Las claves del acuerdo que busca el Gobierno en la negociación con el FMI

En el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional este fin de semana se  ingresará en “zona crítica”. Es que en Washington se encuentra trabajando una misión argentina para apuntalar el trabajo técnico con el staff del organismo que le permita al Poder Ejecutivo terminar de delinear el programa económico plurianual que se debatirá en el Congreso. Para el sector privado, el resultado del toma y daca entre los técnicos determinará qué horizonte tendrá la economía argentina para los próximos años.

La delegación argentina tiene el mandato de acortar las “brechas” en las conversaciones, pero en el Gobierno entienden que esa misión no tiene la potestad de alcanzar en este mismo fin de semana un entendimiento definitivo. Más bien, tendrá como meta ajustar “líneas de trabajo”, según mencionaron desde la Casa Rosada. “Estamos muy encaminados”, mencionó en las últimas horas un alto funcionario del equipo económico.

El apretón de manos quedará para el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que en rigor son los dos funcionarios que deberán poner la firma al nuevo programa a 10 años, que reestructurará los USD 44.000 millones del préstamo Stand-By que recibió el gobierno de Mauricio Macri, de los USD 57.000 millones que firmó en junio de 2018, y que incluirá un plazo de gracia estimado en cuatro años y medio antes de que el Estado argentino vuelva a girar un dólar hacia Washington.

El Gobierno se propuso como meta de máxima poder tener un acuerdo financiero cerrado a fin de año, cuando se cumplirían unos catorce meses de que iniciaron las conversaciones y 16 desde que firmó la carta de intención para comenzar el proceso de reestructuración, con un largo intercambio de pareceres técnicos en Washington, Buenos Aires y Roma como tres sedes centrales de los encuentros con los dos funcionarios que lideraron el staff del Fondo, Julie Kozack y Luis Cubeddu.

Sin embargo, en la tarde del viernes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, bajó la expectativa por un acuerdo rápido: “Todavía queda mucho por hacer”, dijo.

La primera clave para analizar la última etapa que se abrió en la negociación fue el contexto económico que forzó a una aceleración hacia un sprint final que conduzca a un programa financiero nuevo. La aceleración inflacionaria, el atraso del dólar mayorista y, fundamentalmente, las presiones cambiarias por la debilidad de las reservas del Banco Central ensancharon la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos.

Las tensiones en el frente cambiario obligaron a las autoridades a buscar una señal al mercado que descomprima la situación. Y el fin del proceso electoral con la derrota en los comicios parlamentarios del 14 de noviembre terminó de liberar el dique para que el equipo económico avance definitivamente hacia un entendimiento técnico con el Fondo.

Como es conocido, el programa plurianual que se discutirá con el FMI contendrá algunas de las variables macroeconómicas decisivas para los próximos años, entre ellas el camino de recorte del déficit fiscal. Mientras Guzmán oferta limitarlo a 3,3% del PBI para 2022, el Fondo Monetario busca una cifra más cercana al 2,5% del PBI, según estimó la consultora Equilibra. No es una diferencia menor, ya que implicaría una distancia de unos $350.000 millones entre una postura y otra.

Parte de esa discusión sobre el sendero fiscal tiene que ver con la velocidad a la que el Gobierno elija recortar la cuenta presupuestaria de subsidios, un reclamo habitual de los organismos financieros internacionales, en especial con la parte de subvenciones que está dirigida a sectores de la población que no lo necesitan.

Según la consultora Analytica, “el nuevo acuerdo con el FMI incluirá, como requisito principal, un sendero de reducción del déficit primario que contendrá recortes del gasto público”. “En el tránsito hacia esa reducción en el gasto público existen escasas opciones que cumplen con estos tres requisitos. La segmentación de las tarifas de servicios públicos es una de ellas”, mencionó en un informe reciente.

“Si bien el proyecto de presupuesto para 2022 contiene una pauta de déficit primario del 3,3% del PBI, 0,7 puntos menos que el asumido para el corriente año, se descuenta que para el cierre del acuerdo con el FMI la reducción deberá ser mayor. Difícilmente sea inferior a un punto del producto, lo que significa que el déficit primario sería del orden de 2,5% del PBI el próximo año”, estimó.

“Evidentemente el aumento de tarifas según nivel de ingresos es difícil implementación. Lo más probable, entonces, es que haya ineficiencias en el proceso. Pero el costo de la segmentación es inferior a recortar otras partidas de gasto, como la asistencia social, las jubilaciones o la obra pública”, aseguró Analytica. Aún el Gobierno no dio a conocer cómo y bajo qué criterios se realizaría esa segmentación de tarifas, incluso habiendo anticipado que su puesta en marcha arrancaría a principios de 2022.

El recorte del déficit fiscal podría tener un punto de partida complejo, de acuerdo a la consultora LCG. “Más allá de la ‘austeridad’ fiscal que calificó al ministro Guzmán en la primera parte del año, que incluso suscitó el reclamo de la vicepresidenta en su carta post PASO, otros factores influyeron en el sobrecumplimiento de la proyección y que conviene tenerlos presentes de cara a 2022, ya que, a priori, no estarían presentes”. Entre los que mencionó el aporte extraordinario de grandes fortunas y los ingresos por retenciones en el marco de precios internacionales favorables.

El Plan Plurianual

“Del lado fiscal, el Plan Plurianual que presentará el ministro al Congreso y al FMI (o al FMI y luego al Congreso) tendrá una foto de arranque comprometida. Si la convergencia gradual hacia el equilibrio se hace desde el nivel de déficit conseguido después de contabilizar los DEG (2,2% del PBI), el esfuerzo demandado el año próximo será sensiblemente mayor. Así, es de suponer que se dejaría de lado este ingreso extraordinario partiendo de un déficit en torno a 3,1% en 2021″, mencionaron.

Otro elemento que divide aguas será la cuestión cambiaria, a la que el Fondo Monetario presta especial atención desde distintas aristas: el nivel de las reservas del Banco Central, el atraso del tipo de cambio mayorista que administra la autoridad monetaria y la brecha entre la cotización oficial y el paralelo. El presidente del BCRA Miguel Pesce anticipó esta semana que la entidad comenzará a descongelar el ritmo de depreciación del dólar de referencia para el comercio exterior, que este año avanzó por detrás de la inflación, una de las señales que el Gobierno ya había comenzado a dar al FMI.

Sobre la posibilidad o no de un salto devaluatorio como condición en la negociación con el Fondo -algo que Pesce descartó- un informe de la consultora PxQ recopiló distintos trabajos realizados por el Fondo Monetario para conocer qué postura expresó en los últimos años el staff técnico del organismo sobre cómo debería ser una política cambiaria, lo que podría preanunciar qué salida negocian el Poder Ejecutivo y el FMI en estas últimas semanas antes de que se inicie el debate legislativo.

La consultora fundada por Emmanuel Álvarez Agis concluyó que considerando los últimos 6 años de análisis del FMI acerca del sector externo argentino hay tres ejes que se desprenden. Por un lado, que el FMI considera que las medidas de control de capitales “son necesarias en el corto plazo para evitar salida de capitales, pero que tienen que ser eliminadas de forma gradual una vez que se logre estabilizar la economía”.

Por otro, que la evaluación de tipo de cambio real de equilibrio “no es necesariamente un factor que determine las recomendaciones de política económica, esto queda en evidencia tras las conclusiones del Artículo IV en 2016 y 2017″. Y en tercer lugar, que “la política suele ser un factor determinante para las recomendaciones del FMI, por encima de lo que diga el staff técnico. Esto queda demostrado en las consideraciones que tuvo el organismo en 2017 y 2018″.

PxQ consideró, en ese sentido, que “es posible pensar que el programa con el FMI podría no implicar un salto brusco del tipo de cambio y en cambio modificar la política cambiaria para tener un crawling-peg por encima de la inflación”.

Para Ecolatina, en tanto, “un cambio de la estrategia cambiaria en pos de proteger las reservas netas implicaría que el Banco Central convalide una depreciación del tipo de cambio oficial que se acerque más a la inflación. La alternativa es una profundización de las restricciones cambiarias vigentes, algo que, como mencionamos, no iría de la mano de las eventuales condiciones negociadas con el FMI”, consideraron.

Las consecuencias que podría tener en la macroeconomía -tanto para las empresas como para los ingresos de los hogares- la concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario es, para variar, motivo de debate. Por lo pronto, tal como lo manifestaron durante la Conferencia Industrial de la UIA, en el tope de la lista de preocupaciones de los ejecutivos aparece la resolución del frente de la deuda con el FMI.

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un programa a 10 años como el que se negocia “es difícil considerarlo como un acuerdo definitivo, si tenemos en cuenta que vencidos los 4 años de gracia se acumulan en todos los años vencimientos superiores a los USD 20.000 millones. Un acuerdo de este tipo debería ser considerado como un ‘puente’ que permita ir hacia una nueva negociación buscando mejorar la solvencia macroeconómica”, mencionó el think tank que dirige Hernán Letcher.

“El primer riesgo implica que el supuesto beneficio consistente en que el FMI no demandaría reformas estructurales de la economía argentina o el clásico ajuste fiscal, deberá revisarse en unos años”, continuó el CEPA. “El segundo factor tiene que ver con el problema de solvencia: los vencimientos se acumulan en los años donde se debería buscar el retorno a los mercados voluntarios de deuda en divisas. La Argentina se puede enfrentar a un mercado con poco apetito, primas de riesgo inaccesibles, y el ‘ruido’ general de una nueva renegociación, entorpeciendo la posibilidad de una normalización de la relación con el mercado de deuda”, apuntaron.

Para María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, “acordar con el Fondo te permite de alguna manera un punto de partida, porque implica que el Gobierno finalmente presenta un plan concreto de lo que espera hacer con gastos, ingresos y su política económica en líneas generales”, dijo en diálogo con Infobae.

“En segundo lugar, la Argentina no entraría en default con el Fondo Monetario. Con los holdouts ya lo vivió y es complicado porque el hecho del default complica la relación con otros organismos multilaterales de crédito en que tiene algo de financiamiento neto, además habría problemas más serios para financiar al comercio exterior de empresas que tienen sede en el extranjero”, consideró.

“Acordar con el FMI no garantiza una mejora sustancial si no mejora el clima imperante y las expectativas de la macro, que tiene que ver con la resolucion de los desequilibrios como tarifas, precios relativos y el cepo tan grande que podría liberarse un poco. Más que nada es para no complejizar la situacion, más que favorecerla enormemente”, concluyó Castiglioni Cotter, explican desde Infobae.

En una charla ante clientes, el economista y director de la Fundación FIEL Fernando Navajas aseguró que “existe un costo inicial en un esquema de “salida” convencional en un acuerdo con el FMI. El tamaño del ajuste que habría que realizar no va a poder evitar una aceleración inflacionaria y otra caída del salario real al menos en la primera mitad de 2022″.

“La consolidación fiscal agresiva (por la brecha) que se requiere parte de un punto bajo (no alto, como en 2015) del salario real, que va a ser el ancla obvia de las variables nominales. Esto llevaría a una operación (si sale ‘bien’) con la inflación en 2022 al 60%, el tipo de cambio al 70%, las tarifas por arriba del tipo de cambio y el salario por abajo de la inflación. Esta sería una trayectoria esperable”, mencionó Navajas.

”La negociación con el FMI se va a extender al máximo y no va a haber acuerdo de staff por el programa. Solo quedaría un acuerdo político para firmar un acuerdo a renegociar en 2023″, concluyó el director de FIEL.