Legisladores bajo sospecha
Por lo común, el impacto político de los rumores acerca de la compra de votos de diputados o senadores, nacionales o provinciales, por parte del gobierno de turno es escaso.
Nota extraída de diario Río Negro
Al fin y al cabo, con razón o sin ella, muchos están convencidos de que no sólo aquí sino también en otros países es normal que los legisladores aprovechen las oportunidades para mejorar el estado de sus finanzas personales que se dan cuando está en juego el destino de un proyecto de ley importante al que muchos quisieran oponerse por miedo a la reacción social.
Con todo, a veces, sobre todo cuando empieza a difundirse la impresión de que algo anda mal, las versiones de tal tipo sí pueden incidir en la marcha del país. No cabe duda de que el entonces presidente Fernando de la Rúa se vio gravemente debilitado por la acusación de que su gobierno, que ya perdía apoyo con rapidez, sobornaba a senadores para que votaran a favor de una ley de flexibilización laboral.
Puede que las sospechas en el mismo sentido que fueron motivadas por un mensaje de texto, que gracias a un fotógrafo del matutino porteño "Clarín" se detectó en el celular de un dirigente de La Cámpora, José Ottavis, en que se aludía al presunto pago de "150.000 pesos por cabeza" para que diputados provinciales bonaerenses aprobaran un revalúo fiscal muy polémico, sean igualmente decisivas, aunque en esta ocasión el más perjudicado no resulte ser el blanco principal de las acusaciones, el gobernador Daniel Scioli, sino integrantes del gobierno nacional.
Mal que les pese a los militantes de La Cámpora, son pocos los que los consideran personas confiables. Para más señas, es notorio que los miembros de esta cofradía oficialista estén dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo a fin de desacreditar a Scioli por creerlo un rival en potencia a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, de suerte que a muchos les parecerá natural atribuir lo sucedido a nada más que la voluntad de Ottavis y sus compañeros de hacerlo tropezar. Fiel a su costumbre, Scioli ha preferido el silencio a lo que con toda seguridad sería un intento contraproducente de defenderse, ya que se ha limitado a dar a entender, a través de sus colaboradores, que a su juicio el proceso legislativo fue "intachable".
Puede que lo fuera –la Justicia bonaerense se ha puesto a investigar el asunto y está procurando recopilar datos–, pero la idea de que los diputados bonaerenses avalaran la reforma tributaria que tanto ha enojado a los productores rurales a cambio de dinero no habrá contribuido en absoluto a reducir el riesgo de que el conflicto con el campo se transforme de un enfrentamiento local en uno que termine manteniendo en vilo al país entero, como en efecto sucedió en el 2008 al rebelarse los agricultores contra las retenciones móviles. Asimismo, la hipotética existencia de coimas hace más probable que, como ocurrió hace cuatro años, los productores rurales cuenten con el apoyo decidido de amplios sectores de la clase media urbana que ya han comenzado a organizar protestas callejeras contra la corrupción, tema que, a causa de las vicisitudes del vicepresidente Amado Boudou, la campaña vehemente contra la dolarización emprendida por funcionarios que poseen ellos mismos cantidades envidiables de divisas norteamericanas y el aparente enriquecimiento reciente de algunos militantes de La Cámpora, ha adquirido mucha importancia en los meses últimos.
Por supuesto que Scioli, como muchos otros gobernadores, está en graves dificultades; la provincia de Buenos Aires se ha acercado al borde de la bancarrota y quiere que el campo le facilite el dinero que tanto necesita. Sin embargo, también está en apuros el gobierno nacional, que se enfrenta con el mismo problema, de ahí sus esfuerzos desesperados por obstaculizar la fuga de dólares. Era de prever, pues, que luego de un período prolongado en que la ciudadanía propendía a minimizar el significado de los escándalos protagonizados por distintos dirigentes políticos, encabezados por el vicepresidente, la corrupción dejaría de ser un asunto meramente anecdótico puesto que, entre otras cosas, brinda a los preocupados por la evolución de la economía un buen pretexto para romper con un gobierno que, hasta poco antes, había apoyado por suponer que resultaría ser capaz de asegurar que el crecimiento continuara algunos años más.
Al fin y al cabo, con razón o sin ella, muchos están convencidos de que no sólo aquí sino también en otros países es normal que los legisladores aprovechen las oportunidades para mejorar el estado de sus finanzas personales que se dan cuando está en juego el destino de un proyecto de ley importante al que muchos quisieran oponerse por miedo a la reacción social.
Con todo, a veces, sobre todo cuando empieza a difundirse la impresión de que algo anda mal, las versiones de tal tipo sí pueden incidir en la marcha del país. No cabe duda de que el entonces presidente Fernando de la Rúa se vio gravemente debilitado por la acusación de que su gobierno, que ya perdía apoyo con rapidez, sobornaba a senadores para que votaran a favor de una ley de flexibilización laboral.
Puede que las sospechas en el mismo sentido que fueron motivadas por un mensaje de texto, que gracias a un fotógrafo del matutino porteño "Clarín" se detectó en el celular de un dirigente de La Cámpora, José Ottavis, en que se aludía al presunto pago de "150.000 pesos por cabeza" para que diputados provinciales bonaerenses aprobaran un revalúo fiscal muy polémico, sean igualmente decisivas, aunque en esta ocasión el más perjudicado no resulte ser el blanco principal de las acusaciones, el gobernador Daniel Scioli, sino integrantes del gobierno nacional.
Mal que les pese a los militantes de La Cámpora, son pocos los que los consideran personas confiables. Para más señas, es notorio que los miembros de esta cofradía oficialista estén dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo a fin de desacreditar a Scioli por creerlo un rival en potencia a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, de suerte que a muchos les parecerá natural atribuir lo sucedido a nada más que la voluntad de Ottavis y sus compañeros de hacerlo tropezar. Fiel a su costumbre, Scioli ha preferido el silencio a lo que con toda seguridad sería un intento contraproducente de defenderse, ya que se ha limitado a dar a entender, a través de sus colaboradores, que a su juicio el proceso legislativo fue "intachable".
Puede que lo fuera –la Justicia bonaerense se ha puesto a investigar el asunto y está procurando recopilar datos–, pero la idea de que los diputados bonaerenses avalaran la reforma tributaria que tanto ha enojado a los productores rurales a cambio de dinero no habrá contribuido en absoluto a reducir el riesgo de que el conflicto con el campo se transforme de un enfrentamiento local en uno que termine manteniendo en vilo al país entero, como en efecto sucedió en el 2008 al rebelarse los agricultores contra las retenciones móviles. Asimismo, la hipotética existencia de coimas hace más probable que, como ocurrió hace cuatro años, los productores rurales cuenten con el apoyo decidido de amplios sectores de la clase media urbana que ya han comenzado a organizar protestas callejeras contra la corrupción, tema que, a causa de las vicisitudes del vicepresidente Amado Boudou, la campaña vehemente contra la dolarización emprendida por funcionarios que poseen ellos mismos cantidades envidiables de divisas norteamericanas y el aparente enriquecimiento reciente de algunos militantes de La Cámpora, ha adquirido mucha importancia en los meses últimos.
Por supuesto que Scioli, como muchos otros gobernadores, está en graves dificultades; la provincia de Buenos Aires se ha acercado al borde de la bancarrota y quiere que el campo le facilite el dinero que tanto necesita. Sin embargo, también está en apuros el gobierno nacional, que se enfrenta con el mismo problema, de ahí sus esfuerzos desesperados por obstaculizar la fuga de dólares. Era de prever, pues, que luego de un período prolongado en que la ciudadanía propendía a minimizar el significado de los escándalos protagonizados por distintos dirigentes políticos, encabezados por el vicepresidente, la corrupción dejaría de ser un asunto meramente anecdótico puesto que, entre otras cosas, brinda a los preocupados por la evolución de la economía un buen pretexto para romper con un gobierno que, hasta poco antes, había apoyado por suponer que resultaría ser capaz de asegurar que el crecimiento continuara algunos años más.