Llamativas inquietudes

Como se sabe, González es blanco desde hace unas semanas de una serie de críticas al ejercicio de sus funciones, que incluyen la comisión de delitos. No se trata de una situación nueva. El Ancasti ya informó sobre las objeciones al magistrado hace un par de años y, de hecho, pende sobre él todavía un jury irresuelto. Sin embargo, en esta oportunidad aparece un factor que no puede dejarse de lado si en efecto se pretende hacer un análisis ecuánime: González investiga supuestas malversaciones de fondos de las regalías mineras en la municipalidad santamariana de San José, gobernada por la justicialista Mónica Hernández. La crisis cuyo epicentro es González reconoce como antecedente la crisis que eyectó a Hernández de la Intendencia sanjosina. La jefa comunal estuvo incluso prófuga, y las controversias con los concejales por su reemplazo ocupan un lugar destacado en los anales del escándalo. De modo que el presunto clamor popular para desbancar a González debe contrastarse con lo que González investiga a los efectos de tener una visión completa del panorama. No es prudente desvincular sin más las críticas al juez de la causa contra Hernández.
 

La discusión en la Cámara baja se disparó a partir de un proyecto de declaración presentado por el diputado justicialista Roberto Perrota, finalmente aprobado, en el que se expresó la "profunda preocupación ante la situación de crisis institucional que atraviesan las jurisdicciones de Santa María y San José". El radicalismo se opuso sin éxito a la sanción inmediata de la manifestación de inquietud, consignando, justamente, que González investiga a Hernández. El debate se politizó inevitablemente. El caso es que la iniciativa de Perrota no tiene correlato en el jury que González, cuyo desempeño tanto preocupa, tiene pendiente. La Cámara de Diputados, y Perrota, también podría pronunciarse acerca de la mora del jury, que recién pudo constituirse en junio de este año, luego de que González recusara a los diputados Fidel Sáenz y, casualmente, Perrota. Los apuros y la "profunda preocupación" de la hora contrastan con la desidia para avanzar en el campo institucionalmente establecido para la remoción del fiscal. En síntesis: a la preocupada Cámara de Diputados le cabe una responsabilidad innegable en la situación de Santa María, puesto que poco han hecho sus representantes en el jury para que el caso González se resuelva en cualquier sentido.

De ahí que sea necesario indagar si detrás de la embestida popular contra el fiscal santamariano no hay otras cuestiones menos emparentadas con la casta intención de garantizar un servicio eficaz de justicia que con una estrategia para habilitar impunidades. Porque, sin negar legitimidad a los reclamos de la gente, que en todo caso sus representantes podrían canalizar por el jury, llama la atención que entre las imputaciones meneadas no figure la causa contra Hernández. Curioso dato que los objetores del fiscal no consideran y que el miércoles saltó en la discusión legislativa.

Lo dicho no significa que González sea, derecho viejo, un inocente querubín. Sí que sería deseable una mayor prudencia institucional. El jury, que la Cámara de Diputados integra, es el mecanismo definitorio. Perrota integró comitivas parlamentarias que viajaron a Santa María para receptar reclamos contra el fiscal. De esto hace tiempo ¿Cómo es que no se hicieron las gestiones para activar el jury? En cualquier caso, ¿por qué no las hizo Perrota? Hubiera sido más útil que una declaración inconducente. Más que preocuparse, los diputados podrían ocuparse del problema. Y resolverlo en el terreno que corresponde.