La verdad, un dato menor para el Gobierno

La lógica oficial es una incansable productora de falacias. Las denuncias acerca de Sergio Schoklender, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la millonaria estafa de las viviendas financiadas con dineros públicos no fueron respondidas, fueron interpretadas.

Se estaba en presencia, se dijo, de un formidable intento de vulnerar la política de derechos humanos y, con ella, arrasar un pilar de la cosmogonía kirchnerista. El razonamiento era sencillo y viciado: si la Fundación ha sido un bastión de los derechos humanos y los derechos humanos son un bastión del Gobierno, quien ataque a la Fundación ataca al Gobierno. La cuestión, pues, no era auditar la índole de los contratos, explicar por qué el Gobierno tercerizaba sus obligaciones, indagar cuál era el precio real del metro cuadrado, verificar si mentían quienes afirmaban que los presupuestos de Sueños Compartidos estaban muy por encima de las ofertas de otras empresas. La transitividad, distorsionada hasta el grotesco, transformaba el delito en una "causa", en una bandera: el denunciante del ilícito era un emisario de la oscuridad y de las fuerzas de la reacción y debía responder ante la historia por sus ocultas intenciones.

No es el único recurso al que echa mano el sistema defensivo del Gobierno. También apela al respeto: ¿quién se atreve a vincular a Las Madres, un ejemplo de lucha, con semejante atrocidad? ¿Quién tiene estatura moral para dudar de ellas? La historia de Las Madres de Plaza de Mayo las pone a salvo de cualquier reproche, las coloca por encima del resto de los ciudadanos y mucho más allá de la ley.

Un mecanismo similar se ha puesto en marcha para blindar a Eugenio Zaffaroni , seriamente complicado por las revelaciones de una ONG dedicada a combatir la trata. Según constataron los integrantes de la organización La Alameda, el juez es el propietario de seis departamentos donde se ejercían la prostitución y, acaso, el proxenetismo.

Si Zaffaroni es miembro de la Corte y la Corte ha sido designada por el Gobierno –se argumentó de inmediato desde las usinas del poder– las informaciones que comprometen su conducta, apuntan en última instancia a desprestigiar al cuerpo y a esmerilar al Poder Ejecutivo. Como se ve, ahora tampoco estaba en juego la verdad, apenas un dato menor en la trama conspirativa, un simple ariete en la operación de acoso y derribo, un pretexto para la demolición.

El magistrado desestimó primero la importancia de las informaciones y dio una respuesta desaprensiva, más propia de un aristócrata que de un hombre de la democracia: "No tengo tiempo para administrar esas propiedades y como no soy una persona ávida de dinero, ni mucho menos, prefiero pagar y que eso lo haga otro". El otro, el encargado de la relación con la inmobiliaria que arrendaba los inmuebles, es Ricardo Montivero, un empleado de su absoluta confianza y con quien comparte, incluso, el domicilio. Y el dinero, bueno, el dinero se reproduce sin esfuerzo, es casi un don.

En una segunda etapa, Zaffaroni recurrió a la victimización : el objetivo era desestabilizarlo emocionalmente, señaló, y se apuntó, él también, a la teoría del complot . "¿Les molesta que vaya por los foros internacionales diciendo que hay un organismo que afecta nuestra soberanía? –preguntó– ¿Les molesta que me meta en la cuestión del paco? ¿Les molestan los 100 procesados por tráfico de paco?". Nadie se hizo cargo de ponerle voz a la respuesta sencilla y cristalina que flotaba en el ambiente: no son sus fallos ni sus batallas los que producen malestar . Lo que perturba es que un integrante del Supremo sea titular de seis propiedades en las que funcionan "casas de citas".

Tan simple como eso .

A contrapelo del sentido común, el CELS realizó una interesante distinción entre la realidad y la apariencia y aventuró que Zaffaroni, un teórico brillante y garantista, una lúcida expresión del pensamiento liberal y al mismo tiempo, ex juez de sentencia y ex titular de derecho penal en la Universidad Católica de La Plata durante la dictadura, "no es acusado por lo que es sino por lo que representa" .

El director de la Biblioteca Nacional no fue a menos: advirtió que tanto las tempestades desatadas sobre las Madres de Plaza de Mayo como el oleaje que en estos días golpea a Eugenio Zaffaroni tienen como fin destruir "el núcleo ético del kirchernismo".

Aunque el Gobierno sabe que estos episodios tienen un efecto demoledor sobre su discurso, no propiciará ni apresurará la dimisión de Zaffaroni. Eso sí, ya ha renunciado a depositar en él y en su prestigio la misión de impulsar un proyecto de modificación constitucional que habilite la posibilidad de un tercer mandato para Cristina Fernández.

Willy Brandt, el premio Nobel de la Paz, el mítico canciller socialdemócrata alemán, el militante que llegó a la cima del poder sin abandonar jamás el que fuera su nombre de guerra, el combatiente antinazi, el forjador de la ostpolitik, no necesitaba que nadie le recordara cuánto pesaba su figura en la vida y la política de la RFA. Esas certezas no le impidieron dimitir en mayo de 1974, luego de que los servicios de inteligencia detectaran que Günter Guillaume, el secretario que le solucionaba los pequeños problemas burocráticos, el depositario de sus secretos y hasta el proveedor de mujeres hermosas era un espía de la República Democrática Alemana, un capitán del Ejército Nacional Popular que, al ser detenido, sólo dijo: "Les ruego señores que respeten mi honor de oficial". Desde un principio Brandt estuvo persuadido de que no podría mantenerse en su cargo después del escándalo que ponía en evidencia la debilidad de la seguridad del Estado, la ineficacia de la contrainteligencia de Bonn y la misma fragilidad de su experiencia y de su intuición . Brandt no era un traidor, no era un agente doble. Nadie sospechaba de su honor.

Simplemente, se había descuidado.

Igual que con las Madres, la oposición ha sido cautelosa ante el severo traspié de un juez admirado y se mantiene a distancia, siempre por detrás de los acontecimientos. En ocasiones esa prudencia suena prescindente. Quizás la probable llegada de dos peleadores a la Cámara de Diputados, la ex ministro Graciela Ocaña por la UDESO y el ex jefe de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, por el radicalismo de la Capital, logren mover el árbol de la complacencia y hagan sentir menos solitarios a los hombres y mujeres de la Coalición Cívica, fervientes defensores de la idea de que la batalla por la transparencia no es un slogan que se saca del ropero cada vez que soplan vientos de campaña.