Las leyes contra el lavado de dinero
La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en Ley dos normas que penalizan el lavado de activos para el financiamiento del terrorismo.
Las tres iniciativas recibieron un importante apoyo del Frente para la Victoria y de sus aliados, tras un debate que se inició anoche, a las 22.30, y que llevó más de tres horas y que se produjo luego de que fuera aprobada la Ley de Presupuesto 2012.
Sin embargo, la legislación sobre lavado de activos obtuvo varias críticas de parte de la oposición.
Las leyes contra el lavado de dinero incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de ilícitos cometidos con finalidad terrorista.
El primero de los textos propone una modificación al Código Penal e incorpora un artículo por el que "cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo".
Aclara además que la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal "en ningún caso podrán ser aplicados a hechos que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales".
La otra propuesta, en tanto, incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, juntamente con el lavado de dinero, afecten el orden económico y financiero" del país.
Se incluye el "delito de abuso de información privilegiada que, por sus características, pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables".
Además, la iniciativa incluye la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien reciba un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
La reforma al régimen Penal Tributario aprobada apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuales se considera como delito a la evasión.
El presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista entrerriano Pedro Guastavino, habló de la existencia de "corridas bancarias con intencionalidades claras de producir crisis económicas", y remarcó que esa es una de las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
También mencionó que la norma penaliza el lavado de dinero para la financiación de actos terroristas incluso "si la finalidad del delito fuese obligar a las autoridades públicas a hacer un acto o abstenerse de hacerlo".
El radical mendocino, Ernesto Sanz, consideró que las reformas a la legislación antilavado "no van a resolver las desviaciones del sistema financiero".
Además dijo que a pesar de compartir el "compromiso de la prevención del terrorismo" criticó que la iniciativa "es la peor respuesta" por "haber usado como herramienta la duplicación de las penas de todos los delitos del Código Penal que se cometan con finalidad terrorista".
"Como está escrito, abre la puerta a la criminalización de la protesta social", sentenció Sanz al señalar que la aplicación de la ley está dejada a la discrecionalidad de la justicia.
A su turno, el jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto, reconoció que "la estructuración del GAFI está construida desde la visión de los países centrales tras los ataques terroristas que sufrieron".
Pero aclaró que "Esta norma tiene la consecuencia de pertenecer. Si no estuviéramos incorporados al GAFI no estaríamos votando esta norma. Pero el reclamo social no puede ser nunca considerado una actividad terrorista".
Sin embargo, la legislación sobre lavado de activos obtuvo varias críticas de parte de la oposición.
Las leyes contra el lavado de dinero incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de ilícitos cometidos con finalidad terrorista.
El primero de los textos propone una modificación al Código Penal e incorpora un artículo por el que "cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo".
Aclara además que la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal "en ningún caso podrán ser aplicados a hechos que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales".
La otra propuesta, en tanto, incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, juntamente con el lavado de dinero, afecten el orden económico y financiero" del país.
Se incluye el "delito de abuso de información privilegiada que, por sus características, pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables".
Además, la iniciativa incluye la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien reciba un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
La reforma al régimen Penal Tributario aprobada apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuales se considera como delito a la evasión.
El presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista entrerriano Pedro Guastavino, habló de la existencia de "corridas bancarias con intencionalidades claras de producir crisis económicas", y remarcó que esa es una de las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
También mencionó que la norma penaliza el lavado de dinero para la financiación de actos terroristas incluso "si la finalidad del delito fuese obligar a las autoridades públicas a hacer un acto o abstenerse de hacerlo".
El radical mendocino, Ernesto Sanz, consideró que las reformas a la legislación antilavado "no van a resolver las desviaciones del sistema financiero".
Además dijo que a pesar de compartir el "compromiso de la prevención del terrorismo" criticó que la iniciativa "es la peor respuesta" por "haber usado como herramienta la duplicación de las penas de todos los delitos del Código Penal que se cometan con finalidad terrorista".
"Como está escrito, abre la puerta a la criminalización de la protesta social", sentenció Sanz al señalar que la aplicación de la ley está dejada a la discrecionalidad de la justicia.
A su turno, el jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto, reconoció que "la estructuración del GAFI está construida desde la visión de los países centrales tras los ataques terroristas que sufrieron".
Pero aclaró que "Esta norma tiene la consecuencia de pertenecer. Si no estuviéramos incorporados al GAFI no estaríamos votando esta norma. Pero el reclamo social no puede ser nunca considerado una actividad terrorista".