele no hay marcha atrás. Así de simple.

El año anterior, el paisaje urbano cordobés perdió dos íconos muy fuertes. Sin entrar en polémicas sobre si era necesario o no destruirlos, lo cierto es que Córdoba no es la misma sin la chimenea de la ex Cervecería Córdoba o el autotrol del estadio mundialista.

Este 2011 comenzó con la inminente desaparición física de otro emblema, muy ligado a la vida institucional de la provincia en los últimos 50 años.

Es un ejemplo claro de decisión política. Si bien la resolución de demolerla es un acto administrativo discrecional, que puede estar dentro de las facultades del gobierno, va en desmedro de espacios públicos cuyo destino debería estar más allá de la valoración exclusiva del gobernante circunstancial, por lo que, en éste y otros casos, es recomendable asesorarse mejor, consultar otras opiniones y, sobre todo, pulsar el sentir ciudadano como una forma de reducir el riesgo de un posible juicio negativo de las futuras generaciones.