La violencia en los estadios de fútbol no es culpa de los clubes

La decisión de las autoridades de seguridad deportiva de que el partido entre Huracán y Estudiantes se complete el jueves de la próxima semana sin público y a puertas cerradas, fijándose además para el club platense, como sanción accesoria, la prohibición de que los hinchas albirrojos asistan como visitantes a las tribunas en el siguiente partido contra Argentinos Juniors, constituyen medidas que sólo sirven para perjudicar a la mayoría de los espectadores que no participan de estos episodios y que, además, no alcanzan en absoluto para resolver el problema de fondo.

Como se sabe, en lo que concierne al club porteño, la prohibición para sus hinchas incluye todos los partidos que le quedan en el actual certamen, ya sea los dos que deberá jugar en condición de local (Tigre y Vélez, en los que tampoco podrán ingresar los simpatizantes del rival) y como así también los de visitante (Lanús e Independiente).

Estas penas fueron aplicadas por la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (Ucpevef), del Ministerio de Seguridad nacional, organismo que, según se ha señalado, actúa en este sentido en consonancia con la postura de la Asociación del Fútbol Argentino, al procurar así que se sancione a las instituciones que provocan violencia en el marco de un encuentro de fútbol.

Se ha señalado muchas veces en esta columna que, lo que se logra con estas penas, es desnaturalizar la esencia de lo que debe ser una competencia deportiva, impidiendo la presencia de simpatizantes de los dos clubes que eventualmente se enfrentan, con el inconfesado pero ostensible propósito de ocultar la impotencia del Estado para individualizar, detener y someter a la Justicia a los grupos de violentos que integran las denominadas barras bravas de cada club.

Bien se sabe que los barrabravas ni siquiera se ocultan; hasta suelen ubicarse siempre en el mismo sector de las tribunas y asumen una actitud desafiante. Es inadmisible, entonces, que para frenar su accionar delictivo se prohíba que el simpatizante común vaya a ver y alentar a su equipo. Es tan absurdo como si para evitar las salideras bancarias -por citar una de las tantas modalidades delictivas en auge- se prohibiera que la gente extraiga dinero de los bancos. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos y lo que ha quedado en evidencia es su absoluta incapacidad para cumplir esa misión.

Se ha dicho también en muchas ocasiones que a los clubes no se les puede pedir más ni se les puede delegar la responsabilidad de garantizar la seguridad. Se los obligó a comprar costosos equipos de video para instalar en los estadios y se les exige que se hagan cargo de pagar los muy caros operativos policiales. Y todo para terminar obligando a que la gran mayoría de los simpatizantes de fútbol se perjudique por el accionar de unos pocos, a los que la Policía y la Justicia no pueden frenar.

Para la violencia en el fútbol impera el irracional criterio de que paguen justos por pecadores, de modo que cabe esperar que se revise de una buena vez la política en materia de seguridad deportiva. Debe dejarse de perseguir a los clubes y de perjudicar a los simpatizantes. Hay que individualizar, detener y someter a la Justicia a los delincuentes. Así de simple.