Las dos manos invisibles
* Por Osvaldo H. Schenone. Hace más de dos siglos Adam Smith descubrió que cuando cada individuo orienta su actividad de manera de producir un valor máximo, busca sólo su propio beneficio; pero, en este caso como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos.
Hace más de dos siglos Adam Smith descubrió que cuando cada individuo orienta su actividad de manera de producir un valor máximo, busca sólo su propio beneficio; pero, en este caso como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Los mercados libremente competitivos hacen que la sociedad saque el mayor provecho posible de sus recursos disponibles. Y esto sucede aunque no haya sido el propósito de los individuos que intervinieron.
Este notable resultado no ha despertado el interés, ni siquiera moderado, de los hacedores locales de políticas públicas. Por el contrario, estas políticas son deliberadamente diseñadas para obstruir y entorpecer el funcionamiento de mercados libremente competitivos. Basta considerar las restricciones al comercio internacional, las limitaciones a la libertad de trabajar (por medio de leyes de salario mínimo, de agremiación forzosa, de licencias y permisos para funcionar), la fijación gubernamental de precios de bienes y servicios, la tributación selectiva y discrecional, la creación inflacionaria de dinero, y la lista podría ser tan extensa como sea la vocación de los gobiernos por controlar y dirigir la vida de sus ciudadanos.
¿Cuál es el mecanismo por el que democráticamente se elige desaprovechar estas ventajas? Este enigma comienza a develarse apenas observamos que los beneficios de estas políticas se concentran en unos pocos beneficiarios; mientras que los costos se diluyen en una multitud de perjudicados.
Por ejemplo, ninguno de los millones de consumidores de ropa que tiene que pagar u$s 10 más por una camisa debido a la protección arancelaria a la industria textil encontrará conveniente ni siquiera aprender como oponerse, y mucho menos gastar recursos en oposición a los aranceles aduaneros a la ropa. En cambio, los productores textiles tiene incentivos para dedicar recursos a defender una protección que le provee beneficios millonarios. Y lo mismo puede decirse de la industria metalmecánica, electrónica o farmacéutica.
La provisión de educación universitaria gratuita es otro ejemplo. Con dinero recaudado de los millones de habitantes, se financian las universidades estatales que proveen educación a unos cuantos miles de estudiantes. Para cada uno de ellos es muy importante defender esta política, mientras que la contribución individual de las personas que la financian no justificaría el esfuerzo de oponerse.
Otro ejemplo: Las leyes de salario mínimo benefician exclusivamente a los trabajadores que reúnen dos características: 1ª) mantienen su empleo y 2ª) en ausencia de la legislación hubieran cobrado menos que el mínimo legal. Por otra parte, los que pierden su empleo debido al encarecimiento del salario y todos los consumidores (que pagan mayores precios) son quienes soportan los costos de esta política.
Los promotores de políticas públicas desastrosas, pero con buenas intenciones, podrían creer de buena fe que están promoviendo el interés general, dejándose confundir por la falta de oposición.
Esto dio lugar a que Milton Friedman declarara que existe en política una segunda mano invisible que opera en dirección opuesta a la descubierta por Adam Smith: políticos que solamente intentan, quizás de buena fe, promover el interés general son llevados por una mano invisible a favorecer un interés particular.
El ciudadano se encuentra, así, atrapado en un triángulo de hierro, como lo denomina Milton Friedman. En un vértice se encuentran los beneficiarios privados que peticionan la adopción de las políticas que les den mayores ganancias. En el segundo vértice están los políticos que reciben estas peticiones y no ven la existencia de oposición a tales políticas, por aquello de que los beneficios se concentran y los costos se diluyen. En el tercer vértice se ubican los burócratas que, aunque no sean corruptos, se ganan la vida dispensando los beneficios generados por la política de que se trate.
La consecuencia es el crecimiento ilimitado del tamaño del sector público. Esto no se soluciona eligiendo correctamente a los políticos, porque una vez elegidos harían las cosas incorrectas, confundidos por la falta de oposición. La solución que debe considerarse parece ser imponer límites constitucionales al tamaño del gobierno y a las políticas que esta autorizado a aprobar.
Este notable resultado no ha despertado el interés, ni siquiera moderado, de los hacedores locales de políticas públicas. Por el contrario, estas políticas son deliberadamente diseñadas para obstruir y entorpecer el funcionamiento de mercados libremente competitivos. Basta considerar las restricciones al comercio internacional, las limitaciones a la libertad de trabajar (por medio de leyes de salario mínimo, de agremiación forzosa, de licencias y permisos para funcionar), la fijación gubernamental de precios de bienes y servicios, la tributación selectiva y discrecional, la creación inflacionaria de dinero, y la lista podría ser tan extensa como sea la vocación de los gobiernos por controlar y dirigir la vida de sus ciudadanos.
¿Cuál es el mecanismo por el que democráticamente se elige desaprovechar estas ventajas? Este enigma comienza a develarse apenas observamos que los beneficios de estas políticas se concentran en unos pocos beneficiarios; mientras que los costos se diluyen en una multitud de perjudicados.
Por ejemplo, ninguno de los millones de consumidores de ropa que tiene que pagar u$s 10 más por una camisa debido a la protección arancelaria a la industria textil encontrará conveniente ni siquiera aprender como oponerse, y mucho menos gastar recursos en oposición a los aranceles aduaneros a la ropa. En cambio, los productores textiles tiene incentivos para dedicar recursos a defender una protección que le provee beneficios millonarios. Y lo mismo puede decirse de la industria metalmecánica, electrónica o farmacéutica.
La provisión de educación universitaria gratuita es otro ejemplo. Con dinero recaudado de los millones de habitantes, se financian las universidades estatales que proveen educación a unos cuantos miles de estudiantes. Para cada uno de ellos es muy importante defender esta política, mientras que la contribución individual de las personas que la financian no justificaría el esfuerzo de oponerse.
Otro ejemplo: Las leyes de salario mínimo benefician exclusivamente a los trabajadores que reúnen dos características: 1ª) mantienen su empleo y 2ª) en ausencia de la legislación hubieran cobrado menos que el mínimo legal. Por otra parte, los que pierden su empleo debido al encarecimiento del salario y todos los consumidores (que pagan mayores precios) son quienes soportan los costos de esta política.
Los promotores de políticas públicas desastrosas, pero con buenas intenciones, podrían creer de buena fe que están promoviendo el interés general, dejándose confundir por la falta de oposición.
Esto dio lugar a que Milton Friedman declarara que existe en política una segunda mano invisible que opera en dirección opuesta a la descubierta por Adam Smith: políticos que solamente intentan, quizás de buena fe, promover el interés general son llevados por una mano invisible a favorecer un interés particular.
El ciudadano se encuentra, así, atrapado en un triángulo de hierro, como lo denomina Milton Friedman. En un vértice se encuentran los beneficiarios privados que peticionan la adopción de las políticas que les den mayores ganancias. En el segundo vértice están los políticos que reciben estas peticiones y no ven la existencia de oposición a tales políticas, por aquello de que los beneficios se concentran y los costos se diluyen. En el tercer vértice se ubican los burócratas que, aunque no sean corruptos, se ganan la vida dispensando los beneficios generados por la política de que se trate.
La consecuencia es el crecimiento ilimitado del tamaño del sector público. Esto no se soluciona eligiendo correctamente a los políticos, porque una vez elegidos harían las cosas incorrectas, confundidos por la falta de oposición. La solución que debe considerarse parece ser imponer límites constitucionales al tamaño del gobierno y a las políticas que esta autorizado a aprobar.