Lazos familiares
* Por Raúl Kollmann. Dos jueces, cuyos nombres se repitieron muchísimo en las últimas 48 horas, aparecen vinculados familiarmente con personas que afrontan causas por derechos humanos.
Nota extraída del diario Página 12
Dos jueces, cuyos nombres se repitieron muchísimo en las últimas 48 horas, aparecen vinculados familiarmente con personas que afrontan causas por derechos humanos. La jueza Ana Álvarez, de Santa Cruz, fue señalada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, por haber resuelto favorablemente 7881 cautelares que beneficiaron a efectivos de la Prefectura. Su suegro es investigado por violaciones a los derechos humanos. En forma paralela, el hermano del juez Raúl Tettamanti, Rodolfo, es investigado por la Justicia federal también por vínculos con el Plan Cóndor y el centro de detención ilegal de La Cacha, al lado del actual penal de Olmos. Por su parte, Raúl Tettamanti en su renuncia dijo que dejaba el cargo debido a "violencia moral" y a "un grado de intranquilidad no sólo personal sino familiar".
El punto en el que se lo investiga a Rodolfo Orlando Tettamanti tiene que ver con una orden de servicio en la que se lo designa para ir a Paraguay en septiembre de 1976 a un encuentro de planificación de la operación combinada Sirena V, que toda la documentación señala como antisubversiva y es estudiada como parte de la Operación Cóndor, el plan de coordinación de las dictaduras del Cono Sur. En el Sirena V se hicieron operaciones en la zona de Formosa y Villa Oliva, de Paraguay. En 1979, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner le otorgó una medalla de honor por su participación en ese operativo represivo.
A esto se agrega que el Juzgado Federal 1 de La Plata estudia la participación del hermano del juez en el centro clandestino de La Cacha, a raíz de un reconocimiento que le hizo Tettamanti a un represor del Servicio Penitenciario Bonaerense en 1979, Julio Barroso, por tareas vinculadas con la inteligencia.
La jueza de Santa Cruz, por su parte, le respondió al gobierno nacional, pero sin demasiadas precisiones. Reconoció que había dictado "numerosas" cautelares a favor de los prefectos. El jefe de Gabinete mencionó 7800 cautelares, siendo ella jueza subrogante tratándose de efectivos cuya enorme mayoría no son de Santa Cruz. El argumento de la magistrada fue que las cautelares fueron confirmadas por la Cámara. Una de las acusaciones de Abal Medina consistió en que los departamentos jurídicos de las fuerzas consintieron gran parte de las cautelares que convirtieron en exorbitantes buena parte de los sueldos. Álvarez dijo que su marido, comodoro, no está acusado de delitos de lesa humanidad. Abal Medina no afirmó tal cosa, señaló que su suegro es el acusado por violaciones a los derechos humanos.
Dos jueces, cuyos nombres se repitieron muchísimo en las últimas 48 horas, aparecen vinculados familiarmente con personas que afrontan causas por derechos humanos. La jueza Ana Álvarez, de Santa Cruz, fue señalada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, por haber resuelto favorablemente 7881 cautelares que beneficiaron a efectivos de la Prefectura. Su suegro es investigado por violaciones a los derechos humanos. En forma paralela, el hermano del juez Raúl Tettamanti, Rodolfo, es investigado por la Justicia federal también por vínculos con el Plan Cóndor y el centro de detención ilegal de La Cacha, al lado del actual penal de Olmos. Por su parte, Raúl Tettamanti en su renuncia dijo que dejaba el cargo debido a "violencia moral" y a "un grado de intranquilidad no sólo personal sino familiar".
El punto en el que se lo investiga a Rodolfo Orlando Tettamanti tiene que ver con una orden de servicio en la que se lo designa para ir a Paraguay en septiembre de 1976 a un encuentro de planificación de la operación combinada Sirena V, que toda la documentación señala como antisubversiva y es estudiada como parte de la Operación Cóndor, el plan de coordinación de las dictaduras del Cono Sur. En el Sirena V se hicieron operaciones en la zona de Formosa y Villa Oliva, de Paraguay. En 1979, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner le otorgó una medalla de honor por su participación en ese operativo represivo.
A esto se agrega que el Juzgado Federal 1 de La Plata estudia la participación del hermano del juez en el centro clandestino de La Cacha, a raíz de un reconocimiento que le hizo Tettamanti a un represor del Servicio Penitenciario Bonaerense en 1979, Julio Barroso, por tareas vinculadas con la inteligencia.
La jueza de Santa Cruz, por su parte, le respondió al gobierno nacional, pero sin demasiadas precisiones. Reconoció que había dictado "numerosas" cautelares a favor de los prefectos. El jefe de Gabinete mencionó 7800 cautelares, siendo ella jueza subrogante tratándose de efectivos cuya enorme mayoría no son de Santa Cruz. El argumento de la magistrada fue que las cautelares fueron confirmadas por la Cámara. Una de las acusaciones de Abal Medina consistió en que los departamentos jurídicos de las fuerzas consintieron gran parte de las cautelares que convirtieron en exorbitantes buena parte de los sueldos. Álvarez dijo que su marido, comodoro, no está acusado de delitos de lesa humanidad. Abal Medina no afirmó tal cosa, señaló que su suegro es el acusado por violaciones a los derechos humanos.