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Las prepagas alistan la artillería

*Por Sebastián Premici. Empresarios de la medicina privada cuestionaron el proyecto que se debate en el Congreso. Dijeron que llevarán su reclamo a Tribunales y que buscarán aumentar las cuotas para cubrir "los costos de la iniciativa", pero en ese caso el Gobierno debería autorizarlas.

Las empresas de medicina prepaga ya están preparando su estrategia para el día después de que se sancione la ley que regula al sector, si es que llega al recinto. Durante una jornada organizada por la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, los empresarios adelantaron que recurrirán a la Justicia, buscarán aumentar la cuota a sus afiliados para "soportar los costos de la iniciativa" y, como opción de mínima, trabajarán para incidir en la reglamentación de la norma. Así lo manifestaron Federico Díaz Mathe, director ejecutivo de Cimara; Roberto Nacarato, titular de la Federación de Obras Sociales de Dirección, y Enrique de Michele, titular de la Red Argentina de Salud.

Del encuentro participaron Héctor Polino, de Consumidores Libres, y Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor. Con un auditorio repleto de empresarios del sector, los representantes de los usuarios jugaron de visitante.

"Esta ley es un gran avance para muchos sectores. Quizás, muchos se sientan atacados porque estaban muy satisfechos con la configuración actual del mercado. Tendremos que convivir", señaló Andrada, ante la mirada incrédula de los empresarios. "La medicina prepaga no puede ser un sistema para los que están sanos, mientras que los que están enfermos quedan afuera. Pedir esto no quiere decir que nosotros propongamos la quiebra del sistema", agregó Andrada.

–¡Nooo, claro que no! –se escuchó entre risas y reclamos por parte de los empresarios.

La principal objeción de las EMP tiene que ver con el artículo 10 de la normativa, que establece que las empresas no podrán establecer períodos de carencia y preexistencias a la hora de tomar un nuevo afiliado. En sus argumentaciones, los empresarios reconocieron que la lógica del sistema de medicina prepaga está más relacionada con un "negocio" que con formar parte de un sistema de salud.

"Seguramente esta ley provocará que haya un redireccionamiento hacia las empresas más eficientes. Si me tengo que operar del corazón, me voy a afiliar en la compañía que tenga al mejor cardiólogo. O peor aún, la gente se va a borrar de las prepagas y se va a afiliar sólo cuando tenga una enfermedad y después se volverá a borrar", manifestó Díaz Mathe, quien agregó: "El costo de esto será que las empresas sobrevivirán aumentando sus cuotas o dejando de tomar nuevos afiliados".

En Argentina, el sistema de salud está integrado por tres partes, el público, el privado y las obras sociales. Si bien para algunos es una fragmentación y no una integración de componentes, existen vasos comunicantes. "No puede ser que una actividad que involucra a 4,5 millones de usuarios no tenga un marco regulatorio. Las prepagas integran el sistema nacional de salud y el Estado tiene que regularlas", sostuvo Polino.

–¿Por qué en sus 12 años como diputado no presentó ninguna ley sobre este tema? –le preguntaron al ex diputado desde la audiencia.

–¿Y por qué no lo hicieron ustedes, que se quejan ahora? –respondió.

–A nosotros no nos pagan para eso –le retrucaron.

–No todo tiene que ver con el dinero, yo trabajo en una asociación sin fines de lucro y estoy acá defendiendo los intereses de los usuarios –concluyó el intercambio Polino.

El proyecto que podría ser sancionado el próximo miércoles en la Cámara de Diputados inició su trámite parlamentario en 2006, tuvo una primera media sanción por unanimidad en 2008 y fue tratada por el Senado el año pasado, cuando estaba por perder estado parlamentario. "No entiendo por qué entre gallos y medianoche nos quieren sacar del mercado. Por eso ya estamos armando un documento técnico para ver cómo seguimos reclamando por este tema", indicó Nacaroto.

Esta iniciativa no es nueva, lleva más de cinco años de tratamiento. Según indicó Polino, en el medio hubo silencio por parte de las prepagas para evitar cualquier tratamiento del proyecto. "Si hubieran tenido la voluntad de analizar el tema, habrían dado el debate para cambiar los aspectos más conflictivos. Pero optaron por que se cajoneara todo", concluyó el ex diputado.