Lawfare para acusar a jueces y tomar sus juzgados: la moneda común de la justicia macrista
Corrientes y el escándalo de las lawfare.
Un exjuez correntino denunció una maniobra de lawfare en la que están implicados el juez federal Sergio Torres y los fiscales Carlos Stornelli y Diego Iglesias. Los acusa de pactar con narcotraficantes para perjudicarlo.
El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila denunció al juez federal Sergio Torres, al fiscal Carlos Stornelli y al procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, por realizar un supuesto “pacto de impunidad” con narcotraficantes correntinos para vincularlo en supuestos hechos delictivos. Soto Dávila realizó una presentación en julio en los Tribunales de Comodoro Py en la que los acusa a los funcionarios judiciales de “haber pactado la impunidad del narcotraficante Federico "Morenita Marín”, a cambio de una declaración en contra suyo y de sus secretarios Federico Grau y Pablo Molina. La denuncia también abarca al Jefe de Drogas Peligrosas de Gendarmería en 2018, Raúl Contreras, los oficiales de Gendarmería Hernán González y Valeria Osorio, y el abogado Rodrigo Gonzalez.
El abogado de Soto Dávila, Eduardo Barcesat, explicó que se trató de “una maniobra” realizada a partir de los dichos guionados de un arrepentido en una causa por narcotráfico a cargo de Torres. “A raíz de lo que dice un imputado arrepentido se acusa al juez Soto Dávila y a sus secretarios de favorecer a ciertas personas por el delito de cohecho pasivo, es decir, de percibir una dádiva o beneficio a través de mejorar la situación procesal de los imputados. Esto es totalmente infundado porque la declaración del arrepentido ha sido hecha en violación a los resguardos que impone la ley procesal en el sentido de que debe haber soporte técnico idoneo para que se advierta que la grabacion es fidegdina y no hubo direccionamiento de la declaracion”, explicó Barcesat. El letrado explicó que “los elementos falsos” que incorporó el narcotraficante Marín para perjudicar a Soto Dávila no tienen validez procesal porque las declaraciones no cumplieron con los requisitos que establece la ley en cuanto a la grabación de la declaración y la posibilidad de corroborar el material. “El que mayores elementos, todos ellos falsos, ha vertido en la causa es el señor Marin. Con esto, el narcotraficante, obtuvo el pacto para no ser procesado por narcotráfico en una causa que investigaba casualmente Sergio Torres.
Lo hace vincular a beneficios que otorgaría el juzgado a cargo del Dr. Soto Dávila y como contraprestación él recibe la exoneración suya de ser indagado, procesado y llevado prisión preventiva. Un beneficio que también es para su pareja que estaba detenida por narcotráfico”, detalló Barcesat.
Soto Dávila está procesado junto con secretarios judiciales de su tribunal, acusados de haber cobrado coimas a acusados de narcotráfico para liberarlos o lograr beneficios en las causas. El procesamiento y pedido de detención fue realizado por el juez Torres basado únicamente en el testimonio del arrepentido.
El abogado describió más irregularidades. Una de ellas es la imposibilidad de acceder a la causa por parte de su defendido. “Los abogados no han podido acceder a la causa, está secreta y no hay acta. Lo que hay es un testimonio que se aporta pero no surge de una grabación hecha con un soporte técnico idóneo que pueda verificar la grabación. El juez Torres no hizo ninguna corroboración como indica la ley, sino tomó la declaración como el gran soporte convalidar de algún testigo de identidad reservada que no conoces. En función de esto es que se le indaga a los tres imputados, los tres piden a gritos saber cuales son los hechos y cuáles son las pruebas. Y eso no es aportado. Es una irregularidad extrema”, explicó.
Además, precisó que el juez Torres tomó una causa que jurisdiccionalmente no le corresponde. “Torres se arroga la competencia siendo que los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en Corrientes, es otra competencia. Es una maniobra que se identifica claramente con la de la Causa de las fotocopias de los cuadernos. Conozco cómo se presionó a mi cliente para que diga lo que ellos querían, presionado con el tema de la familia por parte del fiscal Stornelli”, detalló Barcesat.
El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila denunció al juez federal Sergio Torres, al fiscal Carlos Stornelli y al procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, por realizar un supuesto “pacto de impunidad” con narcotraficantes correntinos para vincularlo en supuestos hechos delictivos. Soto Dávila realizó una presentación en julio en los Tribunales de Comodoro Py en la que los acusa a los funcionarios judiciales de “haber pactado la impunidad del narcotraficante Federico "Morenita Marín”, a cambio de una declaración en contra suyo y de sus secretarios Federico Grau y Pablo Molina. La denuncia también abarca al Jefe de Drogas Peligrosas de Gendarmería en 2018, Raúl Contreras, los oficiales de Gendarmería Hernán González y Valeria Osorio, y el abogado Rodrigo Gonzalez.
El abogado de Soto Dávila, Eduardo Barcesat, explicó que se trató de “una maniobra” realizada a partir de los dichos guionados de un arrepentido en una causa por narcotráfico a cargo de Torres. “A raíz de lo que dice un imputado arrepentido se acusa al juez Soto Dávila y a sus secretarios de favorecer a ciertas personas por el delito de cohecho pasivo, es decir, de percibir una dádiva o beneficio a través de mejorar la situación procesal de los imputados. Esto es totalmente infundado porque la declaración del arrepentido ha sido hecha en violación a los resguardos que impone la ley procesal en el sentido de que debe haber soporte técnico idoneo para que se advierta que la grabacion es fidegdina y no hubo direccionamiento de la declaracion”, explicó Barcesat. El letrado explicó que “los elementos falsos” que incorporó el narcotraficante Marín para perjudicar a Soto Dávila no tienen validez procesal porque las declaraciones no cumplieron con los requisitos que establece la ley en cuanto a la grabación de la declaración y la posibilidad de corroborar el material. “El que mayores elementos, todos ellos falsos, ha vertido en la causa es el señor Marin. Con esto, el narcotraficante, obtuvo el pacto para no ser procesado por narcotráfico en una causa que investigaba casualmente Sergio Torres.
Lo hace vincular a beneficios que otorgaría el juzgado a cargo del Dr. Soto Dávila y como contraprestación él recibe la exoneración suya de ser indagado, procesado y llevado prisión preventiva. Un beneficio que también es para su pareja que estaba detenida por narcotráfico”, detalló Barcesat.
Soto Dávila está procesado junto con secretarios judiciales de su tribunal, acusados de haber cobrado coimas a acusados de narcotráfico para liberarlos o lograr beneficios en las causas. El procesamiento y pedido de detención fue realizado por el juez Torres basado únicamente en el testimonio del arrepentido.
El abogado describió más irregularidades. Una de ellas es la imposibilidad de acceder a la causa por parte de su defendido. “Los abogados no han podido acceder a la causa, está secreta y no hay acta. Lo que hay es un testimonio que se aporta pero no surge de una grabación hecha con un soporte técnico idóneo que pueda verificar la grabación. El juez Torres no hizo ninguna corroboración como indica la ley, sino tomó la declaración como el gran soporte convalidar de algún testigo de identidad reservada que no conoces. En función de esto es que se le indaga a los tres imputados, los tres piden a gritos saber cuales son los hechos y cuáles son las pruebas. Y eso no es aportado. Es una irregularidad extrema”, explicó.
Además, precisó que el juez Torres tomó una causa que jurisdiccionalmente no le corresponde. “Torres se arroga la competencia siendo que los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en Corrientes, es otra competencia. Es una maniobra que se identifica claramente con la de la Causa de las fotocopias de los cuadernos. Conozco cómo se presionó a mi cliente para que diga lo que ellos querían, presionado con el tema de la familia por parte del fiscal Stornelli”, detalló Barcesat.
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