Las empresas de medicina prepaga advierten que irán a la Justicia si avanza una iniciativa que favorece a las obras sociales sindicales

Una nueva guerra está a punto de comenzar entre las  empresas de medicina prepaga y el Gobierno por la iniciativa para cobrarles un 15% sobre el total de lo recaudado por los trabajadores que pagan por la cobertura. La propuesta surgió de Sergio Palazzo, diputado nacional con buena llegada a Cristina Kirchner y titular del gremio Asociación Bancaria. Fue materializada en un artículo del proyecto del Presupuesto 2023.

Fuentes del sector adelantaron a TN que se enteraron por los medios de la iniciativa, y que si esta avanza abrirán un frente en la Justicia mediante vías cautelares o recursos de amparo. Denuncian un traspaso de recursos del sistema privado al público (de las prepagas a las obras sociales). Y advierten, además, que todo costo se trasladará a los afiliados.

Según datos de la industria, el sistema de salud comprende alrededor de 33 millones de personas, de las cuales 6 millones pagan por el servicio. De este último número se desprenden 4,5 millones de trabajadores formales que derivan sus aportes, mientras que 1,5 millones restantes abona la cuota completa.

El borrador del proyecto establece que las prepagas deberán pagar 15% sobre el adicional afrontado por los 4,5 millones de trabajadores que derivan sus aportes. El destino de lo recaudado será el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), a cargo de los reintegros a las obras sociales por tratamientos de alto costo y complejidad.

La iniciativa obtuvo este jueves el dictamen de la Comisión de Presupuesto y será tratada el martes en la Cámara de Diputados. De ser aprobada, debería obtener la venia en Senadores para convertirse en ley.

En la generalidad, el empleado por sus aportes deriva el 70%, mientras que paga en forma directa el 30% restante. La propuesta de Palazzo implica cobrarles a las empresas un 15% de la fracción afrontada por el trabajador de su bolsillo.

“Si avanza, ese 15% se trasladará al valor de la cuota. No podemos absorber un costo más”, advierten las empresas.

En los 10 meses que lleva el año, la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó ocho subas, y el incremento acumulado del costo del servicio en 2023 asciende al 87,9%. El último aumento fue del 11,53% y corresponde a octubre.

Los incrementos autorizados por el organismo se basan en el Índice de Costos de Salud, que se trata de un sistema de ajustes en las cuotas que contempla la evolución de los rubros de recursos humanos, medicamentos, insumos médicos y otros insumos significativos para determinar la suba de los servicios. El cálculo se elabora de forma bimestral.