Llegó a la Corte el primer pedido de per saltum contra la reforma judicial
Lo presentó el abogado Andrés Gil Domínguez contra el proyecto que limita el régimen de medidas cautelares contra el Estado.
La Corte Suprema de Justicia recibió hoy el primer pedido de intervenir directamente, bajo la modalidad de per saltum, en la reforma judicial recientemente sancionada por el Congreso.
El planteo fue presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, contra uno de los proyectos de los seis que forman parte de la reforma, el que limita el régimen de medidas cautelares contra el Estado.
El abogado recurrió al máximo tribunal ante el rechazo "in limine" de la jueza de primera instancia Cecilia Madariaga de Negre de tratar su planteo, con el argumento de que no había un caso concreto que lo afectara.
En diálogo con Noticias Argentinas, Gil Domínguez dijo que en el caso hay "gravedad institucional", que es uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum.
"Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé y me toco la Sala I del fuero Contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifique a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional", señaló el abogado.
Al fundamentar su presentación, enumeró que las Naciones Unidas dijeron que "la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; también por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra".
Si bien indicó que el planteo se limita a la ley que regula las cautelares, el planteo de gravedad institucional se expande a otras dos normas sancionadas: la reforma del Consejo de la Magistratura y la de creación de nuevas cámaras de casación. Ahora la Corte debe determinar si hay gravedad institucional y en ese caso abrirá el grifo para intervenir en los planteos de las otras leyes cuestionadas del paquete de reforma judicial.
Por otra parte, esta madrugada la Cámara de Diputados sancionó el sexto y último proyecto de la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional, el relacionado con el "acceso democrático" al Poder Judicial mediante concursos para cubrir cargos disponibles. La iniciativa fue avalada con 130 votos del oficialismo, tras un extenso debate sobre la propuesta de blanqueo de dinero no declarado, la que también el kirchnerismo logró convertir esta noche en ley en una sesión que comenzó a las 12:12 del mediodía y que concluyó sobre el filo de la medianoche.
El arco opositor en su conjunto votó en contra -reunió 84 sufragios-, aunque no hubo debate al respecto.
El planteo fue presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, contra uno de los proyectos de los seis que forman parte de la reforma, el que limita el régimen de medidas cautelares contra el Estado.
El abogado recurrió al máximo tribunal ante el rechazo "in limine" de la jueza de primera instancia Cecilia Madariaga de Negre de tratar su planteo, con el argumento de que no había un caso concreto que lo afectara.
En diálogo con Noticias Argentinas, Gil Domínguez dijo que en el caso hay "gravedad institucional", que es uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum.
"Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé y me toco la Sala I del fuero Contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifique a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional", señaló el abogado.
Al fundamentar su presentación, enumeró que las Naciones Unidas dijeron que "la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; también por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra".
Si bien indicó que el planteo se limita a la ley que regula las cautelares, el planteo de gravedad institucional se expande a otras dos normas sancionadas: la reforma del Consejo de la Magistratura y la de creación de nuevas cámaras de casación. Ahora la Corte debe determinar si hay gravedad institucional y en ese caso abrirá el grifo para intervenir en los planteos de las otras leyes cuestionadas del paquete de reforma judicial.
Por otra parte, esta madrugada la Cámara de Diputados sancionó el sexto y último proyecto de la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional, el relacionado con el "acceso democrático" al Poder Judicial mediante concursos para cubrir cargos disponibles. La iniciativa fue avalada con 130 votos del oficialismo, tras un extenso debate sobre la propuesta de blanqueo de dinero no declarado, la que también el kirchnerismo logró convertir esta noche en ley en una sesión que comenzó a las 12:12 del mediodía y que concluyó sobre el filo de la medianoche.
El arco opositor en su conjunto votó en contra -reunió 84 sufragios-, aunque no hubo debate al respecto.