La voz de la SIP
Las conclusiones de la Sociedad Interamericana de Prensa tras el envío de una misión a la Argentina trazan un panorama que, sin dudas, resulta preocupante.
La entidad ha denunciado un "debilitamiento" de la libertad de prensa en nuestro país y ha puntualizado su inquietud ante intentos de "controlar y limitar la libertad de expresión" de la ciudadanía. No ha dejado de señalar, sin embargo, que "la prensa en la Argentina, y en cualquier país del mundo, tiene muchos defectos".
Las actitudes del periodismo -si caben las generalizaciones- están desde luego sujetas a debate, tanto las del pasado como las del presente. Aun así, tal vez no se hace -desde los propios medios, incluyendo a este diario- una autocrítica lo suficientemente profunda. Pero -salvo muy escasas excepciones- no la ha hecho ningún sector de la Argentina, aunque el periodismo debió dar el ejemplo de analizar con crudeza sus propios errores como suele hacerlo al referirse a personas, funcionarios, empresas, etc. Muchas veces, en el país se tiende a buscar culpables en lugar de asumir las responsabilidades colectivas que, sin duda, son mayores entre quienes detentan una porción más grande de poder real. Y en cuanto a los denunciados monopolios, no puede omitirse que los gobiernos adoptaron medidas que pudieron haber facilitado su existencia y la posibilidad de que, desde el punto de vista jurídico, hayan adquirido derechos que, probablemente, sería inconstitucional desconocer.
Es absolutamente legítimo que se discuta y enjuicie el rol de la prensa en las distintas coyunturas históricas del país. No debe haber un sector de la sociedad más expuesto -y por lo tanto acostumbrado- al juicio crítico como el periodismo, que todos los días se somete a la evaluación de sus lectores o sus audiencias y que, por supuesto, se subordina constantemente a los dictámenes de la Justicia. Aun así, es saludable que se intente revisar y profundizar el debate sobre su actuación en situaciones pretéritas y actuales. Lo que resulta inaceptable es que ese debate sea manipulado con el propósito de condicionar, limitar o intimidar a la prensa no oficialista como si fuera la mayor culpable de las desventuras pasadas y presentes del país.
Nada justifica los ataques personales contra periodistas ni la utilización de resortes estatales para condicionar a la prensa. Y no hace falta recordar que esto ha ocurrido en la Argentina. Nada justifica -tampoco- los intentos de ejercer control sobre la producción y comercialización de papel.
Este diario sostuvo, históricamente, una posición muy crítica frente al proceso de adjudicación directa al grupo de la editorial Abril -su primer promotor y propietario-, a las facilidades crediticias e impositivas y, finalmente, a la participación accionaria del Estado en la constitución de Papel Prensa. Y objetó muchos de los aspectos vinculados a su puesta en marcha. Desde esa postura, debe decirse ahora que los embates oficiales contra esa empresa parecen destinados a tener una injerencia que podría derivar en peligrosos mecanismos de control sobre la prensa escrita.
Por supuesto, tampoco hay conflicto ni reclamo que justifique el bloqueo de la salida de un diario y la inacción de las fuerzas de seguridad ante un hecho de esa naturaleza.
En este contexto se inscribe la fuerte advertencia de la SIP, una entidad a la que no se puede acusar de haber callado frente a la dictadura argentina ni a ciertos aspectos de los privilegios de los que gozó Papel Prensa años atrás, ni tampoco de actuar de acuerdo con intereses políticos domésticos.
La preocupación expresada por la SIP y la gravedad con la que ha descripto la situación de la prensa en Argentina no son, evidentemente, datos que puedan ser minimizados. Hablan de la calidad de la democracia argentina. Y por lo tanto, son un llamado de atención para toda la ciudadanía, a pesar de los reparos que pueden formularse a los medios y la desconfianza de sectores de la población hacia algunos periódicos y emisoras de radio y televisión, que ya se habían manifestado antes de las campañas lanzadas por el oficialismo y los medios que controla. Aunque cabe aclarar que justamente los medios del Estado se caracterizan por expresar únicamente los puntos de vista del gobierno con agresividad hacia quienes disienten.
La SIP no ha levantado su voz en defensa de un sector. Lo ha hecho en defensa de principios fundamentales para la República y para la sociedad en su conjunto, como son el pluralismo y la libertad de expresión. Cabe esperar que así sea comprendido a tiempo.