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"Las andanzas del juez Sergio Torres para lograr que María Eugenia Vidal lo nombrara en la Corte Suprema"
Corrientes brega por limpiar la basura judicial.
Al polémico Juez Federal Sergio Torres los correntinos le atribuyen haber protegido a una banda de narcos confesos y que, tras su eficacia en dicha misión, Cambiemos lo premió por su lealtad a la Mesa Judicial y la DEA con un ascenso a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo en los pasillos de los tribunales correntinos se comenta que, hoy convertidos en sus aliados, tanto el Juez Guillermo Marijuan como el Juez Julián Ercolini lo escoltan y lo encubren en una gran ingeniería de causas bien picantes y pesadas.
Por citar un ejemplo puntual, en la causa (CFP 9886/18 de los registros de Comodoro Py) armada contra el Juez Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Corrientes, caratulada “Soto Dávila y otros s/ Asociación Ilícita”, iniciada a instancias de los Fiscales Federales Carlos Stornelli y Diego Iglesias del Procunar, se dejó entrever a las claras que promueve y pacta un acuerdo ilegal de impunidad con el narcotraficante confeso Federico "Morenita" Marín y su banda. Dicho pacto de impunidad consistió en incorporar una supuesta declaración de Morenita (no está grabada, y su defensa jamás pudo tener acceso al mismo), brindada en otra causa narco CFP 3002/17, la misma que fue utilizada en forma fraudulenta para armar una causa por “Asociación Ilícita” contra el prestigioso Juez Carlos Soto Dávila (que capturó a dicha banda) y así descabezar al Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes (con competencia electoral).
Luego de que el narcotraficante “Morenita” Marín confesara ser partícipe de distintos delitos, los fiscales federales que tenían a su cargo la investigación sugirieron impunemente al Juzgado Federal interviniente (Criminal y Correccional Nº 12), en ese entonces a cargo de Sergio Torres, no solamente quitarle los cargos en su contra al líder narco confeso, sino también a su mujer Lourdes Alegre y a los miembros de su banda criminal: Pablo Torres, Ricardo Daniel González, Carlos Alberto Bareiro, Miriam Almirón y Melisa Castillo.
Abundan pruebas sobre estos crímenes cometidos por los mencionados funcionarios judiciales pero el Juez Sergio Torres violó el Art. 3° de la ley del arrepentido Nº 27.304 (“…la información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido…”), ya que si una persona es considerada “arrepentida” es porque el juez considera que aportó información relevante sobre hechos delictivos en los que participó.
El entonces Juez Federal Sergio Torres jamás lo llamó a indagatoria, cometiendo al menos un delito junto al procesado fiscal Carlos Stornelli y Diego Iglesias, previsto puntualmente para estos casos en el art. 274º del Código Penal: “El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.”
Luego de que el cuestionado Torres tomara la declaración indagatoria al titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes en Diciembre del año 2018, lo procesa en sintonía con una feroz campaña mediática en la cual el “Licenciado en Casi Todo” Marcelo D’alessio anunció su procesamiento en vivo y personallmente el 4 de diciembre en un programa de TN, forzándolo a presentar su renuncia. Esto último efectivamente ocurre en Febrero del 2019, e inmediatamente después, Sergio Torres comienza sus negociaciones personales con la Mesa Judicial de Cambiemos para que lo ayuden a cubrir los mencionados crímenes antes que salgan a la luz y le paguen el favor realizado (obtener una vacante en un Juzgado Federal Electoral). En este sentido el 12 de abril del 2019 se publica el decreto presidencial 265/19, donde Mauricio Macri acepta la renuncia de Torres como Juez del titular del Juzgado Federal Nº 12 de Comodoro Py, y el 30 de Mayo del 2019, en una ceremonia realizada en los Tribunales de La Plata, que contó con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, todo el gabinete provincial de CAMBIEMOS y el Procurador Julio Conte Grand, le toman juramento como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Para todo esto, obviamente, contaban con el respaldo político de la ex Ministra Patricia Bullrich, “abanderada” de la lucha contra el narcotráfico, quien llevó adelante el papelón del “Operativo Sapukay” y que en dicho Operativo se llevó adelante el mayor despliegue de la historia de Corrientes para un operativo en búsqueda de marihuana. Para este despliegue de campaña política, Bullrich mandó desde Buenos Aires 700 gendarmes para un resultado irrisorio Solo incautaron 8 kilogramos de marihuana, lo que se acerca a un monto de de un operativo por narcomenudeo. Fue tan grande el papelón, que al día de hoy Patricia Bullrich y miembros de su equipo de ese entonces como Gerardo Milman, mencionan como su principal logro “haber descabezado el Juzgado Federal de Corrientes” (sic).
Corrientes pone el foco en erradicar, finalmente, la mafia judicial y es por ello que tras la causa que significó la "Punta del Iceberg" de la connivencia narcojudicial como lo es el “Caso Aguirre Automotores” de Paso de Los Libres donde en el armado de la causa convivieron la Jueza Cristina Pozzer Penzo, los fiscales Carlos Shaefer, Fabián Martinez, Miriam Benitez, miembros de la PSA y docenas de funcionarios de varios rangos; los ciudadanos correntinos están decididos a extirpar, de una vez por todas, la corrupción residual de la justicia macrista.
Asimismo en los pasillos de los tribunales correntinos se comenta que, hoy convertidos en sus aliados, tanto el Juez Guillermo Marijuan como el Juez Julián Ercolini lo escoltan y lo encubren en una gran ingeniería de causas bien picantes y pesadas.
Por citar un ejemplo puntual, en la causa (CFP 9886/18 de los registros de Comodoro Py) armada contra el Juez Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Corrientes, caratulada “Soto Dávila y otros s/ Asociación Ilícita”, iniciada a instancias de los Fiscales Federales Carlos Stornelli y Diego Iglesias del Procunar, se dejó entrever a las claras que promueve y pacta un acuerdo ilegal de impunidad con el narcotraficante confeso Federico "Morenita" Marín y su banda. Dicho pacto de impunidad consistió en incorporar una supuesta declaración de Morenita (no está grabada, y su defensa jamás pudo tener acceso al mismo), brindada en otra causa narco CFP 3002/17, la misma que fue utilizada en forma fraudulenta para armar una causa por “Asociación Ilícita” contra el prestigioso Juez Carlos Soto Dávila (que capturó a dicha banda) y así descabezar al Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes (con competencia electoral).
Luego de que el narcotraficante “Morenita” Marín confesara ser partícipe de distintos delitos, los fiscales federales que tenían a su cargo la investigación sugirieron impunemente al Juzgado Federal interviniente (Criminal y Correccional Nº 12), en ese entonces a cargo de Sergio Torres, no solamente quitarle los cargos en su contra al líder narco confeso, sino también a su mujer Lourdes Alegre y a los miembros de su banda criminal: Pablo Torres, Ricardo Daniel González, Carlos Alberto Bareiro, Miriam Almirón y Melisa Castillo.
Abundan pruebas sobre estos crímenes cometidos por los mencionados funcionarios judiciales pero el Juez Sergio Torres violó el Art. 3° de la ley del arrepentido Nº 27.304 (“…la información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido…”), ya que si una persona es considerada “arrepentida” es porque el juez considera que aportó información relevante sobre hechos delictivos en los que participó.
El entonces Juez Federal Sergio Torres jamás lo llamó a indagatoria, cometiendo al menos un delito junto al procesado fiscal Carlos Stornelli y Diego Iglesias, previsto puntualmente para estos casos en el art. 274º del Código Penal: “El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.”
Luego de que el cuestionado Torres tomara la declaración indagatoria al titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes en Diciembre del año 2018, lo procesa en sintonía con una feroz campaña mediática en la cual el “Licenciado en Casi Todo” Marcelo D’alessio anunció su procesamiento en vivo y personallmente el 4 de diciembre en un programa de TN, forzándolo a presentar su renuncia. Esto último efectivamente ocurre en Febrero del 2019, e inmediatamente después, Sergio Torres comienza sus negociaciones personales con la Mesa Judicial de Cambiemos para que lo ayuden a cubrir los mencionados crímenes antes que salgan a la luz y le paguen el favor realizado (obtener una vacante en un Juzgado Federal Electoral). En este sentido el 12 de abril del 2019 se publica el decreto presidencial 265/19, donde Mauricio Macri acepta la renuncia de Torres como Juez del titular del Juzgado Federal Nº 12 de Comodoro Py, y el 30 de Mayo del 2019, en una ceremonia realizada en los Tribunales de La Plata, que contó con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, todo el gabinete provincial de CAMBIEMOS y el Procurador Julio Conte Grand, le toman juramento como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Para todo esto, obviamente, contaban con el respaldo político de la ex Ministra Patricia Bullrich, “abanderada” de la lucha contra el narcotráfico, quien llevó adelante el papelón del “Operativo Sapukay” y que en dicho Operativo se llevó adelante el mayor despliegue de la historia de Corrientes para un operativo en búsqueda de marihuana. Para este despliegue de campaña política, Bullrich mandó desde Buenos Aires 700 gendarmes para un resultado irrisorio Solo incautaron 8 kilogramos de marihuana, lo que se acerca a un monto de de un operativo por narcomenudeo. Fue tan grande el papelón, que al día de hoy Patricia Bullrich y miembros de su equipo de ese entonces como Gerardo Milman, mencionan como su principal logro “haber descabezado el Juzgado Federal de Corrientes” (sic).
Corrientes pone el foco en erradicar, finalmente, la mafia judicial y es por ello que tras la causa que significó la "Punta del Iceberg" de la connivencia narcojudicial como lo es el “Caso Aguirre Automotores” de Paso de Los Libres donde en el armado de la causa convivieron la Jueza Cristina Pozzer Penzo, los fiscales Carlos Shaefer, Fabián Martinez, Miriam Benitez, miembros de la PSA y docenas de funcionarios de varios rangos; los ciudadanos correntinos están decididos a extirpar, de una vez por todas, la corrupción residual de la justicia macrista.
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