La venta de Hadad
La adquisición de Radio 10, C5N y cuatro emisoras de FM por Cristóbal López no es ajena a las persecuciones oficiales.
La venta de los medios audiovisuales de Daniel Hadad al grupo que lidera Cristóbal López constituye un nuevo capítulo de la obsesión del Gobierno por controlar a los medios de comunicación.
El desprendimiento de un conglomerado de medios que constituían un éxito comercial, ocurrido luego de una cadena de supuestos accidentes que podrían ser interpretados como presiones a su dueño, invita a sospechar que pudo haberse tratado de una operación forzada.
Según relató uno de los más representativos conductores de Radio 10, Oscar González Oro, Hadad le confió: "Tuve que vender". Esto da cuenta de alguien que no tenía en sus planes deshacerse de su grupo de emisoras, integrado también por la señal de televisión por cable C5N y por las radios de frecuencia modulada Vale, Pop, TKM y Mega. La relación cultivada por Hadad con el gobierno kirchnerista, que durante años había sido muy fructífera en términos de ingresos por publicidad oficial, había comenzado a desgastarse. El empresario dejó de ser visto por la Casa Rosada como un socio confiable y comenzó a percibir una ofensiva oficial en distintos frentes.
Se trata, lamentablemente, de una percepción que muchos hombres de empresa tienen, paralela a los anuncios sin tapujos de funcionarios kirchneristas que se jactan de "ir por todo" y al desprecio que exhibió recientemente el oficialismo por los procedimientos previstos en la propia Constitución para apropiarse de las acciones de YPF.
La sensación de que cualquiera puede ser víctima de la persecución kirchnerista, traducida en continuos ataques a la libertad de prensa y en restricciones al comercio o al ejercicio de cualquier industria lícita, está más vigente que nunca.
Al contexto en que se produjo la venta de los medios del grupo Hadad hay que agregar una cadena de hechos sospechosos: en abril de 2010 fue baleado un restaurante ubicado sobre la ruta Panamericana en el preciso momento en que se festejaba el cumpleaños de su esposa; dos meses después se estrelló un helicóptero de C5N y en octubre de 2011 se produjo el extraño derrumbe luego de un incendio de una antena del conglomerado mediático. Las empresas de Hadad, además, habían soportado varias inspecciones de la AFIP en las que, al parecer, el organismo de fiscalización habría detectado incumplimientos.
No menos revuelo causó el grosero episodio de censura que sufrió en C5N el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, abruptamente sacado del aire en momentos en que vertía críticas opiniones sobre el gobierno nacional. En aquel momento, Hadad brindó una explicación increíble, basada en un supuesto "exceso de formalismo" en los horarios del canal. La versión que han dejado trascender dos fuentes muy confiables es que Hadad habría dispuesto el levantamiento del programa tras dos llamadas telefónicas que le efectuara la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como hemos señalado desde esta columna editorial, el periodismo afronta en la actualidad un período de singular peligro, como nunca se vio desde la reapertura democrática.
Nunca antes se había utilizado tan descaradamente la pauta publicitaria oficial con la intención de premiar a los medios dóciles y de disciplinar a aquellos que pretenden actuar con independencia frente al poder político.
Los intentos por silenciar a la prensa no oficialista implican todo tipo de presiones y maniobras, tales como castigos comerciales, demandas judiciales, inspecciones impositivas, escraches y la utilización de los medios del Estado para la puesta en marcha de campañas dirigidas a desprestigiar a periodistas o empresarios de medios que no adhieren al relato oficial.
Uno de los últimos capítulos de esta política es la conformación de un gran multimedio oficialista, cimentado sobre los cuantiosos recursos de la publicidad oficial de los cuales nadie rinde cuentas. La curiosa concepción que justifica esta intención del oficialismo se basa en la creencia de que la opinión pública es una masa fácilmente manipulable, lo cual se asocia con la compulsión gubernamental a ocupar el lugar de emisor privilegiado para dominar lo que el público puede ver y juzgar.
Como parte de esa estrategia se ubica la controvertida ley de medios de comunicación audiovisual, con variados dispositivos intervencionistas, que van desde una nueva distribución de las frecuencias en detrimento de los licenciatarios privados hasta la obligación para distintos grupos empresariales de malvender parte de sus activos con un plazo compulsivo y sin respeto por los términos fijados en los contratos o licencias. Esta última norma obligaba al grupo Hadad a desprenderse de dos de sus cuatro radios FM localizadas en el área metropolitana, que ahora serán transferidas al empresario kirchnerista Cristóbal López.
La situación planteada refleja un nuevo avance del kirchnerismo en su proyecto hegemónico al que seguramente el propio público le fijará límites, como lo ha hecho con los numerosos medios que en los últimos años han pasado a manos confiables para el oficialismo y que han sufrido una caída libre en términos de audiencia.
El desprendimiento de un conglomerado de medios que constituían un éxito comercial, ocurrido luego de una cadena de supuestos accidentes que podrían ser interpretados como presiones a su dueño, invita a sospechar que pudo haberse tratado de una operación forzada.
Según relató uno de los más representativos conductores de Radio 10, Oscar González Oro, Hadad le confió: "Tuve que vender". Esto da cuenta de alguien que no tenía en sus planes deshacerse de su grupo de emisoras, integrado también por la señal de televisión por cable C5N y por las radios de frecuencia modulada Vale, Pop, TKM y Mega. La relación cultivada por Hadad con el gobierno kirchnerista, que durante años había sido muy fructífera en términos de ingresos por publicidad oficial, había comenzado a desgastarse. El empresario dejó de ser visto por la Casa Rosada como un socio confiable y comenzó a percibir una ofensiva oficial en distintos frentes.
Se trata, lamentablemente, de una percepción que muchos hombres de empresa tienen, paralela a los anuncios sin tapujos de funcionarios kirchneristas que se jactan de "ir por todo" y al desprecio que exhibió recientemente el oficialismo por los procedimientos previstos en la propia Constitución para apropiarse de las acciones de YPF.
La sensación de que cualquiera puede ser víctima de la persecución kirchnerista, traducida en continuos ataques a la libertad de prensa y en restricciones al comercio o al ejercicio de cualquier industria lícita, está más vigente que nunca.
Al contexto en que se produjo la venta de los medios del grupo Hadad hay que agregar una cadena de hechos sospechosos: en abril de 2010 fue baleado un restaurante ubicado sobre la ruta Panamericana en el preciso momento en que se festejaba el cumpleaños de su esposa; dos meses después se estrelló un helicóptero de C5N y en octubre de 2011 se produjo el extraño derrumbe luego de un incendio de una antena del conglomerado mediático. Las empresas de Hadad, además, habían soportado varias inspecciones de la AFIP en las que, al parecer, el organismo de fiscalización habría detectado incumplimientos.
No menos revuelo causó el grosero episodio de censura que sufrió en C5N el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, abruptamente sacado del aire en momentos en que vertía críticas opiniones sobre el gobierno nacional. En aquel momento, Hadad brindó una explicación increíble, basada en un supuesto "exceso de formalismo" en los horarios del canal. La versión que han dejado trascender dos fuentes muy confiables es que Hadad habría dispuesto el levantamiento del programa tras dos llamadas telefónicas que le efectuara la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como hemos señalado desde esta columna editorial, el periodismo afronta en la actualidad un período de singular peligro, como nunca se vio desde la reapertura democrática.
Nunca antes se había utilizado tan descaradamente la pauta publicitaria oficial con la intención de premiar a los medios dóciles y de disciplinar a aquellos que pretenden actuar con independencia frente al poder político.
Los intentos por silenciar a la prensa no oficialista implican todo tipo de presiones y maniobras, tales como castigos comerciales, demandas judiciales, inspecciones impositivas, escraches y la utilización de los medios del Estado para la puesta en marcha de campañas dirigidas a desprestigiar a periodistas o empresarios de medios que no adhieren al relato oficial.
Uno de los últimos capítulos de esta política es la conformación de un gran multimedio oficialista, cimentado sobre los cuantiosos recursos de la publicidad oficial de los cuales nadie rinde cuentas. La curiosa concepción que justifica esta intención del oficialismo se basa en la creencia de que la opinión pública es una masa fácilmente manipulable, lo cual se asocia con la compulsión gubernamental a ocupar el lugar de emisor privilegiado para dominar lo que el público puede ver y juzgar.
Como parte de esa estrategia se ubica la controvertida ley de medios de comunicación audiovisual, con variados dispositivos intervencionistas, que van desde una nueva distribución de las frecuencias en detrimento de los licenciatarios privados hasta la obligación para distintos grupos empresariales de malvender parte de sus activos con un plazo compulsivo y sin respeto por los términos fijados en los contratos o licencias. Esta última norma obligaba al grupo Hadad a desprenderse de dos de sus cuatro radios FM localizadas en el área metropolitana, que ahora serán transferidas al empresario kirchnerista Cristóbal López.
La situación planteada refleja un nuevo avance del kirchnerismo en su proyecto hegemónico al que seguramente el propio público le fijará límites, como lo ha hecho con los numerosos medios que en los últimos años han pasado a manos confiables para el oficialismo y que han sufrido una caída libre en términos de audiencia.