Lo que falta en la Justicia Federal

Los entredichos producidos en el ámbito de la Justicia Federal de Córdoba –por supuestos faltantes de cocaína y de dinero secuestrados en diversos operativos– constituyen hechos preocupantes, que deben ser rápidamente dilucidados para evitar que las sospechas erosionen la confianza de la sociedad en este poder del Estado.

Por caso, aún no están deslindadas las responsabilidades por el error, la contravención o el delito cometido ante la presunta falta de una caja que contendría más de cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína –otras versiones señalan que en realidad serían cuatro kilos de "pasta base", con los que se elaboran unos 20 kilos de cocaína–, que fueron secuestrados en una causa seguida a una pareja de jujeños que enviaba droga a Córdoba a través de encomiendas. En esa causa ya fueron condenados cuatro traficantes.

Al descubrirse el faltante, se debatió si la culpa era de la División Drogas Peligrosas de la Policía Provincial –que realizó el operativo– o del Juzgado Federal número 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, que alojó en su depósito parte del material secuestrado. Al momento de dictarse la sentencia mencionada, el Tribunal Oral número 2 pidió al fiscal federal número 2, Gustavo Vidal Lascano, que investigara el hecho.

Y esto es lo realmente grave: que en el nivel más alto de la Justicia Federal de Córdoba se haya producido una especie de pelea entre magistrados en torno de un tema que, si bien no es menor –se trata de una caja que contendría cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína–, no justifica que se desate una interna en los tribunales federales de Córdoba, cuyos integrantes debieran tener más mesura y prudencia respecto de una cuestión que llega y hiere profundamente la sensibilidad pública, como es el tráfico de drogas.

Al tratar de aclarar el episodio señalado, el juez Sánchez Freytes dijo que "hubo una omisión involuntaria, un olvido, pero un olvido de un empleado, no del secretario ni del juez" actuante. Y concluyó: "No se trata de una cuestión dolosa", ya que supuestamente el material secuestrado era menor al que se consignó en las actas.

Lo que la opinión pública se pregunta es si, cuando se trata presuntamente de una caja faltante con cocaína, la responsabilidad por semejante inclusión u omisión en las actas alcanza al secretario y al magistrado del juzgado.

Hay otro detalle: el juez Sánchez Freytes afirmó que cuando se abrió una cuarta caja del procedimiento, la droga que señalaba el acta del secuestro no era tal. No es cuestión, pues, de señalar a supuestos culpables, sino de investigar estos oscuros episodios. Magistrados y empleados de un poder como la Justicia Federal deben recordar que sus actos terminan por irradiar confianza, o no, a una sociedad altamente sensibilizada en relación a una cuestión tan grave como el combate del narcotráfico.