Leonardo Fariña afirmó que Lázaro Báez "lavó" 77 millones de dólares después de la muerte de Néstor Kirchner

El ex gestor financiero Leonardo Fariña estimó hoy en unos "77 millones de dólares" la fortuna que el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez habría lavado "a partir de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner" en 2010 y hasta 2011.

Así lo informaron hoy fuentes judiciales y confiaron que el "imputado colaborador" arribó a ese cálculo por las distintas operaciones de transferencias y compras de bienes tales como "las adquisiciones de los campos El Entrevero, en Uruguay, y El Carrizalejo, en Mendoza, la compra de SGI y una cooperativa".

También sostuvo Fariña que en esas operaciones participaron los financistas Santiago Carradori, Federico Elaskar, Maximiliano Goff Dávila y Carlos Molinari -imputados en la causa- y aseguró que todos ellos "sabían que era plata de Báez y cada uno se quedó con una parte, más o menos el 5 por ciento".

Para los investigadores la nueva declaración de Fariña cobra valor porque "termina de completar lo que había dicho" en sus comparecencias anteriores como imputado, en abril de 2016 y varios escritos", y debido a que "confirma varios datos que el juzgado había podido establecer".

También llama la atención la suma de 77 millones de dólares, superior a la que había calculado en esta causa el fiscal federal Guillermo Marijuan al estimar unos 60 millones de dólares.

El ex marido de la vedette Karina Jelinek amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en los tribunales federales de Comodoro Py desde las 23 de anoche hasta las 5 de la madrugada de hoy, un horario inusual para la Justicia, porque se encuentra acogido al Programa de Protección a Testigos e Imputados, por lo cual goza de custodia especial, entre otras prerrogativas de seguridad y reserva de datos de su vida privada.

Fariña, que estuvo detenido por evasión tributaria agravada en un juzgado de La Plata, en una causa donde también está involucrado Báez, se pasó a "imputado colaborador" y ha venido aportando información a la Justicia, incluso dio detalles de las operaciones financieras que aseguró haber hecho para Báez.

La ampliación de su indagatoria se produjo horas después de que el ex financista Federico Elaskar también declarara como imputado y asegurara que Fariña "le robaba plata a Lázaro" aunque reconoció que "no sé exactamente cuánto. Sí sé que fue mucho". Según explicó, Fariña le sacaba dinero a Lázaro pero como no podía justificar su patrimonio consiguió un testaferro, al que se identificó como Carlos Molinari -también procesado- a quien le pedía que le pagara su casamiento con Karina Jelinek, los autos y los viajes hasta que, según la declaración, éste también se quedó con dinero de Fariña.

En anteriores indagatorias y escritos espontáneos Fariña informó cómo se fijaban supuestos sobreprecios para los "retornos" de las diferentes reparticiones involucradas en las adjudicaciones de obras públicas.

El llamado "valijero" afirmó que se pagaba a los contratistas un "anticipo financiero" que disimulaba coimas de entre 10% y 20% del monto de la obra que de inmediato eran reintegrados a los funcionarios de Planificación Federal y señaló que luego de la muerte de Néstor Kirchner hubo "un nuevo paradigma" armado por Cristina Fernández y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, para "perseguir empresarios".

De acuerdo a ese relato, "esta nueva arquitectura de poder era muchísimo más verticalista y cerrada que la originaria y muchísimo más asfixiante para los empresarios dado que el control sobre los mismos se tornó inmanejable y se radicalizaron las prácticas.

En el marco de esta causa, junto a Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.

Casanello ordenó la ampliación de las indagatorias luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.

Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral Construcciones.

En esta causa también están procesados, entre otros, el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.

El expediente cobró impulso con la aparición del video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se veía a varios de los procesados contando millones de billetes de dólares y euros.