Lo que deciden y no deciden las elecciones

*Por Mónica Cingolani. Las elecciones no alcanzan para garantizar la sensibilidad de los gobiernos y ponerlos bajo control. Mónica Cingolani.

Hay un número cada vez más importante de cuestiones vinculadas con la calidad de las democracias –apertura y transparencia de las acciones de gobierno, participación ciudadana en las políticas públicas, libertad de formación y expresión de opinión pública, entre otras– que no se deciden en el ámbito electoral. Los comicios, institución central del gobierno representativo, tienen como función principal decidir quién gobierna, pero no cómo debe hacerlo.

Seleccionar gobierno, generar legitimidad y producir representación constituyen las funciones básicas de la elección.

En primer lugar, al seleccionar gobierno constituyen un procedimiento acordado y pacífico de alternancia en el ejercicio del poder.

En segundo lugar, las elecciones generan legitimidad, tanto respecto de los que resultan elegidos como del sistema político representativo en su conjunto, porque ratifican la aceptación de las reglas de juego electoral y de su resultado, más allá de la coincidencia del resultado de la elección con las propias expectativas del votante. Todo gobierno legítimo tiene autoridad para tomar decisiones vinculantes (obligatorias) en nombre de los ciudadanos.

La tercera función de las elecciones es producir representación; la cuestión acerca de qué y cómo representan los representantes tiene una complejidad particular. Los programas de los partidos y las promesas de los candidatos no son vinculantes, es decir que los representantes elegidos no están jurídicamente obligados a su cumplimiento y, por tanto, tienen cierta discrecionalidad para definir acciones de gobierno.

El supuesto subyacente es que los representantes son independientes y con capacidad de acción y de juicio propios; no obstante, deben actuar en interés de los representados, ser sensibles a sus demandas y rendir cuentas abriendo su actuación a la información pública, como así también justificar y argumentar sus acciones –e inacciones– cuando y donde corresponda.

Respecto de las dificultades de las instituciones representativas para dar satisfacción a tales exigencias, esto no debe desalentar el permanente desafío que se renueva luego de cada elección. ¿Cómo promover y garantizar sensibilidad y responsabilidad por parte de los gobiernos? ¿Cuánta discreción proporcional a los gobernantes y qué rendición de cuentas exigir? ¿Qué queda después del acto electoral para limitar los poderes discrecionales de los elegidos?

El caso municipal. En el ámbito municipal de la ciudad de Córdoba, la próxima gestión tendrá un desafío novedoso: cumplir el Plan de Metas recientemente sancionado (ordenanza Nº 11.942).

En el transcurso del primer cuatrimestre de gobierno, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá precisar y transparentar sus metas (con objetivos, indicadores e índices de evaluación para cada sector de la administración), como así también informar de manera periódica su cumplimiento. El Concejo Deliberante, a su vez, está obligado a controlar su cumplimiento, además de difundir el proceso y convocar a la participación de la sociedad (audiencia pública informativa). Es responsabilidad de la sociedad involucrarse, tener juicio y acción en el proceso.

Las elecciones no alcanzan para garantizar la sensibilidad de los gobiernos y ponerlos bajo control. Pero es necesario y posible generar acciones y acuerdos orientados al desafío de construir instituciones más sensibles, transparentes y responsables, para hacer que poder discrecional no sea lo mismo que poder irresponsable.