Las lecciones de Soldati
*Por Luis Majul. No hay por qué desconfiar de las buenas intenciones de la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré. Ella está empeñada en que no haya ni una víctima más de la represión policial.
También pretende terminar con las cajas de la corrupción de la Policía Federal que se mantuvieron y crecieron desde 2003 hasta ahora mismo. Sería formidable que lo pudiera lograr. Y cuanto antes.
Sin embargo, su rutilante designación no debería ocultar las verdaderas lecciones de Villa Soldati.
Son varias y muy evidentes:
La presidenta no disparó las armas, pero fue bajo su conducción política cuando sucedieron los asesinatos del Indoamericano. Y todo parece indicar que se trató de balas utilizadas por la Policía Federal, organismo que depende del gobierno nacional. ¿Qué hubiera pasado si los peritos hubiesen determinado que eran proyectiles de la Metropolitana? La presión sobre Mauricio Macri hubiese sido insostenible.
La política nacional de vivienda que se viene implementando desde la asunción presidencial de Néstor Kirchner, es discriminatoria. Además, revela un sistema de corrupción que fue denunciado una y otra vez, pero que jamás fue modificado. Se sabe y se confirma: las provincias más beneficiadas son las amigas del Gobierno. Se trata de Santa Cruz, provincia de Buenos Aires y Tucumán, entre las más favorecidas. Las menos beneficiadas y excluidas son la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y San Luis, provincia, esta última, a la que el Plan Nacional de Viviendas no le ha adjudicado ni una sola. Para colmo, el costo del metro cuadrado de esas viviendas sociales ha crecido mucho más que la inflación real, y muy por encima de la que dibuja el INDEC. Se trata de la peor corrupción porque se monta en el aprovechamiento a los más necesitados.
Para muestra basta un botón: Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz, renunció a su cargo en 2004 cuando pretendieron que convalidara con sus firmas los sobreprecios en la obra pública y las viviendas sociales que se acordaban entre la Nación y las contratistas. Acevedo me confesó que Kirchner le empezó a hacer la vida imposible cuando él decidió desplazar a su primo, Carlos Santiago Kirchner como presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de Santa Cruz. Carlos Santiago no se fue a su casa: desde julio de 2005 es subsecretario de de Coordinación de la Obra Pública Federal. Su negocio, desde entonces, es coordinar las obras públicas con los intendentes de todo el país.
La noble idea de Cristina Fernández de impedir que los miembros de las fuerzas de seguridad asesinen a quienes reclaman mejores condiciones de trabajo, viviendas dignas y no discriminación en los planes sociales se contradice con la perversa intención de ‘tirarle los muertos‘ a los adversarios políticos. Lo intenta cada vez más seguido con Eduardo Duhalde y lo intentó además con el propio Macri al ordenar que se aceleraran las pericias para confirmar si los asesinos estaban en las filas de la Metropolitana.
Es evidente que Duhalde y Macri crecen en intención de voto cuando uno afirma que hay que poner orden y que la inmigración está descontrolada. Ambos son oportunistas y está claro que ninguno de los dos hizo mucho para resolver el problema estructural de la pobreza y la falta de vivienda. Pero acusarlos de delitos que no cometieron no sólo es una inmoralidad. Además, quita credibilidad a la Presidenta y los ministros que repiten las acusaciones.
Lo mismo sucede cuando se recuerdan a unos muertos y se ignoran a otros. Los dos indios tobas Sixto Gómez y Roberto López, el policía provincial Héber Falcón, en Formosa, donde gobierna el ultrak Gildo Insfrán, Mariano Ferreyra y Rubén Carballo, asesinado a golpes por un grupo de policías federales durante el recital de Viejas Locas en cancha de Vélez, por citar solo los últimos, son tan dignos de recordar como Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, por citar solo a los que afectaron al ex presidente Duhalde.
Y una última lección: cuando el Estado nacional anuncia que no va a reprimir, es posible que quienes manipulan a personas decentes y necesitadas escuchen que el Gobierno permite la ocupación de terrenos públicos y privados sin castigos para los que violan la ley.
La toma de decenas de predios de los últimos días es la evidencia más concreta que prueba esta hipótesis.