Las cámaras de video y la seguridad
Según se afirma en ámbitos oficiales y en coincidencia con lo que sucede en otros lugares del país, la puesta en funcionamiento de las cámaras de video han contribuido a disminuir los delitos. De allí que resulte coherente el pedido formulado por dos intendentes del Este para que allí también se instalen esos elementos.
No pueden quedar dudas de que la seguridad sigue siendo uno de los motivos prioritarios de la preocupación de la población. Constituyó en su momento el principal argumento de campaña del hoy Gobernador de la Provincia y también el motivo de las críticas que recayeron desde la oposición al tiempo de que Jaque asumiera su gestión. Diversas han sido las iniciativas planteadas en la búsqueda de soluciones, entre las que se puede contar una mayor presencia policial en las calles o el aporte de efectivos de Gendarmería Nacional para colaborar.
Sin embargo, uno de los hechos más interesantes lo ha constituido la instalación de cámaras de video, en distintos puntos estratégicos del Gran Mendoza ya que, según se indica, en un año se han logrado captar más de 1.600 hechos delictivos y detener a más de 1.900 personas. A diario, a través de los informativos televisivos la gente tiene la oportunidad de observar el comportamiento del sistema en otros puntos del país y a modo de ejemplo puede indicarse que en una localidad de la Capital Federal se redujo a cero el robo de vehículos y cayeron un 70 por ciento los delitos desde que se instalaron las cámaras de seguridad.
La sola instalación y el funcionamiento multiplica geométricamente la preocupación para aquellos que están dispuestos a cometer un delito. Sabe que lo están filmando y que está abiertamente expuesto a una detención. En ese marco, las cámaras en las cercanías de los bancos resultan fundamentales para evitar las salideras bancarias.
El funcionamiento de las cámaras de video fue aprobado por ley a fines de 2008 y destacaba, entre otros aspectos, que serían instaladas para contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la prevención e investigación de contravenciones y delitos, mientras paralelamente se establecían las garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Se estableció expresamente que las imágenes y sonidos tienen carácter de confidencial y que las mismas sólo pueden ser requeridas por magistrados o fiscales que se encuentren dedicados a la investigación o juzgamiento de causas penales o contravencionales.
Según se indica, ya se han instalado centros de video vigilancia en Capital, Godoy Cruz, Lavalle, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras y ya se han instalado más de un centenar de cámaras en los departamentos del Gran Mendoza, previéndose una próxima etapa con cámaras a instalarse en el Sur de la provincia.
Es en ese marco de situación que resulta comprensible la inquietud de los jefes departamentales de Junín y de Rivadavia quienes reclamaron una pronta instalación en la zona Este -oficialmente están previstas para una quinta etapa- aduciendo que, como consecuencia de que gran parte de la provincia se encuentra monitoreada, los delincuentes toman como lugares de acción aquellos sectores desprotegidos.
"Estamos prácticamente en una zona liberada", llegaron a afirmar. Aprovecharon el momento para reclamar una mayor cantidad de efectivos y vehículos para la zona, como consecuencia del incremento de la inseguridad tanto en centros poblados como en los sectores rurales.
Un funcionamiento correcto de las cámaras de seguridad -una vez que abarquen a toda la provincia- junto a un accionar aceitado del sistema en general, pueden constituir elementos más que valiosos para enfrentar el delito y reducir la inseguridad que sigue preocupando a los mendocinos.