Las guerras del agua y del poder
*Por Gabriel Bustos Herrera. Paco Pérez incentivó inesperadamente las viejas angustias del agua escasa. Quiere licitación pública para los futuros pozos de agua subterránea, al mejor postor.
A fines de los ‘60, uno de los Kennedy sorprendió proponiendo el Nobel de la Paz para el que más hiciera por resolver las inminentes guerras por el agua. Intuía que iba a ser el motor o el féretro del nuevo mundo. Visión de estadista: ya se advierte descarada la lucha por el agua escasa.
Aquí, en particular por los pozos subterráneos que nutren debajo de las más excelsas zonas vitivinícolas mendocinas -al oeste, en la margen derecha del Mendoza y la cola del Tunuyán- donde el progreso del inversor depende de pinchar el suelo y sacar agua de los acuíferos (cuyas recargas languidecen poco a poco), porque la superficial no alcanza.
La discusión del petróleo, de la minería y una larga secuela de corruptelas y "fábrica de excepciones" han desnudado las disputas entre el mercado y los productores chicos: el reciente escándalo de Irrigación desnudó la lucha.
El de hoy es un mundo muy diferente -y colapsado- respecto del que previeron Cipolletti, Balloffet, los constitucionalistas de 1916 y luego todos nuestros viejos en la lucha contra la arena y el agua pobre. Es otro mundo de aquél en el que regábamos como los indios huarpes, a manto, cuando la falta de agua no era el fantasma tan temido.
El mundo ya se avivó, cambió las reglas de este juego y armó una infraestructura hábil para embalsar más agua, para canalizarla y meterle presión y luego para ayudar al productor a regar fincas adentro con regímenes que le permiten usar menos de la mitad del agua que dilapidaban por hectárea nuestros abuelos.
Lo viví en las riveras del Ródano al sur de Francia: en 40 años lograron con inversión pública y reformas legales que el 95% de los productores floristas, de esencias del vino famoso, rieguen por métodos de presión; 90% de la red de canales está impermeabilizada y entubada. Ahora tienen agua para vender a Cataluña a través de un ducto que cruza los Pirineos.
Como los Huarpes. Nosotros todavía usamos en el riego el 75-80% del agua de nuestros ríos. Y eso para surtir sólo el 3% del suelo provincial. De ese volumen llega a la raíz menos del 37%.
Si Mendoza, si la región, consiguiera bajar ese consumo a menos de la mitad -sistematizando y modernizando su riego-, replanteando incluso su legislación centenaria, los problemas del futuro seco podrían comenzar un proceso de reacción oportuna.
Si consiguiéramos conciencia de que este bien público es finito y caro de entregar (caudales bajos, glaciares en retroceso, contaminación, calentamiento global), que es un bien con costo cada vez más alto, que aún se dilapida o que queda a veces en manos de la corrupción.
Si pudiéramos meter en las conciencias que el agua no es un don natural que provee Dios infinitamente, incentivando la conciencia del uso racional y el ahorro de agua en todos sus usos; si entendiéramos que todo lo que soñemos depende de esto... pues, la cosa podría comenzar a cambiar.
En el gran río del Norte -el Mendoza, en cuyas márgenes vive el 70% de los mendocinos y se genera el 68% del PBG provincial- ya no se puede abastecer ni el 60% de los derechos empadronados. La provisión está colapsada hace rato: así, en el oasis del Norte ya no podemos expandir el modelo productivo. El sur no la pasa mejor.
Quién le cree a quién. Tendríamos que actualizar, con consenso y derecho, el andamiaje técnico y legal que proteja de una competencia impiadosa a los que quieren producir pero que enfrentan menores posibilidades que los dueños del capital grande, nacional o internacional (sobre todo estos, que vienen con crédito más barato y aquí compran como en liquidación).
Está en juego la tierra, su uso, la distribución y el equilibrio que exige el proceso de concentración de la economía mundial.
En Mendoza, el 80% de nuestros agricultores -chacareros, fruteros, ajeros, aceiteros, vitivinícolas- vive de fincas pequeñas de menos de 15 hectáreas (en la fruta el más alto porcentaje de productores trabaja fincas de 2 a 5 hectáreas) y el proceso de concentración ya se va haciendo notar. Una pyme no puede competir en una licitación contra los grandes grupos de inversión y los pequeños todavía no tienen acendrado el espíritu de la asociatividad en grupos para la economía de escala (sólo se advierte un incipiente movimiento en la nueva vitivinicultura).
Necesitamos a esos capitales fuertes. Como los 3.500 millones de dólares que invirtió aquí en la vitivinicultura el capital de desarrollo nacional e internacional; como los paquetes que dieron a Mendoza una capacidad de ciudad turística a la altura de las mejores ciudades del mundo. Como los petroleros. Como los mineros menos dañinos. Pero todos ellos necesitan agua para ese fin y es el bien escaso y caro que se disputa el mercado, que es impiadoso y no tiene bandera.
Chile viene de un estrepitoso fracaso en su intento de actualización, cuando abrió al mercado la obtención del agua y terminó en un desastre social, sobre todo en el Norte donde el recurso es ínfimo (y operan las más grandes mineras).
California trata de ordenarse y tiene problemas de distribución en el famoso Napa Valley.
Los españoles están en eso y avanzan con prudencia intentando reformas en el derecho, en el equilibrio entre mercado de capitales y la economía pyme, que también caracteriza a los españoles.
Cierto es que la gente -con fundadas razones de degradación política- no confía en la capacidad del Estado para resguardar los derechos públicos (en una Argentina pyme), para cuidar que el petróleo no dañe las entrañas de nuestro suelo, para cuidar que la minería no dilapide el agua escasa que nos agobia, para cuidar que el capital de explotación -cualquiera sea el escenario- aproveche, haga negocios y le deje a la comunidad al saldo justo y de derecho que tiene como dueña del recurso. Ya hemos vivido esos contrastes.
Los nuevos tiempos. En un trabajo que conocí en Irrigación hace unos años, repasé los intentos de montar un Banco de Aguas -oferta, demanda, disponibilidades por cuenca- que pretendió complementarse con un exhaustivo RUA -Registro Único del Agua- que van a servir de base de operaciones para la mejor distribución del agua y sus derechos, cuenca por cuenca, río por río. Señalaba que "el mercado de derechos de agua constituye una herramienta que debiera ser considerada al desplegar políticas y acciones para la reasignación y preservación cuali-cuantitativa del recurso hídrico". En la práctica está demorado.
Agregaban los técnicos y abogados, que "es necesario adecuar las instituciones que posibilitarían el uso de instrumentos eficaces para la preservación del interés público y la redistribución del agua porque promovería un uso más eficiente del agua; la determinación volumétrica permitiría incentivar el ahorro al avanzar en una contribución por consumo real; la ampliación de los instrumentos de mercado facilitaría una reasignación más eficiente del agua".
Pero... ¿quién se constituye en el mejor postor, frente a los grandes proyectos? En el informe de Irrigación, se afirmaba: cuando se acredite fehacientemente el mayor beneficio económico-social, cláusula del interés público netamente superior al de la solicitud competitiva ajustada al valor financiero". Es decir, se tomaría como criterio de selección si son grupos integrados de productores chicos o si establece válidamente el mayor beneficio económico y social!, leí.
Pero hay que arrancar en el consenso de la base.
Tal vez, como lo está haciendo la vitivinicultura en una integración público, privada y con todos los protagonistas en la mesa, con normas de regulación pública e instrumentos de control adecuados, puestos luego en la convalidación parlamentaria. Una política que se sostenga más allá de los cambios partidarios de gobierno. Tenemos la tan demandada Ley de Uso del Suelo (que por cierto incluye el agua disponible y la preservación de las áreas fértiles). ¿Y? Es un tema tan condicionante de la vida misma, que no puede ser tirado circunstancialmente como un título para los diarios en una siesta vendimial.
Aquí, en particular por los pozos subterráneos que nutren debajo de las más excelsas zonas vitivinícolas mendocinas -al oeste, en la margen derecha del Mendoza y la cola del Tunuyán- donde el progreso del inversor depende de pinchar el suelo y sacar agua de los acuíferos (cuyas recargas languidecen poco a poco), porque la superficial no alcanza.
La discusión del petróleo, de la minería y una larga secuela de corruptelas y "fábrica de excepciones" han desnudado las disputas entre el mercado y los productores chicos: el reciente escándalo de Irrigación desnudó la lucha.
El de hoy es un mundo muy diferente -y colapsado- respecto del que previeron Cipolletti, Balloffet, los constitucionalistas de 1916 y luego todos nuestros viejos en la lucha contra la arena y el agua pobre. Es otro mundo de aquél en el que regábamos como los indios huarpes, a manto, cuando la falta de agua no era el fantasma tan temido.
El mundo ya se avivó, cambió las reglas de este juego y armó una infraestructura hábil para embalsar más agua, para canalizarla y meterle presión y luego para ayudar al productor a regar fincas adentro con regímenes que le permiten usar menos de la mitad del agua que dilapidaban por hectárea nuestros abuelos.
Lo viví en las riveras del Ródano al sur de Francia: en 40 años lograron con inversión pública y reformas legales que el 95% de los productores floristas, de esencias del vino famoso, rieguen por métodos de presión; 90% de la red de canales está impermeabilizada y entubada. Ahora tienen agua para vender a Cataluña a través de un ducto que cruza los Pirineos.
Como los Huarpes. Nosotros todavía usamos en el riego el 75-80% del agua de nuestros ríos. Y eso para surtir sólo el 3% del suelo provincial. De ese volumen llega a la raíz menos del 37%.
Si Mendoza, si la región, consiguiera bajar ese consumo a menos de la mitad -sistematizando y modernizando su riego-, replanteando incluso su legislación centenaria, los problemas del futuro seco podrían comenzar un proceso de reacción oportuna.
Si consiguiéramos conciencia de que este bien público es finito y caro de entregar (caudales bajos, glaciares en retroceso, contaminación, calentamiento global), que es un bien con costo cada vez más alto, que aún se dilapida o que queda a veces en manos de la corrupción.
Si pudiéramos meter en las conciencias que el agua no es un don natural que provee Dios infinitamente, incentivando la conciencia del uso racional y el ahorro de agua en todos sus usos; si entendiéramos que todo lo que soñemos depende de esto... pues, la cosa podría comenzar a cambiar.
En el gran río del Norte -el Mendoza, en cuyas márgenes vive el 70% de los mendocinos y se genera el 68% del PBG provincial- ya no se puede abastecer ni el 60% de los derechos empadronados. La provisión está colapsada hace rato: así, en el oasis del Norte ya no podemos expandir el modelo productivo. El sur no la pasa mejor.
Quién le cree a quién. Tendríamos que actualizar, con consenso y derecho, el andamiaje técnico y legal que proteja de una competencia impiadosa a los que quieren producir pero que enfrentan menores posibilidades que los dueños del capital grande, nacional o internacional (sobre todo estos, que vienen con crédito más barato y aquí compran como en liquidación).
Está en juego la tierra, su uso, la distribución y el equilibrio que exige el proceso de concentración de la economía mundial.
En Mendoza, el 80% de nuestros agricultores -chacareros, fruteros, ajeros, aceiteros, vitivinícolas- vive de fincas pequeñas de menos de 15 hectáreas (en la fruta el más alto porcentaje de productores trabaja fincas de 2 a 5 hectáreas) y el proceso de concentración ya se va haciendo notar. Una pyme no puede competir en una licitación contra los grandes grupos de inversión y los pequeños todavía no tienen acendrado el espíritu de la asociatividad en grupos para la economía de escala (sólo se advierte un incipiente movimiento en la nueva vitivinicultura).
Necesitamos a esos capitales fuertes. Como los 3.500 millones de dólares que invirtió aquí en la vitivinicultura el capital de desarrollo nacional e internacional; como los paquetes que dieron a Mendoza una capacidad de ciudad turística a la altura de las mejores ciudades del mundo. Como los petroleros. Como los mineros menos dañinos. Pero todos ellos necesitan agua para ese fin y es el bien escaso y caro que se disputa el mercado, que es impiadoso y no tiene bandera.
Chile viene de un estrepitoso fracaso en su intento de actualización, cuando abrió al mercado la obtención del agua y terminó en un desastre social, sobre todo en el Norte donde el recurso es ínfimo (y operan las más grandes mineras).
California trata de ordenarse y tiene problemas de distribución en el famoso Napa Valley.
Los españoles están en eso y avanzan con prudencia intentando reformas en el derecho, en el equilibrio entre mercado de capitales y la economía pyme, que también caracteriza a los españoles.
Cierto es que la gente -con fundadas razones de degradación política- no confía en la capacidad del Estado para resguardar los derechos públicos (en una Argentina pyme), para cuidar que el petróleo no dañe las entrañas de nuestro suelo, para cuidar que la minería no dilapide el agua escasa que nos agobia, para cuidar que el capital de explotación -cualquiera sea el escenario- aproveche, haga negocios y le deje a la comunidad al saldo justo y de derecho que tiene como dueña del recurso. Ya hemos vivido esos contrastes.
Los nuevos tiempos. En un trabajo que conocí en Irrigación hace unos años, repasé los intentos de montar un Banco de Aguas -oferta, demanda, disponibilidades por cuenca- que pretendió complementarse con un exhaustivo RUA -Registro Único del Agua- que van a servir de base de operaciones para la mejor distribución del agua y sus derechos, cuenca por cuenca, río por río. Señalaba que "el mercado de derechos de agua constituye una herramienta que debiera ser considerada al desplegar políticas y acciones para la reasignación y preservación cuali-cuantitativa del recurso hídrico". En la práctica está demorado.
Agregaban los técnicos y abogados, que "es necesario adecuar las instituciones que posibilitarían el uso de instrumentos eficaces para la preservación del interés público y la redistribución del agua porque promovería un uso más eficiente del agua; la determinación volumétrica permitiría incentivar el ahorro al avanzar en una contribución por consumo real; la ampliación de los instrumentos de mercado facilitaría una reasignación más eficiente del agua".
Pero... ¿quién se constituye en el mejor postor, frente a los grandes proyectos? En el informe de Irrigación, se afirmaba: cuando se acredite fehacientemente el mayor beneficio económico-social, cláusula del interés público netamente superior al de la solicitud competitiva ajustada al valor financiero". Es decir, se tomaría como criterio de selección si son grupos integrados de productores chicos o si establece válidamente el mayor beneficio económico y social!, leí.
Pero hay que arrancar en el consenso de la base.
Tal vez, como lo está haciendo la vitivinicultura en una integración público, privada y con todos los protagonistas en la mesa, con normas de regulación pública e instrumentos de control adecuados, puestos luego en la convalidación parlamentaria. Una política que se sostenga más allá de los cambios partidarios de gobierno. Tenemos la tan demandada Ley de Uso del Suelo (que por cierto incluye el agua disponible y la preservación de las áreas fértiles). ¿Y? Es un tema tan condicionante de la vida misma, que no puede ser tirado circunstancialmente como un título para los diarios en una siesta vendimial.