La tregua se rompió
* Por Carlos Pagni. El cautiverio y asesinato de Candela Rodríguez destruyó el pacto que Cristina Kirchner se esforzaba en mantener con Daniel Scioli durante la campaña electoral.
Cualquier debate sobre la política de seguridad bonaerense iba a ser postergado hasta después de octubre.
La tregua se rompió con los reproches de Nilda Garré a la investigación del caso. El oficialismo está de nuevo dividido frente al drama de la inseguridad, que es el que más inquieta a los vecinos de la provincia. De esa discusión interna dependen muchas cosas. Entre ellas, que la muerte de Candela algún día se esclarezca.
Esa puja entre la Presidenta y el gobernador se enmascara detrás de las variadas hipótesis sobre lo que ocurrió con la pequeña. Hay colaboradores de la señora de Kirchner que apuestan a que fue un crimen federal. Pretenden así llevarlo a su propia órbita, confiados en que podrían resolverlo. La jugada asomó en las palabras de Garré. Scioli; su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y el jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, resisten esa transferencia. Temen que con ella queden al desnudo algunas falencias de su trabajo.
La atroz peripecia de Candela está influyendo sobre el poder también de otras maneras. Su costo político hizo que la Presidente vuelva a preguntarse por las ventajas de trasladar la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires.
Es decir, al de pronto simpático Mauricio Macri. La Nación se reservaría el combate a los delitos federales, pero se desentendería del control ordinario de la calle. Hay kirchneristas que discuten esa opción con hombres de Macri.
Desde que se creó el Ministerio de Seguridad de la Nación -acaso la única innovación relevante de Cristina Kirchner sobre el legado de su esposo-, una de las misiones de Garré fue tomar distancia de todo lo que tenga que ver con Scioli. Fue tan obediente con esa instrucción que hasta participó de la campaña de Martín Sabbatella. Ahora reabrió el fuego con argumentos que sintetizan las principales tesis del gobierno nacional sobre el crimen de Candela. Esa posición está detallada en un par de informes que denuncian cinco debilidades principales de la investigación bonaerense. La Presidenta las conoce al dedillo.
La primera es no haber prestado la debida atención al entorno familiar de la niña. En el tramo inicial de la investigación, el jefe de policía hizo declaraciones de las que ahora ha de estar arrepentido. "Algún travieso de los medios ha dicho que la madre era reticente a colaborar. Yo lo desmiento. Hoy todos somos padres de Candela." También la Casa Rosada -en especial Aníbal Fernández- descartó, por lo menos en las primeras horas, que la familia pudiera estar salpicada por el caso. Tal vez hoy Cristina Kirchner no recibiría con la misma calidez a Carola Labrador.
Las principales conjeturas apuntan hoy a los parientes de la víctima. Los investigadores repasan los mensajes de la madre a los captores -por ejemplo, "entréguenla, chicos, están rodeados"- y se preguntan si no eran parte de una negociación a espaldas de la policía. La falta de resistencia de la chiquita al confinamiento, que se deduce de la autopsia, sugiere que habría sido vigilada por alguien que le inspiraba confianza. Algunos oficiales de la Federal se preguntan si el crimen no estará relacionado con el rapto del hijo de un narcotraficante, que jugaba al fútbol, hace dos semanas, en un potrero de La Matanza. Se preguntan también si en esa operación hubo algún pariente de Candela.
El segundo reproche es que la exposición mediática de los investigadores podría haber ayudado a los secuestradores, alertándolos. De nuevo Paggi está en la mira del informe oficial, por lo que dijo el jueves 25 de agosto: "El padre de Candela ha ofrecido una hipótesis que tiene que ver con delincuentes que él frecuentaba".
Allanamientos
La tercera debilidad que le explicaron a la Presidenta se refiere a la saturación de allanamientos. Un especialista en secuestros lo ilustra así: "La saturación sirve si uno tiene una sospecha muy fundada de que la víctima está en ese barrio. Entonces se acorrala a los delincuentes, dejándoles una vía de escape. Si, en cambio, usted rastrilla a ciegas, los captores se desesperan y, casi siempre, matan al rehén. Es lo que parece haber sucedido con Candela, sobre todo, por la forma en que se deshicieron del cadáver. No creo que lo hayan tirado en un container porque había zona liberada. Lo más probable es que fuera el primer lugar que encontraron, enloquecidos por huir".
El cuarto reproche del gobierno nacional está referido a las internas de la bonaerense. Un funcionario del área de Seguridad sostiene que "hay una falta de coordinación grave entre [Rubén] Lobos, de Narcotráfico, y [Ricardo] Castronuovo, de Investigaciones. Sabemos de subordinados que recibían órdenes contradictorias".
La posibilidad de que haya investigadores ligados a la familia de Candela aparece como una quinta fragilidad. El padre de la niña estuvo involucrado en la piratería del asfalto, y entre los pesquisas podría haber comisarios acusados de complicidad con ese delito, sobre todo en algunos centros de ventas de La Matanza, clausurados hace un par de años.
Cada vez que los jóvenes de La Cámpora se entrevistaron con Scioli plantearon la urgencia de modificar la política de seguridad. Llevaban, está claro, un mensaje de Olivos. Esa agrupación será muy visible en la Legislatura después de diciembre. Organizaciones de derechos humanos alineadas con el Gobierno, como el CELS, reprobaron la relación del gobernador y de Casal con la policía -basta leer el capítulo "La última contrarreforma del Sistema de Seguridad Bonaerense", del Informe 2011 de ese centro-. Este enjuiciamiento quedó en suspenso para que la Presidenta pudiera seguir pidiendo el voto desde la misma lista de Scioli. La conmoción del crimen de Candela tal vez rompa el armisticio.
El candidato a gobernador del Frente para la Victoria está en pésimas condiciones de resistir las presiones de la candidata a presidente del Frente para la Victoria. Cristina Kirchner se sigue preguntando por las razones que le impiden a Scioli deshacerse de sus subalternos (el ministro Casal, el comisario Paggi y, sobre todo, su segundo, Hugo Matzkin, sobre quien la Casa Rosada envió a la gobernación un minucioso informe el último verano). Ella no cree en un arrebato de autonomía. Piensa que Scioli está atrapado en un esquema de negocios ligados a la seguridad. El gobernador conoce, con nombres y apellidos, a qué se refiere la Presidenta. A propósito: ¿qué opinará de todo esto el ultrakirchnerista Gabriel Mariotto, candidato a vice de Scioi?
La arena en la que se libra hoy este conflicto es la carátula judicial del caso Candela. Si configurara un delito federal -secuestro extorsivo, por ejemplo-, caería en manos de la Gendarmería o de la Policía Federal, que podrían dejar al descubierto las fallas de la investigación. Esta es la razón por la cual la señora de Kirchner prohibió al aparato nacional de seguridad e inteligencia involucrarse en la pesquisa.
Perplejos por el crimen, algunos funcionarios aconsejan a la Presidenta entregar el control de la seguridad porteña al gobierno de la ciudad. La distensión con Macri colabora con esa medida, que festejarían los enemigos internos de Garré.
La transferencia forma parte de los intercambios habituales entre Julio De Vido y Nicolás Caputo, socio de Macri en el negocio de la obra pública. También aparece en las conversaciones, todavía más frecuentes, entre Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de Pro, y Amado Boudou. Ambos cultivan una íntima amistad marplatense. La posibilidad de que la Metropolitana deje de ser una policía de juguete atrae a algunos tiburones de este ramo. Es el caso de Carlos Stornelli, antecesor de Casal, cuyo merodeo por la zona desató una pelea con Montenegro, ex juez federal y, ahora, ex amigo del fiscal. Montenegro también se pone ansioso, e insiste ante Caputo en que le entreguen la cabeza de Eugenio Burzaco, jefe de la Metropolitana. Burzaco es, hasta ahora, un límite de Macri a su ambicioso ministro.
Son castillos en el aire. En la Casa Rosada especulan con entregar la policía, pero no los recursos para sostenerla. Macri no aceptaría ese traspaso. Sería el peor de los negocios: convertirse en otro Scioli..