Las pruebas contra Schoklender

El próximo martes y luego de seis meses de investigación, la Justicia presentará las pruebas formales con las cuales imputará al ex apoderado de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo Sergio Schoklender por el manejo irregular de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.

El fiscal Jorge Di Lello ya tiene casi listo el requerimiento con el cual le pedirá al juez federal Norberto Oyarbide que cite a indagatoria a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, entre una lista de más de una veintena personas.

Di Lello y un equipo de la fiscalía de al menos cuatro personas vienen trabajando desde hace semanas y están ultimando detalles del requerimiento, sobre todo de la reconstrucción de la ruta que tuvieron los fondos del Plan Federal de viviendas que recibía la entidad que dirige Hebe de Bonafini con operaciones bajo sospecha que alcanzarían los 50 millones de pesos.

Según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, Di Lello estudia imputar además de los Schoklender; a los  empresarios Alejandro Gotkin y Daniel Laurenti; al financista Fernando Caparrós Gómez; al piloto Gustavo Serventich; a la mano derecha de Sergio, Patricia Alonso; y a su ex esposa, Viviana Sala, entre otros.

También evalúa imputar a Alejandra Bonafini -renunció a la Fundación en septiembre tras una discusión con su madre-, de quien consta en la causa dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) bancarias: uno es por una suma de 50 mil dólares y otra por 100 mil pesos, y esos movimientos de dinero corresponden a la compra de un automóvil y a la contratación de una póliza de seguros.

Di Lello también hará referencia a un "complejo" entramado de empresas que intervinieron en la maniobra delictiva, mediante la cual se cometió defraudación y lavado de dinero, aunque no descarta imputar a los Schoklender por asociación ilícita en razón de "la cantidad de imputados", señaló la fuente a NA.

Esas empresas bajo sospecha son Meldorek –de la que es dueño Sergio Schoklender y Serventich- y a la cual las Madres le confiaron la construcción de las viviendas sociales; y Antártica Argentina, de Alejandro Gotkin, esta última a donde fue desviado dinero de la Fundación por al menos cuatro millones de pesos en cheque.

Si bien en primera tanda de indagatorias que requerirá el fiscal se descarta que esté el nombre de Hebe de Bonafini, sí se incluirá en el dictamen duros conceptos hacia su persona.

En el borrador del requerimiento, aún no está definido si el fiscal pedirá las indagatorias con detención o no, aunque suena poco probable que lo haga no sólo porque ya pasaron seis meses con los imputados en libertad, sino también porque estaría asegurada la sujeción de los mismos a la Justicia.

Una señal en ese sentido dio la Sala I de la Cámara Federal al conceder la autorización semanas atrás para que el piloto Serventich pueda salir del país.

El requerimiento será presentado a días del inicio de la feria judicial de enero, y en la cual el juez Oyarbide tiene previsto irse de vacaciones, por lo que las citaciones recién se empezarán a definir luego del receso, pese a que Sergio Schoklender intenta apurar los tiempos y hasta pidió sin éxito que se habilite el trámite de la causa durante ese mes.

Una vez que formalice el requerimiento el fiscal, Oyarbide lo estudiará junto con un informe que le hizo llegar el Banco Central de la República Argentina sobre el movimiento de fondos desde que ingresaron a la Fundación provenientes del Estado y hacia donde fueron a parar.

Aún queda pendiente un estudio que Oyarbide encargó a peritos de la Corte Suprema de Justicia, y expertos de la Facultad de Ingeniería de la UBA sobre un estudio de las obras encargadas por las Madres con fondos públicos, y para determinar –entre
otras cosas- si se pagaron sobreprecios.

Para una segunda etapa quedará pendiente la situación en la que Hebe de Bonafini quedará a partir del escándalo desatado en mayo, con el inicio de la investigación en Comodoro Py.

Al respecto, un estudio de Gendarmería concluyó que la firma de Hebe de Bonafini en el principal contrato para la construcción de viviendas con la constructora Meldorek y que data  del 28 de diciembre de 2010 es apócrifa.

Pero esa pericia fue cuestionada por Schoklender, al no haber podido designar perito de parte, y ahora se prevé un segundo estudio encargado por el juez, y que podría o no determinar la situación de la titular de Madres de Plaza de Mayo.