La violencia no puede tener más cabida en los estadios
El partido de fútbol de primera división que debían jugar San Lorenzo y All Boys este domingo fue postergado por la agresión física que sufrió un jugador del primero de esos clubes a manos de un grupo de barrabravas.
En los hechos -y más allá de las denuncias policiales que ahora se anunciaron por parte de una de las entidades y de una causa judicial que estaría en marcha- vuelven a ser miles de personas las que deben pagar culpas por el accionar de grupos de delincuentes que se han enquistado en el fútbol.
Lo cierto es que una vez más la irracionalidad dijo presente en el fútbol de nuestro país, un deporte que pareciera encontrarse endémicamente desbordado por diversas modalidades de violencia. No hace mucho sorprendieron por su alto nivel de agresividad los incidentes registrados en el estadio de River, mientras que continuaron sucediéndose rencillas entre partidarios de Boca. Se reiteran así, indefinidamente, peleas internas, muy cruentas en oportunidades, entre grupos de barrabravas que buscan predominar en sus tribunas. Se sabe que, en profundidad, lo que se dirime son prebendas y diversas ventajas económicas, sólo posibles por la complicidad de algunos pésimos cuadros dirigenciales y, desde luego, la vista gorda de las autoridades.
En medio de tanto desvarío, en las últimas fechas del fútol profesional no faltaron tampoco lamentables muestras de inconducta entre jugadores de distintos equipos que, al disputarse los partidos, se agredieron con extrema dureza, algunos de ellos haciendo gala de una alevosía impropia de deportistas, en una situación que no dejó de generar tensión entre los espectadores. En este sentido, sería deseable que se apliquen las más duras sanciones previstas a los responsables.
Pero, en lo que se refiere a los barrabravas y tal como se dijo ya en numerosas oportunidades, es el Estado el que debe ponerle un freno a estos grupos mafiosos. Está cada vez más claro que la impunidad de los barrabravas -una suerte de incomprensible muralla protectora que los exime, cuando delinquen, de la posibilidad de ser alcanzados por la ley- es el problema básico que debieran resolver las autoridades.
Si aquellos que actúan en forma organizada utilizando armas de fuego, que incurren en actitudes y cánticos agresivos o discriminatorios en los estadios, que matan o hieren para dirimir supremacías en las hinchadas, que se alquilan como matones para realizar trabajos sucios fuera de los estadios, disponen de impunidad, ¿cómo es posible que se pretenda, seriamente, eliminar la violencia en el fútbol?
Resulta doloroso -y, desde luego, desalentador- advertir acerca de una realidad que se agrava año tras año. Pero la sociedad no debe disimular su existencia y, en primer término, debe reclamarle a la dirigencia y al Estado que actúen con responsabilidad y que castiguen aquellos comportamientos que tanto dañan a la seguridad deportiva. Ya se ha dicho en esta columna que la clave sigue siendo individualizar, detener y someter a la Justicia a los delincuentes del fútbol, apartando de los estadios a quienes acuden sistemáticamente a ellos sólo para agredir, robar y, en definitiva, avergonzar al deporte.