La transición en Córdoba
Los cordobeses exigen que desde hoy hasta el 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades provinciales y municipales, haya una tregua social y se busquen soluciones junto con la Nación.
La transición de una administración a otra en Córdoba, en la Provincia y el municipio, se está tornando cada vez más complicada y conflictiva. Se esperaba lo contrario; es decir, un pasaje ordenado y una especie de tregua social hasta que asumieran las nuevas autoridades y se constituyeran los nuevos cuerpos legislativos: la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Desafortunadamente, no ha sido así y los conflictos se han reanudado con virulencia pocos días después de las elecciones generales del domingo pasado. Quien paga las consecuencias es una ciudadanía inerme, indefensa, que asiste azorada a la paralización de servicios públicos, un espectáculo que se repite con frecuencia, sin que al parecer nadie le pueda poner freno.
La situación descripta es grave desde el punto de vista institucional, político y social, ya que no sólo implica un daño a la sociedad sino también un desconocimiento encubierto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas.
En ese sentido, la pretensión de condicionar y presionar al gobernador y al intendente que asumirán el próximo 10 de diciembre es improcedente e inaceptable.
Habría que hacer, de todos modos, algunas distinciones. Una cosa es el conflicto salarial planteado en los hospitales, tanto provinciales como municipales, y otra muy distinta el intento de forzar el nombramiento compulsivo de unos 400 monotributistas a la planta municipal, como si esta fuera un botín de guerra del cual los sindicatos pueden apoderarse a su antojo.
Los médicos y profesionales de la salud tienen razón al exigir un incremento de sus remuneraciones y el reequipamiento de los centros de salud que han visto disminuida su capacidad operativa. Con la salud pública no se juega, y esto deberían aprenderlo todos. Pero los justos reclamos en el sector salud no justifican la presión del Sindicato de Empleados Públicos para que se reabra la discusión salarial en toda la administración.
Llama la atención la falta de respuestas y reflejos por parte de las administraciones salientes. La Municipalidad de Córdoba está prácticamente acéfala, debido a una sucesión interminable de conflictos políticos y una ola de deserciones de funcionarios y concejales. En cambio, el Gobierno provincial saliente está en pleno ejercicio y debería tener, hasta el 10 de diciembre, un manejo más eficaz y flexible de los conflictos.
La situación provincial es difícil y compleja, debido a un gran endeudamiento, es decir a la deuda que la Nación tiene con la Provincia y a la deuda acrecentada por la propia administración provincial en obras de difícil financiamiento.
Por eso el imperativo es que haya una tregua social y que el gobernador y el intendente electos se reúnan con las autoridades nacionales para encarar las soluciones a los problemas de Córdoba, que son muchos. Y algunos, muy graves.