La tentación de la Justicia propia

La tentación se incubaba desde el momento mismo en que Lucía Corpacci ganó la gobernación el 13 de marzo, pero recién con la tragedia parecieron confluir elementos propicios para avanzar en tal sentido.

Es justamente el momento seleccionado para comenzar las operaciones lo que revela el objetivo, aunque todavía no está claro si las maniobras tienen consenso unánime en la alianza peronista. No hubo desautorizaciones concretas a los pronunciamientos a favor de una intervención federal al Poder Judicial, pero tampoco respaldos relevantes. El entusiasmo de algunos contrasta con la indiferencia de la mayoría, lo que permite suponer que la convicción no es generalizada, al menos en las formas.

En este marco, un grupo de diputados materializó una denuncia penal para investigar las presuntas responsabilidades de los tres miembros de la Corte de Justicia en las muertes. Se les achaca desidia en el control de las instalaciones donde los jóvenes perecieron y en la fiscalización del trabajo de las juezas de Menores.

La introducción legislativa del máximo tribunal en el proceso se produjo cuando los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago ya habían solicitado a la Justicia de Garantías la investigación jurisdiccional de las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto y del ministro de Gobierno, Javier Silva, e imputado a los cinco policías que se encontraban custodiando a los chicos muertos. Los fiscales pretenden que los jueces de garantías los habiliten para indagar, y eventualmente procesar, a quienes por sus cargos tienen protección de fueros.

Puede ser interesante comparar el ritmo que imprimieron a la investigación Morales y Sago con el de otras causas que involucraron a referentes del poder político provincial cuando los resultados electorales le sonreían al radicalismo, pero los mecanismos judiciales parecen estar funcionando correctamente en el caso de la Alcaidía. Hasta ahora.

Que los legisladores se inquieten porque las responsabilidades de la Corte aún no han sido abordadas por los investigadores puede ser lícito. Sin embargo, es preciso consignar el riesgo institucional que se abre al meter al máximo tribunal en la línea de fuego política.

Ya sabrán los acusados confeccionar sus alegatos particulares. Dos de ellos, Amelia Sesto de Leiva y José "Pepe" Cáceres, han descalificado los argumentos jurídicos de los legisladores. Negaron cualquier culpa de la Corte en la tragedia disparadora de la polémica y señalaron que el camino establecido para desencadenar sus desplazamientos es el del juicio político, que la Cámara baja puede impulsar con el acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, para que el Senado juzgue y falle, también con mayoría calificada.

Estas mayorías son imposibles de conformar ahora, pero se sabe de los reposicionamientos que suelen producirse en el Parlamento al influjo del Poder Ejecutivo. Sobre todo lo sabe el

peronismo, tras veinte años de ejercicio opositor.

Precedentes

También sabe el peronismo, aunque a algunos les resulte útil en este momento olvidarlo, o aprovechar los conocimientos adquiridos en beneficio propio, del peligro que significa utilizar causas judiciales para instrumentar estrategias de tipo político. Sabe también, porque lo ha sufrido en carne propia, cómo una causa judicial de alto impacto en la opinión pública puede manipularse, embarrarse, confundirse, para expandir sus derivaciones hasta la articulación de una Justicia adicta.

Lo sabe el peronismo del mismo modo que lo sabe, dolorosa y quizás oprobiosamente, la sociedad de Catamarca toda: por lo ocurrido con el Caso Morales, que el oficialismo de los '90 aprovechó para armarse un Poder Judicial a medida, que accionara con menos apego al derecho que a las conveniencias facciosas.

No es aconsejable discurrir sobre las intenciones de los actores. Acaso sean buenas. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y el pretendido celo sobre la salud institucional bien podría encubrir inconfesables fines, o servir a ellos.

En tal sentido, sí puede discurrirse sobre hechos que se reiteran con notoria similitud, dos décadas por medio. Hay, como a principios de los '90, una tragedia. Hay también un cuestionamiento a la Justicia por parte de un sector político. Y hay una hipótesis política que involucra a la Corte en la tragedia.

Lo que no hay es Marcha del Silencio multitudinarias, lo cual tal vez indique que la sociedad catamarqueña haya generado, por la experiencia vivida, anticuerpos para resistir intentonas de copar la suma del poder público.

Pernicioso para todos

Lo que acaso no tengan en cuenta los grupos del peronismo tentados por el atractivo de contar con una Justicia propia es que no sólo el peronismo padeció los rigores de la Justicia adicta. Muchos catamarqueños rasos ayunos de contactos con el poder político pueden atestiguar de su impotencia ante las arbitrariedades. Este diario llegó a tener más de 30 causas judiciales abiertas en su contra por no comulgar con los discursos maniqueos que se promovían, prestarse a operaciones canallas o callar sobre abusos y corruptelas, mientras varios de los que ahora vinieron a descubrir miserias oficialistas la pasaban muy cómodos y hasta prósperos al abrigo de acuerdos públicos o privados.

La lección de los '90, si se interpretan los hechos sin anteojeras partidarias, no pasa por la inconveniencia de una Justicia funcional al radicalismo, sino por la inconveniencia de una Justicia funcional al poder político, cualquiera sea su orientación y su color.

Convenido este punto de vista, es posible extraer otras conclusiones lógicas.

Una de ellas es que la contaminación de causas judiciales con maniobras político-partidarias -extendida práctica- afecta tanto a personas inocentes como proporciona coartadas a quienes tienen culpas concretas, que pueden sumar a sus defensas jurídicas el argumento de la persecución. Es decir: deriva en un horizonte donde tanto las condenas como las absoluciones pueden ser injustas. También sobre esto es ilustrativa la historia provincial reciente.

Superación necesaria

Lo dicho no significa que deba absolverse a nadie sin las debidas y necesarias investigaciones. Todos, cualquiera sea su posición en los organigramas, deben responder ante la requisitoria judicial.

Pero si la intención es superar lo sucedido, la tragedia de la Alcaidía demanda una elemental prudencia para no reincidir en los errores del pasado.

Al respecto, la gobernadora electa Lucía Corpacci ha dicho que quienes tienen responsabilidades por la tragedia deben responder por ellas. Y, lo que es más importante, que no tiene que mezclarse la tragedia de la Alcaidía con la política. Antes, en el lanzamiento de una agrupación de abogados adherentes al peronismo, había señalado la necesidad de introducir reformas que hagan accesible el servicio de justicia a los pobres y lo mejoren en términos de eficacia.

Las manifestaciones de Corpacci tienen la virtud de la ecuanimidad y la mesura.
Si la historia ha de servir para algo, sería conveniente que esta ecuanimidad y esta mesura impregnen a todos los que en poco tiempo más asumirán el Gobierno, para aislar a quienes, sin medir consecuencias, consideran que ha llegado el tiempo de la revancha.

CAJONES

Lo que acaso no tengan en cuenta los grupos del peronismo tentados por el atractivo de contar con una justicia propia es que no sólo el peronismo padeció los rigores de la justicia adicta.

Pero si la intención es superar lo sucedido en los ‘90, la tragedia de la Alcaidía demanda una elemental prudencia para no reincidir en los errores del pasado.